La seguridad se ha convertido en la principal fuente de tensión política para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pese a que su administración reporta avances como la reducción de homicidios y mantiene niveles relativamente altos de aprobación general, la percepción de inseguridad continúa siendo elevada y se ha reforzado con posibles subregistros en datos oficiales. Las protestas del 15 de noviembre, lideradas principalmente por jóvenes, expresaron un descontento que no constituye una crisis institucional, pero sí revela un desgaste focalizado en el área más sensible del país.

El Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, vigente para el período 2024-2027 y presentado por la administración del actual alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, se planteó como eje central la recuperación de la confianza ciudadana y la garantía de condiciones de movilidad y de convivencia en el espacio público. Sin embargo, el presente texto pretende abordar, como tópicos principales, la seguridad, el aumento de la violencia contra la mujer y el mal manejo de residuos, desde una perspectiva de gestión pública, con el fin de evidenciar el incumplimiento y la mala ejecución de los programas planteados en cada una de estas áreas.

La reciente suspensión de la ayuda económica de Estados Unidos a Colombia, anunciada por el presidente Donald Trump, ha reconfigurado una relación histórica marcada por la cooperación y la dependencia. Esta decisión, justificada bajo el argumento del combate insuficiente al narcotráfico, pone en riesgo programas de asistencia humanitaria, paz y seguridad, al tiempo que plantea interrogantes sobre la soberanía y la autonomía política de Colombia frente a su principal aliado.

En América Latina, el mecanismo de destitución presidencial (impeachment, vacancia o juicio político) se ha consolidado como una herramienta institucional para resolver crisis de gobernabilidad. Sin embargo, su uso recurrente refleja la fragilidad de los sistemas presidenciales en la región.

Diversas aproximaciones psicológicas arrojan luz sobre cómo comprender la función del trauma y el miedo en la configuración de las preferencias políticas. Pues, en contextos de miedo e incertidumbre, los traumas colectivos pueden amplificar sesgos cognitivos y emocionales.

Las redes sociales han revolucionado la participación política en América Latina, ofreciendo plataformas para la movilización ciudadana y el acceso a información, pero también han amplificado la desinformación política.

En la última década, América Latina ha enfrentado un aumento significativo de la violencia política que amenaza la estabilidad de sus democracias a través de magnicidios y atentados contra figuras políticas, especialmente en contextos de alta polarización e influencia del crimen organizado.

En los últimos años, El Salvador ha experimentado un proceso acelerado de concentración de poder poniendo en duda la vigencia de sus instituciones democráticas. La reforma electoral de 2024-2025, aprobada bajo el gobierno de Nayib Bukele, eliminó la segunda vuelta presidencial y consolidó la posibilidad de la reelección consecutiva, pese a que “la Constitución salvadoreña establece expresamente la prohibición de la reelección inmediata” (El país, 2024).

Durante 2024 en las Américas se registró un aumento en la ocupación de mujeres en cargos representativos y ministeriales en los diferentes Estados. A pesar de este aumento, la ocupación de dichos cargos se ve afectada por un sesgo de género que reubica a la mujer en áreas consideradas “secundarias” en la toma de decisiones.

El conflicto diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, a causa de las acusaciones de narcotráfico y el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por el presidente Nicolás Maduro, ha escalado en una creciente amenaza militar en la región. Las advertencias y la confrontación directa impulsada por la administración Trump desembocaron en una movilización naval del ejército estadounidense como nunca antes vista en el presente siglo, poniendo en entredicho la soberanía venezolana y agravando la ya frágil estabilidad geopolítica del Caribe.

En los últimos años, el continente americano ha experimentado un incremento significativo de gobiernos con orientaciones políticas de derecha o conservadoras. Esta tendencia ha ido paralela a un incremento visible y organizado de discursos antifeministas que desafían y criminalizan las agendas de género, en las que se busca frenar los avances en derechos de mujeres y diversidades sexuales.

Colombia ha sido escenario de eventos marcados por la violencia política, los cuales han terminado por definir su historia contemporánea. Desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, los magnicidios se han vinculado estrechamente a contextos de polarización, narcotráfico y fragilidad institucional

En medio de la política del espectáculo que vive Colombia, de la violencia que recuerda fantasmas del pasado, de talantes autoritarios latentes, desconfianza institucional, crisis de gobernabilidad e inestabilidad, cabe comenzar a preguntarse varias cosas: ¿qué se está haciendo tan mal? ¿por qué la cultura política está tan menoscabada? ¿por qué las ideologías siguen siendo mantras inamovibles que dan pie a las violencias, cuando lo deseable siempre fue el pluralismo? Estas cuestiones son importantes porque a partir de ellas, su análisis y reflexión, puede llegar a depender la decisión histórica que Colombia enfrenta en el 2026.

