Polarización sin fronteras: El nuevo lenguaje de las democracias heridas

Introducción

En la última década, las democracias en las Américas han enfrentado una intensificación de la polarización política, un fenómeno que transforma el debate público en confrontación abierta, erosionando el diálogo y debilitando las instituciones. Según un informe de Portafolio (2023), Colombia figura entre los cinco países más polarizados del mundo, junto con Estados Unidos y Argentina en el continente. Este clima de antagonismo ha favorecido el surgimiento de discursos de odio, denominado por las Naciones Unidas como toda manifestación que promueve la hostilidad o la violencia contra personas por motivos ideológicos, raciales, religiosos, entre otros (2025), los cuales no solo profundizan las divisiones ideológicas, sino también legitiman la exclusión del otro como enemigo político.

En Colombia, la polarización política ha adquirido una dimensión especialmente riesgosa: la frontera entre el debate ideológico y el antagonismo violento se ha desdibujado. Expresiones verbales radicales, desinformación y deslegitimación del adversario han erosionado la posibilidad del disenso respetuoso. Por ejemplo, el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio de 2025, expone el punto de quiebre al que ha llegado esta dinámica. Casos como este no pueden entenderse aisladamente, pues constituye un punto de inflexión: no como un eco del pasado armado, sino como síntoma de una radicalización contemporánea. Tanto sectores oficialistas como de oposición contribuyen a poner en riesgo la democracia y la libertad fundamental de expresión política.

De este modo, este análisis sostiene que la polarización creciente, alimentada por discursos excluyentes y el colapso del centro político, representa una amenaza estructural para la estabilidad democrática de la región.

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Conceptos

Polarización: se refiere a una determinada distribución en la que los casos se concentran en polos opuestos en detrimento de los casos con valores intermedios (Fiorina y Abrams, 2008, como se cita en Freidin et al., 2021)

Polarización afectiva: tipo de polarización en la que los ciudadanos no solo difieren en opiniones, sino que sienten desconfianza o desprecio hacia los miembros del grupo contrario (Iyengar & Westwood, 2015).

Discurso de odio: cualquier tipo de comunicación en forma de discurso, comportamiento o escritura, que ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo sobre la base de su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otros factores de identidad (Naciones Unidas, 2025)

Extremismo político: ideología que rechaza el consenso democrático y busca imponer visiones autoritarias o disruptivas del orden político (Mudde, 2019).

Antagonismo ideológico: construcción del oponente como amenaza existencial más que como adversario legítimo (Laclau & Mouffe, 1985).

Radicalización: es el proceso por el cual un individuo adopta creencias ideológicas extremas como propias y se identifica como miembro de los grupos que las sostienen (Doosje et al., 2016 como se cita en William & Tzani, 2022).

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Colombia: Polarización y violencia política

Colombia presenta un contexto de polarización alimentado por discursos hostiles desde distintos frentes del espectro político. El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el pasado domingo 15 de junio, se convirtió en un catalizador de esta crisis. Mientras sectores del Gobierno lo minimizaron, desde la oposición se exigieron garantías y se acusó al Gobierno de fomentar la polarización (El Colombiano, 2025). El Observatorio de la Democracia señala que el país ha pasado de una polarización ideológica a una afectiva, donde la identidad política se vincula emocionalmente al desprecio del otro. Esta transformación se alinea con la definición de Fiorina y Abrams (2008), quienes entienden la polarización como el proceso mediante el cual las preferencias políticas dejan de agruparse en torno a consensos intermedios y se distribuyen de manera bimodal, promoviendo la hostilidad y la radicalización de las posiciones.

La deslegitimación del adversario político es constante: desde acusaciones de “paracos” o “castrochavistas” hasta estigmatización por redes sociales. Esta dinámica ha sido reforzada por discursos polarizantes tanto desde la izquierda gobernante como desde la oposición de derecha, generando un ambiente hostil donde la violencia simbólica se transforma en física. En efecto, como advierte Pares Colombia (2025), este tipo de hechos políticos violentos pueden tener un “efecto contagio” que amenaza la estabilidad democrática.

Desde esta perspectiva, el atentado en Colombia contra Miguel Uribe Turbay no puede ser interpretado como un hecho aislado ni como un vestigio del conflicto armado colombiano. Se trata, más bien, de una nueva ola de violencia política, enmarcada en un clima de hostilidad ideológica, intolerancia discursiva y polarización afectiva. El senador y precandidato presidencial fue víctima de un ataque con arma de fuego que le produjo dos heridas, una en la pierna y la otra en la cabeza, en plena actividad proselitista en el barrio Modelia, occidente de Bogotá (BBC News, 2025). El New York Times (2025) cubrió el suceso como una señal del deterioro del espacio político colombiano, destacando que tanto la oposición como diversos sectores ciudadanos atribuyen el atentado a un ambiente social crispado y una retórica de exclusión que permea todos los niveles del poder.

