Punto de inflexión silencioso: Los factores de desaprobación que aproximan un proyecto conservador en México

Introducción

En México, la seguridad es uno de los principales ejes de evaluación del desempeño gubernamental. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este ha sido también el primer punto de inflexión interno: aunque su administración reporta avances puntuales —como la disminución de homicidios en un 25.97%—, la persistencia de delitos como la extorsión y las desapariciones mantiene la sensación de inseguridad en niveles altos. Además, existen advertencias sobre posibles subregistros que refuerzan la brecha entre los datos oficiales y las vivencias cotidianas de la ciudadanía.

Las protestas del pasado 15 de noviembre, lideradas por jóvenes de la denominada Generación Z, expresaron inconformidad con la inseguridad, la falta de oportunidades y la respuesta estatal. Sheinbaum afirmó que estas movilizaciones habían sido incentivadas por actores de derecha y amplificadas por bots, lo que generó una disputa adicional sobre la legitimidad y el origen político de las marchas. Sin constituir una crisis institucional, estos episodios revelan un periodo de descontento centrado en el tema más sensible del país.

Este momento coincide con un desplazamiento regional hacia proyectos conservadores, impulsado por la demanda de orden y la frustración con los resultados en materia de seguridad de los gobiernos progresistas. México, a pesar de no enfrentar un colapso, se inscribe en este patrón. Este análisis sostiene que la presidencia de Sheinbaum podría convertirse en un punto de inflexión que propicie un giro hacia un proyecto conservador en México, debido a la creciente centralidad de la inseguridad, la percepción de resultados insuficientes y el contexto regional.

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Conceptos

Saliencia: Concepto que denota la importancia que un actor otorga a un asunto que puede basarse en su impacto político, su sensibilidad o la atención que recibe en las circunscripciones clave. Este concepto posee un componente específico del actor y otro del asunto (Warntjen, 2011, citando a Hinich y Munger, 1997; Laver, 2001; MacLean y MacMillan, 2009).

Seguridad: Un estado de cosas objetivo en el que el sujeto está libre de peligro. Tradicionalmente, el sujeto de la seguridad es el Estado-nación, aunque las visiones no tradicionales se centran en actores no estatales (Blanchette, 2020).

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Saliencia de la seguridad: Percepciones, datos y tensiones estructurales

En México, la coyuntura de seguridad ha cobrado una saliencia excepcional que condiciona la evaluación ciudadana del gobierno federal. Si bien, la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado una “disminución muy significativa” (El país, 2025) con una cifra reportada en su primer año de gobierno de 25.712 homicidios —un 25.97% menos en comparación con los 34.732 en los primeros 12 meses de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador— y que presenta advertencias técnicas sobre posibles subregistros (Torres, 2025). Como explicó Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se construyen a partir de reportes estatales que pueden contener errores significativos, lo que resulta en inconsistencias frente a las cifras del INEGI, que se basan en certificados de defunción. Por ejemplo: mientras el SESNSP registró 30.060 homicidios en 2024, el INEGI reportó 33.241 en ese mismo periodo (Torres, 2025). Esta divergencia, reforzada por especialistas mexicanos como Ernesto López Portillo, alimenta la sensación pública de que los avances oficiales no reflejan plenamente la realidad cotidiana.

Este desfase estadístico se vuelve aún más visible al observar fenómenos localizados: la disminución de homicidios no es uniforme en el país y hay entidades donde han aumentado drásticamente los homicidios. En Sinaloa, por ejemplo, se registraron 1.815 homicidios durante el primer año del gobierno de Sheinbaum, un aumento del 102.79 % respecto al primer año de López Obrador, en un contexto de recrudecimiento de las disputas internas dentro del Cártel de Sinaloa tras la detención de “El Mayo” Zambada (Torres, CNN, 2025). A esto se suma el crecimiento sostenido de delitos que afectan directamente la percepción de seguridad, como la extorsión y el incremento de las cifras de personas desaparecidas, lo que refuerza la idea de una inseguridad difusa que se siente más cercana que los números totales de homicidios.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU)

La percepción ciudadana confirma la tendencia, ya que según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), el 63% de los mexicanos reportó sentirse inseguro en su ciudad durante el tercer trimestre de 2025, un aumento considerable, al tener en cuenta los datos del primer año de presidencia de Sheinbaum, donde incluso, para el mismo periodo se recogieron cifras bajas históricas de 58.6%. La saliencia de la seguridad, en términos analíticos, implica que un tema se convierte en el eje desde el cual se evalúa al gobierno. Warntjen (2012) plantea que la saliencia combina la importancia objetiva del asunto con su peso específico para los actores políticos. En México, ambos componentes convergen: la inseguridad afecta la vida cotidiana y domina el debate público.