El conflicto diplomático entre Estados Unidos y Brasil, originado por el proceso judicial contra Jair Bolsonaro, ha escalado al terreno económico. Las amenazas recíprocas de imponer aranceles del 50% revelan un debilitamiento en los principios básicos de la diplomacia internacional. Este documento analiza las implicaciones de este enfrentamiento y propone recomendaciones para reconducir la situación bajo los principios del derecho internacional público.

El presidente Gustavo Petro propuso convocar una Asamblea Constituyente a través de una “papeleta ciudadana” en las elecciones de 2026, argumentando un bloqueo institucional que frena sus reformas. Sin embargo, esta iniciativa ha sido ampliamente cuestionada por su falta de legalidad, al no cumplir con los procedimientos constitucionales establecidos, lo que ha generado críticas por parte de expertos, sectores políticos y la ciudadanía.

En la última década, las democracias en las Américas han enfrentado una intensificación de la polarización política, un fenómeno que transforma el debate público en confrontación abierta, erosionando el diálogo y debilitando las instituciones. En Colombia, la polarización política ha adquirido una dimensión especialmente riesgosa: la frontera entre el debate ideológico y el antagonismo violento se ha desdibujado. Expresiones verbales radicales, desinformación y deslegitimación del adversario han erosionado la posibilidad del disenso respetuoso.

En la última década, América Latina ha sido testigo de una serie de estallidos sociales que han sacudido las estructuras políticas de países como Chile, Colombia, Ecuador y Perú entre 2015 y 2024. Estos fenómenos, impulsados por un rechazo contundente a la desigualdad estructural, la corrupción endémica y la crisis de representatividad política, han puesto de manifiesto una transformación profunda en los modos de participación ciudadana. Lejos de limitarse al acto electoral, esta redefinición abarca un espectro más amplio de acción cívica —protestas, movilizaciones masivas y activismo sostenido—, evidenciando una ciudadanía que exige un protagonismo ineludible en la deliberación y configuración de las políticas públicas.

Actualmente, El Salvador atraviesa el peor deterioro democrático de su historia reciente. Una situación que además ha causado preocupación tanto a nivel regional como internacional. Desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele en 2019, el país centroamericano ha sido objeto de una creciente concentración de poder en el Ejecutivo, acompañada de la pérdida en la independencia judicial y el uso recurrente de medidas excepcionales como herramienta de control político.

En abril de 2024, el Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó por décima vez la Línea de Crédito Flexible (LCF) con Colombia, por un monto de USD 8.100 millones. Aunque se presenta como una herramienta precautoria que reconoce la fortaleza macroeconómica del país, las recientes advertencias del FMI y el deterioro de las finanzas públicas sugieren una pérdida de confianza que pone presión sobre la política fiscal nacional. Este brief analiza los riesgos asociados a este tipo de acuerdos, identifica los retos actuales del gasto público y propone recomendaciones para garantizar la sostenibilidad fiscal sin sacrificar el desarrollo social.

En 2022, se registraron más de 400 asesinatos de personas trans en América Latina. Los países que más destacan son Brasil (131), México y Colombia. Las personas trans existen en los márgenes del contrato social, y su exclusión es sostenida por una política que niega su voz, su cuerpo y su historia. Frente a esto, han emergido prácticas de acción colectiva desde cuerpos trans y disidentes que resignifican el dolor, el afecto y la resistencia como herramientas políticas.

Colombia se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2026 en medio de una creciente crisis de gobernabilidad y niveles históricamente bajos de aprobación del Ejecutivo. Estas condiciones han generado un clima de inestabilidad institucional que, lejos de fomentar una deliberación pública sobre los problemas críticos del país, han precipitado de manera inusual el inicio de las campañas electorales.

Some people continue to demand results as if Venezuela were still a democracy. Nevertheless, the facts show that, at least in this century, Venezuela's regime functioning and fundamentals are those of a far-left autocracy. In the past, such a realistic approach would have allowed down-to-earth views on its recent and future evolution.

La situación del narcotráfico y el crimen organizado ha sido una problemática que ha estado presente durante varias décadas. Su persistencia ha conllevado un problema de seguridad a causa de los altos niveles de violencia y la aparición de espacios de gobernanza criminal, reafirmando la debilidad de los Estados latinoamericanos.