De las protestas al poder: Redefiniendo la democracia en América Latina

Introducción

En la última década, América Latina ha sido testigo de una serie de estallidos sociales que han sacudido las estructuras políticas de países como Chile, Colombia, Ecuador y Perú entre 2015 y 2024. Estos fenómenos, impulsados por un rechazo contundente a la desigualdad estructural, la corrupción endémica y la crisis de representatividad política, han puesto de manifiesto una transformación profunda en los modos de participación ciudadana. Lejos de limitarse al acto electoral, esta redefinición abarca un espectro más amplio de acción cívica —protestas, movilizaciones masivas y activismo sostenido—, evidenciando una ciudadanía que exige un protagonismo ineludible en la deliberación y configuración de las políticas públicas. La selección de estos casos no es fortuita: responde a la convergencia entre sus convulsiones sociales y las variaciones observables en los patrones de participación política.

La participación política, entendida como un pilar fundamental de la democracia, ha sido medida y analizada a través de diversos índices. Según el Democracy Index 2024 de The Economist Intelligence Unit, la democracia se define no solo por elecciones libres y justas, sino también por la protección de derechos civiles y políticos, la igualdad ante la ley y el respeto a los derechos humanos. En este contexto, los estallidos sociales emergen como una forma de participación política no convencional, surgida en respuesta a la insatisfacción con los sistemas democráticos existentes. Estos movimientos han actuado como catalizadores de un compromiso cívico más profundo, revelando tanto la vitalidad de la sociedad civil como las fragilidades institucionales.

Los indicadores de participación política, mensurados en una escala de 0 a 10, ofrecen una imagen interesante de esta evolución. Por ejemplo, en Chile, el índice asciende de 4.44 en 2015 a 6.67 en 2024, con un punto álgido en 2020 (6.67) que coincide con el estallido social de 2019. Colombia transita de 3.89 en 2015 a 6.11 en 2024, registrando un máximo de 6.67 en 2020 durante las protestas masivas. Ecuador experimenta un crecimiento de 5 en 2015 a 6.67 en 2022, seguido de un leve declive a 5.56 en 2024. Perú, en contraste, exhibe una estabilidad relativa con un promedio de 5.56, cayendo ligeramente a 5 en 2024. Estos datos corroboran que los estallidos han actuado como catalizadores de formas no convencionales de participación; si bien las trayectorias nacionales revelan matices que exigen un escrutinio contextualizado.

El alcance de esta dinámica es irrefutable: los estallidos sociales han amplificado las demandas populares, fortaleciendo la participación política, pero han dejado al descubierto simultáneamente las limitaciones de los sistemas democráticos para absorber y procesar estas expresiones. El resultado es una dualidad inescapable: un fortalecimiento de los repertorios de acción ciudadana acompañado de crecientes riesgos de polarización y erosión de la confianza institucional. La tesis central de este análisis sostiene que los estallidos sociales en Chile, Colombia, Ecuador y Perú han revitalizado la participación política al expandir las formas de intervención ciudadana en el espacio público. No obstante, la sostenibilidad de estas democracias depende imperativamente de una reestructuración profunda de los canales institucionales para traducir las demandas sociales en respuestas efectivas.

En un momento en que la desafección política y el descrédito de las élites son palpables, comprender la correlación entre participación política y estallidos sociales no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad urgente para salvaguardar la estabilidad y legitimidad de las democracias en la región. La pregunta no es si la ciudadanía seguirá exigiendo cambios, sino si los sistemas políticos estarán a la altura de responder al aire de los nuevos tiempos.

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Conceptos

Estallido social: Movilización masiva por descontento social o político (Tilly, 2004).

Activismo: Acción para promover cambios sociales o políticos (McAdam, 1982).

Populismo: Apela al pueblo contra élites, dividiendo la sociedad (Mudde, 2004).

Democracia agonística: Modelo que promueve el conflicto ciudadano-élite como motor de participación, fortaleciendo la democracia mediante disenso institucionalizado (Mouffe, 2000)

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Estallidos sociales y participación política

