En la última década, las democracias en las Américas han enfrentado una intensificación de la polarización política, un fenómeno que transforma el debate público en confrontación abierta, erosionando el diálogo y debilitando las instituciones. En Colombia, la polarización política ha adquirido una dimensión especialmente riesgosa: la frontera entre el debate ideológico y el antagonismo violento se ha desdibujado. Expresiones verbales radicales, desinformación y deslegitimación del adversario han erosionado la posibilidad del disenso respetuoso.

Actualmente, El Salvador atraviesa el peor deterioro democrático de su historia reciente. Una situación que además ha causado preocupación tanto a nivel regional como internacional. Desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele en 2019, el país centroamericano ha sido objeto de una creciente concentración de poder en el Ejecutivo, acompañada de la pérdida en la independencia judicial y el uso recurrente de medidas excepcionales como herramienta de control político.

En la última década, América Latina ha sido testigo de una serie de estallidos sociales que han sacudido las estructuras políticas de países como Chile, Colombia, Ecuador y Perú entre 2015 y 2024. Estos fenómenos, impulsados por un rechazo contundente a la desigualdad estructural, la corrupción endémica y la crisis de representatividad política, han puesto de manifiesto una transformación profunda en los modos de participación ciudadana. Lejos de limitarse al acto electoral, esta redefinición abarca un espectro más amplio de acción cívica —protestas, movilizaciones masivas y activismo sostenido—, evidenciando una ciudadanía que exige un protagonismo ineludible en la deliberación y configuración de las políticas públicas.

En abril de 2024, el Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó por décima vez la Línea de Crédito Flexible (LCF) con Colombia, por un monto de USD 8.100 millones. Aunque se presenta como una herramienta precautoria que reconoce la fortaleza macroeconómica del país, las recientes advertencias del FMI y el deterioro de las finanzas públicas sugieren una pérdida de confianza que pone presión sobre la política fiscal nacional. Este brief analiza los riesgos asociados a este tipo de acuerdos, identifica los retos actuales del gasto público y propone recomendaciones para garantizar la sostenibilidad fiscal sin sacrificar el desarrollo social.