Introducción

Colombia ha sido escenario de eventos marcados por la violencia política, los cuales han terminado por definir su historia contemporánea. Desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 —evento que detonó el Bogotazo y dio inicio a una era conocida como la Violencia—, los magnicidios se han vinculado estrechamente a contextos de polarización, narcotráfico y fragilidad institucional. Casos emblemáticos como los de los candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Carlos Pizarro (1990), y Bernardo Jaramillo Ossa (1990), evidencian la incapacidad del Estado para proteger a figuras públicas claves y garantizar la estabilidad democrática en medio de escenarios de contienda electoral. En 2025, el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay reaviva el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en un país que, pese a los acuerdos de paz de 2016, sigue enfrentando estructuras criminales y extremismos políticos.

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Conceptos:

Violencia política: Uso de fuerza física o psicológica con fines políticos para silenciar o intimidar opositores. (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2004)

Magnicidio: Asesinato violento de una figura de alto poder con motivación política o ideológica. (RAE,2000)

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Línea de tiempo de los magnicidios en Colombia

1948—Jorge Eliécer Gaitán: Jurista, escritor, profesor, orador y político colombiano, miembro y líder del Partido Liberal Colombiano. Fue asesinado a los 50 años.

El 9 de abril de 1948, hacia la 1:05 p. m., cerca del edificio Agustín Nieto, Gaitán fue asesinado en Bogotá por un disparo de arma de fuego cuando salía de su oficina. Este hecho desencadenó una ola de violencia conocida como El Bogotazo, que marcó un punto de inflexión en la historia del país y dio inicio a un período de conflicto denominado La Violencia en Colombia

1987—Jaime Pardo Leal: Miembro del Partido Comunista colombiano, líder de la Unión Patriótica (UP) y candidato presidencial en Colombia. Fue asesinado a los 46 años.

Su muerte hizo parte del genocidio político contra la UP en las décadas de 1980 y 1990, que dejó más de 4.000 víctimas y llevó a la desaparición del partido del escenario político. El crimen ocurrió el 11 de octubre en La Mesa, Cundinamarca, mientras regresaba con su familia de su finca.

1989—Luis Carlos Galán: Abogado, economista, periodista y político colombiano. Fue asesinado a los 45 años.

Candidato presidencial en 1982 y 1986 por el Nuevo Liberalismo —movimiento fundado por él como escisión del Partido Liberal— y en 1989 por el Partido Liberal, fue atacado el 18 de agosto de 1989, poco antes de iniciar un acto de campaña en Soacha. Sicarios del Cartel de Medellín, bajo órdenes de Pablo Escobar, ejecutaron el asesinato.

1990—Carlos Pizarro: Comandante del grupo guerrillero M-19 entre 1986 y 1990. Tras la firma de la paz con el Gobierno, se convirtió en candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19. Fue asesinado a los 38 años.

El 26 de abril de 1990, a bordo de un avión que cubría la ruta Bogotá–Barranquilla, fue atacado por Gerardo Gutiérrez Uribe con una ráfaga de ametralladora minutos después del despegue. Años después, Carlos Castaño Gil, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), confesó haber entrenado al sicario y planificado el crimen.

1990—Bernardo Jaramillo Ossa: Dirigente agrario en el Urabá antioqueño, militante del Partido Comunista Colombiano y presidente de la Unión Patriótica tras el asesinato de Jaime Pardo Leal en 1987. Fue asesinado a los 34 años.

El 22 de marzo de 1990, en el Puente Aéreo de Bogotá, un sicario de 16 años le disparó mientras esperaba un vuelo. Su muerte se convirtió en símbolo de la violencia política y del exterminio de la UP, partido surgido del proceso de paz con las FARC-EP en 1985.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue un reconocido político colombiano, nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), e hijo de la periodista y abogada Diana Turbay, quien fue secuestrada por el cartel de Medellín y asesinada en medio de un intento de rescate en 1991.