La marcha del 15 de noviembre, encabezada por jóvenes de la Generación Z, es decir, personas nacidas a finales de la década de 1990 y a principios de la de 2000, es una expresión directa de esta saliencia. Como señaló un estudiante entrevistado por The New York Times: “Este movimiento representa no solamente una cosa. Es todo: la injusticia, la inseguridad, los desaparecidos, la falta de educación, la falta de trabajo” (Rodríguez, 2025). La manifestación se interpretó no como un estallido organizado por estructuras partidistas, sino como un síntoma de inconformidad social multifacética, amplificada por las redes digitales y por un sentimiento generacional de que el Estado no responde con la velocidad esperada.

Este ambiente surgió y se intensificó tras el asesinato del alcalde independiente Carlos Manzo en Uruapan, un hecho que, según Cañizález (2025), actuó como detonante simbólico de la movilización. El alcalde había denunciado públicamente la falta de apoyo estatal ante amenazas criminales, lo que posteriormente se convirtió en un caso paradigmático de ausencia institucional. En conjunto, estos eventos ilustran que la seguridad en México se ha convertido en un criterio decisivo de legitimidad política, incluso por encima de los avances técnicos o administrativos.

Aprobación presidencial, desgaste temático y vulnerabilidad política

La aprobación general de Claudia Sheinbaum se ha mantenido en niveles relativamente altos durante gran parte de su primer año. Encuestas nacionales, como El Financiero, la ubicaron alrededor del 73 %, mientras que mediciones globales de Morning Consult la colocaban dentro del grupo de líderes con mayor respaldo en 2024–2025. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado abruptamente. De acuerdo con Morning Consult (2025), la mandataria cayó de una aprobación del 62 % en noviembre de 2024 a solo el 41 % en noviembre de 2025, mientras que la desaprobación aumentó al 53 %. Estos datos muestran una variabilidad proporcional entre los niveles de aprobación positivos a comienzos del periodo presidencial, junto con el aumento de desaprobación en datos más recientes. Esta caída de 21 puntos es especialmente relevante porque la misma encuesta había sido históricamente utilizada por la administración federal, en especial la de López Obrador, para mostrar altos niveles de popularidad, por lo que resulta difícil desestimarla en el contexto.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de The Morning Consult (2025)

El deterioro de la imagen presidencial coincide con un marcado descenso en los componentes temáticos de la evaluación pública. Esto se demuestra en la encuesta de favorabilidad del diario El Financiero del pasado octubre, donde Sheinbaum tiene más del 70% de favorabilidad (Moreno, 2025). De los mil encuestados, el 37% aprobó la gestión de la presidenta en materia de seguridad, mientras que el 59% la calificó negativamente. En cuanto al combate al crimen organizado, las opiniones positivas caen al 12%, frente a un 85% negativo. Esta disociación entre la aprobación general y el desempeño temático revela lo que, en el análisis político, se considera una vulnerabilidad estructural: un gobierno con respaldo personal, pero debilitado en el eje en el que la ciudadanía concentra su atención.

Además, la respuesta gubernamental a las protestas refuerza esta vulnerabilidad. Sheinbaum declaró que las marchas habían sido incentivadas por actores de derecha y amplificadas mediante bots, lo que planteó una disputa sobre la autenticidad y motivación de las movilizaciones y, así, deslegitimó la protesta de los 17 mil asistentes (Torres, 2025). Este señalamiento, aunque políticamente comprensible, también puede interpretarse como un intento de deslegitimar expresiones genuinas de inconformidad social, especialmente entre jóvenes. Así pues, el desafío político central para Sheinbaum es que “ya no enfrenta a una oposición institucional [...] sino a una oposición social difusa, digital y sin rostro”, mucho más difícil de negociar o neutralizar (Delgado, 2025, como se citó en Cañizález, 2025).

En ese contexto, la combinación entre el deterioro de la aprobación, las críticas sobre la gestión de seguridad y los eventos de alto impacto —como el asesinato del alcalde de Uruapan— alimenta una narrativa en la que la estabilidad presidencial deja de ser un amortiguador y se convierte en un terreno movedizo. Este desgaste no implica una crisis de gobernabilidad, pero sí un escenario en el que la ciudadanía podría reevaluar su inclinación política si percibe que la inseguridad continúa sin resolverse. Los datos del SESNSP sobre homicidios y extorsión ejemplifican esta doble tensión: una tendencia global a la baja conviviendo con focos regionales de violencia extrema.