Más allá de las motivaciones individuales del agresor, el hecho constituye una expresión de la creciente intolerancia hacia la diferencia política. Como señala Chala Padilla (2025), el atentado simboliza una ruptura del pacto mínimo de convivencia democrática: ya no se confrontan ideas, por el contrario, se elimina al interlocutor. Este desplazamiento de la violencia simbólica a la violencia física es una señal clara de que el país ha pasado de una polarización ideológica a una afectiva, donde la identidad política se vincula emocionalmente al desprecio del otro. Esto, demostrado desde las bases fanáticas más cercanas tantas al presidente Gustavo Petro como a sus opositores, en donde la línea de respeto esta desdibujada de tal forma que la culpa del atentado se atribuye al otro sin pruebas sólidas y sin temor de caer en tergiversaciones.

Así pues, el impacto no se limita al ámbito político institucional. Lo más preocupante es el efecto que este tipo de episodios tiene sobre la ciudadanía: el miedo a la participación, la autocensura, el consumo constante de fake news y la idea de que expresar opiniones divergentes puede traer consecuencias personales. Como consecuencia, el núcleo del sistema democrático se pone en riesgo, es decir, la capacidad de vivir juntos en desacuerdo y la capacidad de agencia de los ciudadanos. Precisamente, esta hostilidad se enmarca dentro del concepto de polarización afectiva, en el que las emociones negativas hacia el “otro político” son tan determinantes como las creencias ideológicas, impidiendo incluso interacciones sociales básicas entre simpatizantes de distintos grupos (Iyengar & Westwood, 2015). A diferencia del pasado armado colombiano, donde la violencia venía de actores externos al sistema político legal, lo que hoy está en juego es la normalización de la violencia dentro del propio campo democrático.

Radicalización discursiva y polarización afectiva: del lenguaje de poder al lenguaje del odio

La violencia política en Colombia no puede explicarse sin analizar el lenguaje que la antecede y la legitima. En este sentido, el discurso político es la “pieza […] que permite presentar un mensaje a una audiencia determinada y cuyo fin es el de alcanzar posiciones de poder que den la posibilidad de construir y reconstruir la estructura social, la cual siempre está abierta y en constante cambio” (Palma, 2016), es decir, no solo describe realidades, sino que las construye.

En Colombia, desde hace años se ha consolidado un lenguaje político excluyente, moralizante y binario. Este discurso se manifiesta tanto desde sectores de derecha como desde el Gobierno actual. La oposición ha utilizado categorías como “narcodictadura”, “castrochavismo” o “guerrilleros” para deslegitimar a la izquierda democrática. Por su parte, desde el poder ejecutivo, el presidente Gustavo Petro ha estigmatizado de forma reiterada a sus críticos, calificándolos de “enemigos de la paz”, “fuerzas retardatarias” e incluso “nazis” (Gómez, 2025), generando un clima en el que la diferencia se percibe como traición. Ambas posturas reflejan formas de extremismo político, entendidas como estrategias que buscan eliminar al adversario del campo democrático, desconociendo su legitimidad institucional o moral (Mudde, 2019).

Medición radicalización del lenguaje vs cantidad de seguidores (Colombia)

Fuente: (Manrique, 2025)

Este fenómeno se ajusta al concepto de radicalización discursiva, que según Della Vigna et al. (2022) se produce cuando los líderes, en lugar de promover el diálogo, optan por discursos confrontativos que moralizan el conflicto y deshumanizan al oponente. Justamente, la gráfica muestra cómo las cuentas con lenguaje más agresivo o contenido hateful —como las de Gustavo Petro y Vicky Dávila— son las que concentran mayor número de seguidores. Esta relación revela que el algoritmo de las plataformas digitales premia el contenido polarizante, incentivando un círculo vicioso de radicalización discursiva. Esta amplificación digital refuerza la percepción de que la agresión política no solo es legítima, sino eficaz. Así, el ecosistema informativo no solo reproduce el conflicto, sino que lo profundiza al recompensar simbólicamente a quienes alimentan el antagonismo. En este sentido, la gráfica no solo ilustra una tendencia, sino que visibiliza un problema estructural de la esfera pública contemporánea, como lo son las redes sociales, donde la deliberación racional es desplazada por discursos emocionales que fortalecen la polarización afectiva (Iyengar & Westwood, 2015).