La carrera política de Uribe Turbay se despuntó como coordinador de juventudes en campaña, fue concejal de Bogotá, Presidente de Cabildo Distrital, Secretario de Gobierno de Bogotá, candidato a la alcaldía de Bogotá, y, por último, fue elegido como Senador en 2022– cargo que ocupó hasta el día de su fallecimiento–. Uribe Turbay encabezó la lista del partido de derecha Centro Democrático al Senado, invitado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y se convirtió en el senador más votado del país con 226,922 votos (Registraduría, 2025).Allí se consolidó como una de las voces más visibles del sector de centroderecha y de oposición del Gobierno actual. Finalmente, fue asesinado el 11 de agosto de 2025 tras ser víctima de un atentado el 7 de junio. Luego de ello, duró un poco más de dos meses batallando por su vida hasta el día de su deceso.

Su asesinato ocurre en un contexto de tensiones preelectorales, creciente polarización y un preocupante recrudecimiento de amenazas contra líderes políticos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, solo entre enero y junio de 2025 se registraron 243 amenazas a dirigentes públicos y sociales, lo que representa un aumento del 35 % frente al mismo periodo del año anterior (Defensoría del Pueblo, 2025). Este panorama se ha visto exacerbado por una escalada de discursos de odio y de deslegitimación del adversario, propagados especialmente en redes sociales: un reciente estudio del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario registra que el volumen de mensajes con lenguaje violento dirigidos a figuras públicas creció un 42 % durante las últimas ocho semanas de campaña (Centro de Internet y Sociedad, Universidad del Rosario, 2025).

En este escenario de radicalización de posturas, los esquemas de protección resultan insuficientes y reactivos, lo que abre un debate sobre la capacidad real del Estado para garantizar la integridad de quienes ejercen funciones públicas. El caso de Uribe Turbay, por tanto, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón más amplio de violencia política.

Violencia político-partidista en Colombia: tendencias y patrones de victimización (1958-2016)

Actos de violencia política partidista en Colombia (1958-2016)

Fuente: Comisión de la Verdad de Colombia. (2022). Informe final – Anexo sobre violencia política y partidista (1958–2016).

La gráfica elaborada por la Comisión de la Verdad (2022) evidencia que la violencia político-partidista en Colombia tuvo un carácter profundamente asimétrico y sistemático, especialmente contra organizaciones de izquierda y oposición. La Unión Patriótica (UP) concentra casi 450 hechos violentos, lo que representa una desproporción sustancial frente al resto de partidos. Este patrón responde al contexto de polarización ideológica que se agudizó en los años ochenta, cuando sectores cercanos al movimiento social y a procesos de paz fueron estigmatizados y señalados como “enemigos internos”. La mayoría de ataques contra la UP fueron asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, lo que confirma el carácter sistemático y planificado del exterminio, en gran medida vinculado a estructuras paraestatales y a la tolerancia del Estado frente a actores armados ilegales.

Aunque partidos tradicionales como el Liberal o el Conservador también registran hechos de violencia, estos casos aparecen en menor proporción y están asociados a acciones bélicas o secuestros, es decir, un tipo de victimización más ligada a la dinámica general del conflicto armado que a una estrategia de persecución ideológica. En contraste, movimientos como el Partido Comunista, ¡A Luchar! o la Alianza Democrática M-19 Presentan patrones similares a la UP, centrados en ataques selectivos, lo que refuerza la tendencia de agresión hacia fuerzas alternativas y proyectos de izquierda.

En términos temporales, estos datos corresponden al período investigado por la Comisión de la Verdad (aproximadamente entre 1958 y 2016), aunque el pico de violencia contra la UP se concentra entre 1985 y 1994, en paralelo a procesos de paz y reorganización del sistema político. Estas tendencias permiten afirmar que la violencia no fue únicamente un efecto colateral del conflicto armado, sino una forma de exclusión política violenta destinada a impedir la consolidación de opciones democráticas distintas a las tradicionales.