Este clima político abre la puerta a interpretaciones y propuestas alternativas, especialmente cuando el eje de evaluación principal abarca un área en la que la ciudadanía percibe deterioro. La experiencia comparada muestra que los gobiernos progresistas enfrentan un desgaste acelerado cuando la seguridad se sitúa en el centro del debate, aun si mantienen altos niveles de aprobación en otros rubros. México se aproxima a este patrón: una mandataria con respaldo sólido, pero que enfrenta la erosión en el tema más decisivo del sistema político contemporáneo. Este desgaste interno adquiere mayor relevancia cuando se observa que México no es un caso aislado, sino que se inscribe en un patrón regional más amplio.

El giro conservador latinoamericano como marco general del escenario mexicano

El análisis de la situación mexicana no puede desligarse del contexto latinoamericano, donde se observa un giro regional hacia proyectos conservadores o de “mano dura” que han capitalizado el hartazgo con la inseguridad y el estancamiento económico. Samper Pizano (2025) identifica tres factores estructurales detrás de este desplazamiento: la expansión del crimen organizado, la frustración ante la incapacidad de los gobiernos progresistas para reducir la violencia y la búsqueda de liderazgos que transmitan fortaleza y orden. En esta narrativa, políticas como “abrazos, no balazos” (eslogan contra la guerra mexicana) o propuestas de pacificación negociada —incluida la “paz total” colombiana— han sido percibidas como insuficientes frente a modelos como el de Nayib Bukele, quien encarna la respuesta punitiva más admirada por la región (Reid, 202, citando a  Latinobarómetro, 2024)

En el plano económico, América Latina lleva una década con crecimiento bajo o negativo, situación que ha golpeado especialmente a gobiernos progresistas que prometieron reactivación estatal y redistribución. Países como Brasil y Colombia enfrentaron escepticismo financiero, mientras que líderes como Javier Milei en Argentina han capitalizado el desencanto, convirtiéndose en referentes de modelos alternativos basados en la estabilización agresiva, la austeridad o las reformas desregulatorias (Reid, 2025). Esta frustración acumulada ha favorecido un giro ideológico: un aumento significativo de personas que se identifican con posiciones de derecha.

México aparece inserto en este clima político regional. Aunque su economía ha mostrado estabilidad relativa, las expectativas generadas por la narrativa de la Cuarta Transformación (nombre del proyecto político de izquierda de López Obrador) chocan con una percepción persistente de inseguridad. La convergencia entre miedo, cansancio social y desgaste temático —elementos característicos del giro conservador latinoamericano— abre un espacio para que fuerzas de derecha articulen una alternativa basada en el orden, la autoridad y la recuperación de la seguridad pública. Como lo explica Rovira, “el agotamiento de muchos de los gobiernos de izquierda ha pavimentado el camino para que sean rechazados en las urnas, generando así un espacio para el crecimiento de actores tanto de derecha convencional [...] como de ultraderecha”. (Rovira, 2023). De hecho, el señalamiento de Sheinbaum sobre la presencia de actores de derecha detrás de las marchas sugeriría que estos sectores ya están intentando capitalizar el momento.

Otro elemento central del giro regional es la transformación del acceso a la información. Como explica Samper Pizano, la política digital se ha convertido en un espacio en el que la derecha ha logrado adaptar su comunicación con mayor eficacia. Esto genera una segregación de individuos en grupos en los que solo se exponen las ideas y opiniones afines, evitando el contacto con perspectivas divergentes, fenómeno también conocido como “silos digitales” (Collado, 2024).  En este entorno, las movilizaciones como la marcha de la Generación Z —difusas, descentralizadas, amplificadas por las redes— pueden ser capturadas simbólicamente por discursos que buscan posicionar al progresismo como incapaz de garantizar seguridad y estabilidad.

El resultado al que México se enfrenta no es solo el de un desgaste interno, sino también el de un arrastre ideológico externo. Como advierte Reid (2025), la combinación de inseguridad, crecimiento bajo y frustración ante políticas progresistas configura un terreno fértil para propuestas de derecha. El caso mexicano no es una excepción. En efecto, si la percepción de inseguridad continúa creciendo y la oposición logra articular un discurso de orden, el próximo ciclo electoral podría abrir la puerta a un proyecto conservador, incluso sin una crisis institucional profunda.

Recomendaciones

• Atención prioritaria a la información verificable sobre seguridad: Dada la divergencia estadística entre fuentes como el SESNSP y el INEGI, y considerando que la percepción de inseguridad ha crecido del 58,6 % al 63 % en un año, es fundamental que el lector evalúe los datos a partir de fuentes contrastadas y de metodologías transparentes. La seguridad es hoy el eje de mayor saliencia y su interpretación condiciona el juicio ciudadano sobre el gobierno y las alternativas políticas. Identificar cuándo los actores políticos utilizan la estadística como herramienta de legitimación —y cuándo existen inconsistencias relevantes— permite una comprensión más precisa del desempeño gubernamental.

