Crisis de gobernabilidad e inestabilidad democrática en Colombia

Introducción

Colombia se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2026 en medio de una creciente crisis de gobernabilidad y niveles históricamente bajos de aprobación del Ejecutivo. Estas condiciones han generado un clima de inestabilidad institucional que, lejos de fomentar una deliberación pública sobre los problemas críticos del país, han precipitado de manera inusual el inicio de las campañas electorales. Actores políticos tradicionales y nuevas figuras emergentes han activado tempranamente sus estrategias proselitistas, desplazando el centro del debate desde la gestión pública hacia la contienda electoral.

Sin embargo, la inestabilidad ha tenido por causa central la gestión de Gustavo Petro, quien en 2022 inauguró su propia versión de un gobierno de izquierda (Bitar, Bello, & Tolosa, 2023). Las posibles razones de su victoria podrían concentrarse en el efecto pandemia. A pesar de que no fue central en la campaña, ésta sí intensificó desigualdades, desconfianza institucional y violencia, lo que impulsó una demanda nacional y pluriclasista de cambio, capitalizada en parte por Gustavo Petro (Birke, García & Kurtenbach, 2022). Este descontento social por el manejo gubernamental de la crisis llevó a un estallido social en 2021, en el que diversas demandas de sectores marginados, juveniles y de movimientos sociales fueron visibilizadas (Monsalve & Naranjo, 2023). La izquierda, liderada por Petro y su coalición, logró capitalizar electoralmente este clima de inconformismo al presentarse como una opción viable y diferente, la cual priorizaba las necesidades de estos grupos. Además, Petro logró conectar con una juventud ansiosa por el cambio y que pedía un giro hacia políticas más inclusivas y justas.

En ese contexto, Petro y su coalición supieron leer el momento político, canalizar el inconformismo social y conectar con una ciudadanía, especialmente joven, que anhelaba una transformación estructural. El desafío radicó en traducir ese capital político en gobernabilidad efectiva y respuestas a las demandas sociales que lo llevaron al poder. En efecto, Gustavo Petro, una vez en la presidencia, propuso una agenda legislativa orientada a superar deficiencias estructurales de Colombia—reformas laboral, pensional, educativa y salud (Pinzón, 2023).  Sin embargo, la gestión gubernamental de Gustavo Petro—marcada por corrupción, formas personalistas del poder, escándalos personales, división interna del gobierno y deficiente gobernabilidad con el Congreso—ha producido un descontento social que ha terminado por minar la legitimidad de su proyecto político. El efecto inmediato ha sido una caída progresiva de los niveles de aprobación del gobierno y la desconfianza generalizada hacia las instituciones. Como resultado, las dinámicas electorales se han activado precozmente, transformando el calendario institucional en un campo de competencia política permanente.

Las causas estructurales y coyunturales explican la rapidez del proceso electoral presidencial colombiano para 2026, así como sus implicaciones para la estabilidad democrática. Pues, como advertía Sartori (1997), cuando la democracia se convierte en una disputa permanente de poder sin institucionalidad fuerte que la respalde, corre el riesgo de degenerar en inestabilidad y parálisis sistémica.

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Conceptos

Gobernabilidad: Capacidad de un sistema político para tomar decisiones y ejecutarlas eficazmente Sartori, G. (1997)

Inestabilidad democrática: Incapacidad de un sistema político para equilibrar la competencia política con instituciones que la gestionen de manera eficaz, lo que puede conducir a la parálisis y a la pérdida de eficacia gubernamental (Sartori, 1997).

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Gobernabilidad y aprobación popular

Desde el enfoque de constitucionalismo comparado, Giovanni Sartori (1997) define la gobernabilidad como la capacidad de un sistema político para tomar decisiones y ejecutarlas eficazmente, sin caer en la parálisis institucional ni en la concentración autoritaria del poder. Esta definición permite identificar las tensiones que enfrenta el sistema político colombiano bajo el gobierno de Gustavo Petro, particularmente en lo relativo a la articulación entre poder Ejecutivo, Congreso y la opinión pública. La administración ha estado marcada por una serie de iniciativas ambiciosas que, al enfrentarse con una arquitectura institucional en oposición, han producido bloqueos legislativos, dilación en la implementación de políticas públicas y una creciente percepción de ineficacia gubernamental.

A raíz de esto, se daba a conocer que “El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 debe enfocarse en el cometido de construir una paz estable y duradera, una aspiración de país que está lejos de ser alcanzada” (Paz, 2026). En este sentido, las reformas institucionales impulsadas por el gobierno, como la reforma laboral, se enmarcaban dentro de esa visión transformadora orientada a corregir desigualdades estructurales del mercado laboral colombiano. Esta reforma buscaba garantizar la igualdad de oportunidades, la estabilidad en el empleo y condiciones más favorables para los trabajadores, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, a pesar de su enfoque social, la iniciativa no logró avanzar en el Congreso de la República.