Desde el enfoque de la violencia política, los hechos reportados por la Comisión de la Verdad no pueden entenderse como expresiones fragmentadas del conflicto armado, sino como mecanismos orientados a neutralizar proyectos políticos considerados “amenazas” al statu quo. Este tipo de violencia se ejerce precisamente contra actores con capacidad de disputar democráticamente el poder, por lo que su objetivo no es sólo producir daño físico, sino interrumpir procesos de representación y deliberación, dimensiones esenciales de la democracia (Dahl, 1989; Bobbio, 1986).

En Colombia, durante las décadas de 1980 y 1990, la violencia contra la Unión Patriótica y otros movimientos de izquierda operó como una forma de regulación violenta del sistema político, favoreciendo la exclusión de actores ideológicamente divergentes y reduciendo el pluralismo. En consecuencia, el ejercicio democrático dejó de ser un escenario abierto para la competencia pacífica y se transformó en un campo condicionado por el miedo y la amenaza, lo que favoreció la consolidación de actores armados como árbitros de facto del acceso al poder. Así, la violencia no fue un efecto colateral del conflicto, sino un instrumento para restringir la democracia y limitar el derecho a la oposición.

Recomendaciones

• Fortalecer los esquemas de protección diferenciada para candidatos y congresistas.

• Crear un sistema nacional de alertas tempranas para violencia política.

• Coordinar estrategias entre la Registraduría, la Fuerza Pública y la Fiscalía para blindar los procesos electorales.

• Establecer sanciones efectivas para grupos armados y redes criminales involucradas.

• Promover campañas de cultura democrática y rechazo a la violencia.

Conclusión

La violencia política en Colombia ha sido un fenómeno persistente que ha debilitado la democracia, truncado liderazgos y limitado el pluralismo. Los magnicidios, lejos de ser hechos aislados, responden a patrones históricos donde convergen intereses criminales, ideológicos y estructuras armadas, lo que revela fallas estructurales en la protección de figuras públicas y en la consolidación del Estado de derecho. Desde Gaitán en 1948 hasta Miguel Uribe Turbay en 2025, cada asesinato no solo arrebató vidas y proyectos políticos, sino que envió un mensaje de intimidación a la sociedad, minando la confianza en las instituciones.

El caso más reciente confirma que, pese a los avances normativos y a los procesos de paz, la violencia contra líderes políticos sigue siendo una amenaza real que demanda acciones urgentes. Para garantizar elecciones libres y seguras, es indispensable implementar políticas integrales de protección, fortalecer las alertas tempranas y sancionar con rigor a los responsables. La democracia no puede coexistir con la violencia; solo asegurando la vida de quienes la representan será posible construir un país donde la disputa por el poder se dé en el marco de las ideas y no de las armas.

Referencia

Bobbio, N. (1986). El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica.

Bourdieu, P. (1990). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Taurus.

Centro de Internet y Sociedad – Universidad del Rosario. (2025). Informe sobre discursos violentos en redes durante campañas electorales.

Comisión de la Verdad de Colombia. (2022). Informe final: Anexo sobre violencia política y partidista. Comisión de la Verdad.

Dahl, R. A. (1989). Democracy and its critics. Yale University Press.

Defensoría del Pueblo. (2025). Alerta temprana sobre amenazas a líderes políticos.

Galtung, J. (1995). Violence, Peace and Peace Research. Journal of Peace Research.

RAE (2000). Diccionario de la lengua española (22.ª ed.). Real Academia Española.

Registraduría Nacional del Estado Civil. (2025). Histórico de resultados electorales. Recuperado el 15 de agosto de 2025, de https://www.registraduria.gov.co/-Historico-de-resultados-electorales-.html

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. (2004). Violencia política: Conceptualización y tipologías.