Esta práctica, reiterada y validada desde figuras de autoridad, tiene efectos directos sobre la conducta de las audiencias: eleva la probabilidad de que simpatizantes justifiquen o ejecuten actos de violencia contra quienes perciben como enemigos políticos. Este proceso se entiende como radicalización, definida por Doosje et al. (2016) como la interiorización paulatina de una visión del mundo en la que la violencia o la exclusión se convierten en respuestas legítimas frente a la diferencia, especialmente cuando dicha visión es reforzada por figuras de autoridad.

La radicalización discursiva va de la mano con la polarización afectiva, concepto que refiere a una división emocional en la ciudadanía que supera la diferencia ideológica. No se trata solo de pensar diferente, sino de desconfiar, rechazar e incluso odiar al otro grupo. En este marco, los liderazgos políticos dejan de representar visiones de país y se convierten en símbolos emocionales de pertenencia o rechazo. En Colombia, este fenómeno ya genera una atmósfera donde la argumentación racional pierde terreno frente al ataque emocional, donde el “nosotros” se construye como correcto en oposición total al “ellos”; los equivocados y culpables. Esta lógica es propia del antagonismo ideológico descrito por Laclau y Mouffe (1985), en el que los proyectos políticos dejan de disputar significados comunes y comienzan a construir enemigos simbólicos que deben ser excluidos, no persuadidos. Esto se traduce en democracias frágiles, menos deliberativas y más propensas a normalizar expresiones autoritarias como medio de defensa frente a una amenaza percibida. Casos que ya se están presenciando a nivel global, en donde el porte legal de armas, por ejemplo, se está convirtiendo cada vez más en una opción para defenderse de aquellos que ponen en riesgo la situación propia, y en donde ese riesgo se ve representado en los partidarios de la ideología contraria.

América polarizada: El espejo estadounidense y la fragilidad de la democracia en tiempos de antagonismo

Colombia no está sola en este proceso. En efecto, la polarización es posiblemente el fenómeno político más crítico de las Américas. Un panorama que exponen los datos de la gráfica inferior. América Latina y el Caribe son las regiones del mundo donde más ha aumentado la polarización política en los últimos veinte años. Lejos de ser un fenómeno aislado, la crispación política que vive Colombia forma parte de una tendencia global, donde el deterioro de los canales democráticos, la desconfianza institucional y el aumento del discurso de odio son rasgos compartidos. Esta representación gráfica complementa los análisis del PNUD (2023), que advierten que la polarización en la región ya no se limita a las élites partidistas, sino que permea la vida cotidiana, fragmentando sociedades enteras en torno a discursos excluyentes. En este contexto, el caso colombiano aparece no como una excepción, sino como una manifestación crítica de un patrón regional de retroceso democrático o des-democratización.

Niveles de polarización política en el mundo

Fuente: (PNUD, 2023)

En Estados Unidos, por ejemplo, el deterioro del debate democrático ha alcanzado niveles extremos. Uno de cada cinco estadounidenses cree que el uso de la violencia política está justificado en ciertas circunstancias (Kleinfeld, 2023). Esta cifra se relaciona con un clima discursivo que, durante la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021), construyó un “nosotros” nacionalista, blanco y conservador, enfrentado a un “ellos” supuestamente ilegítimo: medios críticos, inmigrantes y progresistas que estigmatizó con el término «WOKE». Discurso que ha reforzado en su actual periodo (2025-2029), en el cual no solo quedó victorioso en los estados pendulares, sino también consolidó la base electoral de su movimiento Make America Great Again (MAGA).

El asalto al Capitolio en 2021 fue el punto de quiebre más visible, pero los análisis más recientes muestran que la violencia política no fue un evento aislado, sino parte de una escalada discursiva promovida por actores políticos formales. La investigación de Kleinfeld (2023) subraya que cuando las élites políticas adoptan narrativas que deslegitiman elecciones, atacan instituciones y deshumanizan adversarios, el efecto no es solo simbólico: se genera un campo fértil para que actores sociales traduzcan esas narrativas en violencia directa. En este sentido, la imagen de Trump cubriéndose su oreja tras el disparo que recibió en su campaña electoral (2024), quedó grabada como la representación del clima político que abarcó a Estados Unidos; y no menos, como la representación de lo que sería su segundo periodo como jefe de Estado.