La propuesta fue archivada en la Comisión Séptima del Senado, instancia encargada de los asuntos laborales, compuesta por 14 congresistas, de los cuales 8 votaron en contra de su aprobación. Este resultado evidenció la falta de apoyo político suficiente para impulsar una reforma de tal envergadura. Diversos actores señalaron que el fracaso legislativo respondió, en gran medida, a la ausencia de un consenso amplio entre los distintos sectores involucrados. Se criticó especialmente la falta de diálogo efectivo con representantes del sector empresarial, sindicatos independientes y miembros de la oposición, lo cual debilitó la legitimidad técnica y política de la propuesta. Así, el hundimiento de la reforma laboral significó un revés para la agenda del gobierno y una muestra de las dificultades estructurales que enfrenta cualquier intento de transformación institucional profunda en Colombia.

A esta situación se suma una fuerte crisis de legitimidad, reflejada en los niveles sostenidos de desaprobación presidencial. Según la más reciente medición de Invamer (febrero de 2025), el presidente Gustavo Petro registra una desaprobación del 63 % a nivel nacional. Este deterioro en el respaldo popular no solo representa una señal de alerta respecto a la desconexión entre representantes y ciudadanía, sino que también limita la capacidad del gobierno para ejercer liderazgo político y promover reformas estructurales. La pérdida de confianza institucional actúa como un obstáculo que debilita la autoridad del Ejecutivo y compromete su capacidad de construir consensos duraderos.

Aprobación del presidente Gustavo Petro a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de: Invamer. (2025, febrero). Aprobación presidencial de Gustavo Petro por ciudades. Encuesta Invamer Poll

La pérdida de confianza institucional actúa como un obstáculo que debilita la autoridad del Ejecutivo y compromete su capacidad de construir consensos duraderos. El análisis de la aprobación presidencial entre 2022 y 2025 evidencia una tendencia decreciente a nivel nacional, pasando de niveles superiores al 50 % en el inicio de gobierno a un 33 % en febrero de 2025, según Invamer. Esta caída ha sido especialmente notoria en Bogotá, ciudad en la que Gustavo Petro fue alcalde (2012–2015) y que constituyó uno de sus principales bastiones electorales. En las elecciones presidenciales de 2022, Petro obtuvo en Bogotá más de 2,2 millones de votos, o sea el 58,59 % (Registraduría Nacional 2022). Sin embargo, en la actualidad su desaprobación en la capital supera el 60 %, lo que refleja un desgaste significativo de su legitimidad incluso en los sectores que históricamente lo apoyaron. En ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga también se observa un descenso, aunque menos pronunciado en algunas, lo que sugiere un patrón de pérdida de confianza generalizado en los grandes centros urbanos del país.

Aprobación del presidente Gustavo Petro en las cuatro principales ciudades

Fuente: Elaboracion propia con datos de: Invamer. (2025, febrero). Aprobación presidencial de Gustavo Petro por ciudades. Encuesta Invamer Poll

En este clima de desconfianza, los mecanismos de control político como el Congreso, los partidos y los medios parecen más centrados en la lógica de la oposición que en la deliberación democrática. Como resultado, la gobernabilidad se ve afectada por una lógica de competencia electoral permanente, en la que las reformas se convierten en herramientas de campaña más que en instrumentos de transformación.

En este contexto de creciente impopularidad y bloqueo legislativo, el presidente ha anunciado su intención de convocar una consulta popular para impulsar su reforma laboral, la cual no ha logrado avanzar en el Congreso. Esta estrategia, más que representar un verdadero mecanismo democrático de presión institucional, se percibe como el inicio de una campaña política anticipada. Esto da cuenta de que el presidente, mediante la desaprobación de sus reformas, especialmente la laboral, ha comenzado a medir el respaldo ciudadano que podría tener en futuras contiendas electorales. Así, la consulta se perfila no tanto como una herramienta de gobernabilidad, sino como una vía para movilizar a sus bases, reposicionar su narrativa política y proyectar su fuerza en las urnas más allá del actual desgaste institucional.

Finalmente, esta situación genera un círculo vicioso en el que la baja eficacia gubernamental alimenta el descontento ciudadano, lo que, a su vez, impulsa el inicio anticipado de las campañas políticas. Siguiendo el análisis de Sartori (1997), esta dinámica sitúa al sistema democrático en una zona de riesgo, pues cuando la disputa política carece de reglas estables y consensos básicos, puede derivar en parálisis institucional, erosión democrática y pérdida de eficacia estatal.

Inestabilidad institucional

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta dificultades significativas para lograr consenso en el Congreso, lo que ha contribuido a la inestabilidad institucional en Colombia. Las reformas clave como la tributaria, laboral y al sistema de salud han sido bloqueadas por sectores conservadores y algunos del centro político, generando un ambiente de desconfianza en las instituciones (Cárdenas, 2022). La reforma laboral, que fue central en la campaña presidencial de Petro, no logró avanzar debido a la oposición de sectores empresariales que temen que las propuestas afecten la competitividad del país (Gutiérrez, 2021). Esta falta de acuerdos y la imposibilidad de materializar reformas fundamentales afectan la capacidad del gobierno para ejercer su liderazgo y llevar a cabo su agenda política, lo que incrementa la inestabilidad en el sistema político.