• Evaluación crítica de los enfoques de seguridad propuestos por distintos actores políticos: El análisis de México muestra que la inseguridad se ha convertido en un punto vulnerable de la administración federal y que este vacío abre espacio para discursos alternativos. El lector debería examinar con rigor si las propuestas de seguridad, tanto oficiales como opositoras, se sustentan en estrategias viables, evidencia empírica y experiencias comparadas. En un contexto en el que un giro conservador podría emerger como respuesta al malestar, resulta central diferenciar entre políticas que generan resultados estructurales y aquellas que se limitan a ofrecer soluciones de alto impacto simbólico pero baja eficacia institucional.

• Consideración del contexto regional para interpretar el comportamiento político interno: El desplazamiento hacia proyectos conservadores en América Latina —explicado por la frustración con la seguridad y el bajo crecimiento económico— ofrece un marco útil para entender lo que podría ocurrir en México. El lector debería tener en cuenta que los fenómenos nacionales no se desarrollan en aislamiento: las narrativas de orden, autoridad o “mano dura” se vuelven más atractivas en entornos donde la inseguridad se mantiene alta. Evaluar el caso mexicano en este patrón regional permite anticipar posibles reacomodos programáticos y electorales.

• Reconocimiento del rol de la ciudadanía en un escenario de alta saliencia política: La combinación de protestas juveniles, desgaste temático de la seguridad y cambios en la aprobación presidencial indica que la ciudadanía participa cada vez más en la configuración del panorama político. En ese sentido, se recomienda al lector identificar las formas en que la movilización social, el uso de redes digitales y la presión pública influyen en la agenda y en la competencia electoral. Comprender estas dinámicas ayuda a interpretar no solo las decisiones gubernamentales, sino también la manera en que los actores políticos intentan capitalizar el malestar social.

Conclusión

En primer lugar, en el corto plazo, es previsible que la seguridad continúe siendo el eje central de la evaluación gubernamental, dado que la percepción de inseguridad aumentó en los últimos meses y persisten divergencias significativas entre los registros oficiales delictivos. Bajo estas condiciones, la aprobación presidencial podría seguir siendo vulnerable al deterioro temático, especialmente si persisten incrementos focalizados de violencia en entidades específicas o si emergen nuevos episodios que reaviven la sensibilidad pública frente al crimen organizado.

En segundo lugar, en un escenario de mediano plazo, la persistencia de este desgaste en seguridad podría fortalecer la articulación de una oposición social heterogénea, similar a la expresada en la marcha del 15 de noviembre, caracterizada por ser difusa, digital y difícil de encuadrar en estructuras partidarias tradicionales. De consolidarse esta dinámica, el debate político podría desplazarse hacia narrativas de orden y autoridad, ampliando el espacio para discursos alternativos que capitalicen la brecha entre los datos gubernamentales y la percepción cotidiana de los ciudadanos.

En tercer lugar, a largo plazo, México podría alinearse con el patrón regional de giro conservador identificado en América Latina, especialmente si se combinan tres factores: la persistencia del malestar en materia de seguridad, la falta de resultados visibles en la contención del crimen y la capacidad de actores opositores para ofrecer propuestas simples y de alto impacto simbólico. En este escenario, no sería necesario un colapso institucional para observar un reacomodo político significativo; bastaría con que la seguridad se mantuviera como criterio decisivo en la evaluación pública.

Finalmente, un escenario alternativo —aunque dependiente de decisiones institucionales sostenidas— sería la estabilización del debate mediante mayor transparencia estadística, intervenciones territoriales focalizadas y una comunicación más prudente frente a las movilizaciones sociales. Este escenario podría atenuar el desgaste temático y cerrar parte del espacio político actualmente disponible para proyectos conservadores, modificando así la trayectoria prospectiva que se desprende de las tendencias analizadas.

Referencias

Blanchette, J. (2020). Ideological Security as National Security. Center for Strategic and International Studies (CSIS). http://www.jstor.org/stable/resrep27056

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Reid, M. (2025). Latin America’s rightward shift. Americas Quarterly. https://www.americasquarterly.org/article/latin-americas-rightward-shift/

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Torres, M. (2025). “¡Fuera Morena!” y “¡Fuera Claudia!”: la marcha de la generación Z se convierte en protesta contra el Gobierno de Sheinbaum. CNN Español. https://cnnespanol.cnn.com/2025/11/15/mexico/marcha-generacion-z-protesta-contra-sheinbaum-orix

Warntjen, A. (2011). Measuring salience in EU legislative politics. European Union Politics, 13(1), 168-182. https://doi.org/10.1177/1465116511428495 (Original work published 2012)