La comparación con Colombia no es mecánica, pero sí pertinente. En ambos contextos, los partidos han abandonado la disputa programática para instalarse en trincheras ideológicas. En ambos, las redes sociales y medios de comunicación han acelerado la desinformación y reducido los matices. Y en ambos, la democracia se ha vuelto un campo de batalla moral, donde ceder, dialogar o matizar se percibe como traición o poco fiable. Claro ejemplo de esto es la negativa de la mayoría de los partidos políticos de oposición a presentarse a la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral —iniciativa del presidente Petro tras el atentado contra Uribe Turbay. Los partidos consideraron que

“[l]ejos de mitigar esta crisis, el Gobierno [de] Petro parece empeñado en agravarla. Su persistencia en exacerbar la polarización, fomentar el enfrentamiento, desconocer la institucionalidad, señalar a opositores y descalificar a quienes disienten profundiza la fractura social y política que nos consume” (Gonzales, 2025).

Esto demuestra que, en primer lugar, el Gobierno se ha convertido en una herramienta de odio entre sus seguidores y sus opositores, lo que exacerba las diferencias políticas y sociales en el país y debilita la confianza de los ciudadanos frente a su gestión. Y, en segundo lugar, la desconfianza de la oposición frente a los espacios de unificación propuestos o presentes en la política colombiana genera que la polarización y distanciamiento sean más evidentes y se empiecen a replicar de modo más violento en la vida cotidiana del ciudadano del común que se siente inconforme con la gestión del gobierno actual.

En síntesis, como advertía Laclau (2004), una democracia pluralista necesita antagonismo, pero no antagonismo absoluto. Cuando el conflicto político se vacía de proyecto colectivo y se llena de emociones destructivas, el resultado es una convivencia imposible, donde la palabra deja de ser mediación y se convierte en amenaza.

Recomendaciones

• Crear un «código ético del lenguaje político en campañas y funciones públicas»: El Congreso de la República, junto con organismos de control y la sociedad civil, debe impulsar un marco de autorregulación del lenguaje político, que sancione o prevenga el uso de términos deslegitimadores, estigmatizantes o que promuevan hostilidad hacia opositores. Esto es clave para desincentivar la radicalización discursiva desde el poder o la oposición.

• Fortalecer la institucionalidad electoral desde espacios independientes: La confianza en los mecanismos de participación debe ser restaurada a través de observatorios cívicos no partidistas que hagan veeduría electoral, generen datos sobre el clima político y convoquen a la ciudadanía al ejercicio pacífico del disenso.

• Diseñar campañas públicas sobre polarización afectiva y discurso de odio: Desde el Ministerio de Educación podrían implementarse estrategias educativas orientadas a explicar qué es el discurso de odio, cómo se diferencia de la crítica legítima y cuáles son sus efectos sobre la democracia.

• Establecer protocolos de protección para líderes de todas las corrientes ideológicas: El atentado contra Uribe Turbay evidencia que la seguridad política no puede ser diferencial. No debe haber vida que valga más desde el ámbito político. Se requiere una estrategia integral del Estado que garantice la vida y la integridad de cualquier actor político, sin importar su filiación.

• Regular el uso político de redes sociales desde la institucionalidad democrática: Si bien la censura no es una opción, se deben crear marcos regulatorios que promuevan transparencia algorítmica y limiten la difusión de mensajes que inciten odio, tergiversen hechos o violenten a colectivos. Esto implica actualizar la legislación electoral digital.

Conclusión

En primer lugar, el caso colombiano revela que la democracia puede colapsar no por ausencia de elecciones, sino por la imposibilidad del disenso respetuoso. Cuando se impone la lógica de «el que no está conmigo está contra mí», se rompen los vínculos necesarios para la convivencia plural. En segundo lugar, si se mantiene esta espiral de polarización afectiva y radicalización discursiva, se corre el riesgo de trasladar ese antagonismo al ciudadano común, quien empieza a ver al vecino, colega o familiar como amenaza política antes que como interlocutor legítimo. En tercer lugar, el atentado contra Miguel Uribe Turbay, como símbolo, no es un regreso al conflicto armado del pasado, sino un indicador de que la violencia ahora se aloja dentro del campo democrático, amparada por discursos normalizados desde todos los frentes. No basta con lamentar los hechos: se requiere una respuesta estructural que no se limite a condenas públicas, sino que aborde las raíces del odio político.

Finalmente, el paralelismo con Estados Unidos refuerza la idea de que la polarización no es un fenómeno local, sino global y sistémico. La diferencia es que, en Colombia, este fenómeno ocurre en un contexto más frágil institucionalmente, por lo que sus efectos pueden ser aún más destructivos si no se actúa a tiempo. El país aún tiene herramientas democráticas sólidas. La solución no está en la resignación, sino en la acción deliberada para reconstruir la confianza, proteger la diferencia y garantizar que la palabra vuelva a ocupar el lugar que hoy le disputa la violencia.

Referencias

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