Los datos de percepción pública reflejan esta misma tendencia. Según encuestas recientes, el desacuerdo con las reformas de Petro se mantiene de manera consistente por encima del 58%, llegando incluso a un 64% en agosto de 2024; mientras que el acuerdo no supera el 34% y ha llegado a caer hasta el 29% (Invamer, 2025). Esto indica un respaldo minoritario a las iniciativas del gobierno y una fuerte resistencia social a los cambios propuestos, consolidando un ambiente de polarización. Ante estos bloqueos legislativos, Petro ha recurrido a mecanismos como la consulta popular para obtener un mandato directo de la población y presionar al Congreso, pero este enfoque también refleja la creciente polarización y el debilitamiento de las instituciones políticas tradicionales, lo que acentúa aún más la inestabilidad institucional.

Tasas de aprobación de reformas gobierno Petro

Fuente: Elaboración propia con datos de: Invamer. (2025, febrero). Aprobación presidencial de Gustavo Petro por ciudades. Encuesta Invamer Poll .Recuperado de https://www.invamer.com.co/

Reducir la confrontación pública como recomendación

El gobierno de Petro ha transitado de una postura de mediación, para construir espacios de posibilidad política, a una lógica de confrontación, para demostrar su legitimidad en la plaza pública y su firmeza en el debate frontal y personal con los sectores de la oposición Pinzón, É. R. (2023). Sin embargo, es fundamental que el presidente transite de un enfoque comunicativo centrado en la dicotomía “ellos contra nosotros” que intensifica la polarización política hacia un discurso más integrador, orientado al diálogo, la inclusión y la cooperación nacional. Este cambio no supone una renuncia a los principios ideológicos del proyecto de gobierno, sino la adopción de una estrategia discursiva que privilegie la construcción de consensos, la deliberación democrática y la escucha activa de voces críticas y diversas.

Una narrativa menos confrontativa podría contribuir significativamente a disminuir la resistencia institucional y social, y generar condiciones más estables para la implementación de políticas públicas. Asimismo, reducir el antagonismo en el discurso permitiría desplazar el foco del debate político desde la confrontación hacia la evaluación sustantiva de resultados y propuestas, lo cual fortalecería la legitimidad del actual gobierno y ampliaría el margen de maniobra para futuros mandatarios, al consolidar un entorno institucional más cooperativo y menos volátil.

En el corto plazo, si el gobierno continúa con una estrategia comunicativa basada en la confrontación y no logra construir puentes con otros sectores políticos, es probable que la desconfianza institucional y el desgaste de la figura presidencial se acentúen. Esto no solo dificultaría aún más la gobernabilidad, sino que también mantendría a la opinión pública en un estado constante de polarización y frustración.

A largo plazo, si no se generan cambios en la forma de hacer política, podrían surgir nuevas fuerzas ciudadanas, movimientos sociales y liderazgos regionales que busquen ocupar el vacío de representación que dejan los partidos tradicionales. Aunque esto podría enriquecer el panorama democrático, también conlleva el riesgo de mayor fragmentación si no se cuenta con instituciones abiertas al diálogo y capaces de canalizar esas demandas de manera efectiva.

En conclusión, lo que está en juego no es solo la estabilidad del actual gobierno, sino el rumbo que tomará la democracia colombiana en los próximos años. Para evitar un escenario de mayor desgaste institucional, es urgente que tanto el Ejecutivo como el resto de actores políticos recuperen el espíritu de diálogo, fortalezcan los acuerdos básicos y escuchen a la ciudadanía. Solo así se podrá reconstruir la confianza y avanzar hacia una democracia más sólida, plural y estable.

Referencias

Birke Daniels, K., García Pinzón, V., & Kurtenbach, S. (2022). Paz y seguridad: pandemia, protestas y Petro presidente. El rescate de la paz en Colombia. Fundación Heinrich Böll. https://co.boell.org/es/2022/08/23/paz-y-seguridad-pandemia-protestas-y-petro-presidente

Bitar, S., Tolosa Bello, S. C., & Tolosa Bello, Y. J. (2023). Gustavo Petro y el triunfo de la izquierda en Colombia : análisis de las preferencias de voto en la primera vuelta presidencial de 2022. Colombia Internacional, 116, 103-132. https://doi.org/10.7440/colombiaint116.2023.04

Cárdenas, E. (2022). La política económica de Colombia en tiempos de cambio. Editorial Universidad de los Andes

Gutiérrez, M. (2021). La implementación de reformas laborales en Colombia: Análisis de la resistencia política. Revista de Política y Derecho, 32(1), 45-60.

Invamer. (2025, febrero). Aprobación presidencial de Gustavo Petro por ciudades. Encuesta Invamer Poll – Imagen del presidente de la República. Recuperado de https://www.invamer.com.co/

Monsalve, E. D. J. R., & Naranjo, L. M. V. (2023). Crisis y estallido social en Colombia. Administración & Desarrollo, 53(1), 1-18.

Pinzón, É. R. (2023). 10. EL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO EN COLOMBIA. AMÉRICA LATINA, 139.

Sartori, G. (1997). Ingeniería constitucional comparada: Una investigación de estructuras, incentivos y resultados. Fondo de Cultura Económica.