Los estallidos sociales en Perú (2020), Chile (2019), Ecuador (2019) y Colombia (2021) marcaron el inicio de una decadencia política y social en cada país, al exponer las crisis del modelo neoliberal, la desconexión de las élites y la represión estatal, desencadenando profundas crisis de legitimidad. En Perú, “los eventos de 2022 fueron precedidos por otro episodio de disturbios masivos en 2020, tras el impeachment de Vizcarra” (Guzmán Concha, 2023, p. 109), revelando una “democracia altamente fragmentada” (p. 111). En Chile, “no fueron sólo los 30 pesos de alza del Metro… sino fue el desahogo de décadas de desigualdad” (p. 950-951), agravada por la “impericia de una clase política desacreditada” (p. 954). En Ecuador, “una poderosa movilización popular de 12 días fuerza la derogatoria del decreto presidencial que eliminaba el subsidio a los combustibles” (p. 1), enfrentando “brutal represión” (p. 12) bajo un gobierno que “gobierna para pocos” (p. 11). En Colombia, “la presencia masiva de los jóvenes en las calles fue el resultado de una explosión de memorias del juvenicidio” (p. 18), con 47 homicidios durante el paro (p. 10), estigmatizados como “vándalos” por el gobierno. Estos puntos críticos, que reflejan nuevas dinámicas sociales y disputas por la memoria, serán analizados más adelante para evaluar sus implicaciones a largo plazo en la reconfiguración política y social de cada país.

Los estallidos sociales, como los de Chile en 2019, Colombia en 2021, Perú en 2020 y Ecuador en 2019, representan una forma intensificada de participación política no convencional, donde las protestas, impulsadas por emociones intensas como la rabia o la esperanza y sustentadas por redes interpersonales, canalizan demandas colectivas para influir en decisiones políticas o desafiar estructuras gubernamentales (Asún et al., 2020, pp. 8-9, 14-15). Estas movilizaciones, caracterizadas por su espontaneidad, rápida expansión y amplio apoyo popular, se alinean con la definición de participación política como acciones voluntarias de ciudadanos, que abarcan desde el voto hasta protestas, legales o ilegales, destinadas a afectar el poder político (Delfino & Zubieta, pp. 212-214). La correlación positiva entre participación convencional (e.g., el voto) y no convencional (e.g., manifestaciones) indica que los estallidos no se oponen al sistema, sino que enriquecen el repertorio político, transformando emociones displacenteras en acción colectiva y consolidando identidades transformadoras que potencian futuras movilizaciones (Asún et al., 2020, pp. 29-31; Delfino & Zubieta, p. 218).

Las protestas como motor democrático

En la última década, América Latina ha presenciado una profunda transformación en la participación política, impulsada por levantamientos sociales que han desafiado los marcos democráticos tradicionales. Lejos de limitarse a los procesos electorales, la participación en países como Chile, Colombia, Ecuador y Perú se ha expandido para incluir protestas, movilizaciones masivas y activismo sostenido, lo que refleja un compromiso cívico más amplio y dinámico. Según el Democracy Index 2024, la participación política, piedra angular de la vitalidad democrática, abarca no solo el voto, sino también la participación activa de la ciudadanía en la deliberación pública (The Economist Intelligence Unit, 2025). En este contexto, los levantamientos sociales entre 2015 y 2024 han actuado como catalizadores, amplificando las voces ciudadanas y redefiniendo el ejercicio de la agencia política en respuesta a las desigualdades estructurales y las fallas institucionales.

Fuente: Elaboración propia con datos de: The Economist Intelligence Unit. (2025). Participación Política por Año y Países (2014 - 2024).

Los datos subrayan la correlación entre los levantamientos sociales y una mayor participación política. En Chile, el índice de participación en el Índice de Democracia aumentó de 4.44 en 2014 a un máximo de 6.67 en 2020, coincidiendo con las protestas de 2019 contra las políticas neoliberales y la desigualdad (The Economist Intelligence Unit, 2025). De igual manera, el índice de participación en Colombia aumentó de 3.89 en 2014 a 6.11 en 2016, manteniéndose en ese nivel hasta 2024, con un pico que refleja las protestas masivas contra las reformas económicas y la violencia policial. En Ecuador, el índice de participación se mantuvo estable en 5.00 entre 2014 y 2021, aumentando a 6.67 en 2022, impulsado por las protestas lideradas por indígenas contra las medidas de austeridad, y luego descendiendo a 5.56 en 2024. En Perú, el índice se mantuvo relativamente estable en 5.56 entre 2014 y 2023, con un descenso a 5.00 en 2024 en medio de la crisis política en curso. Estas tendencias, visualizadas en el gráfico anterior, ilustran cómo los momentos de intenso malestar social se corresponden con picos de participación, lo que destaca el surgimiento de formas no convencionales de acción cívica.

Además, estos levantamientos se alinean con el concepto de "política contenciosa" de Charles Tilly, que describe acciones colectivas que desafían las estructuras de poder mediante protestas, huelgas y ocupaciones públicas (Tilly, 2004). En Chile, las protestas de 2019 condujeron a un referéndum constitucional, lo que demuestra cómo las acciones contenciosas pueden transformar los procesos democráticos más allá de las urnas. De manera similar, en Colombia, el activismo digital y las movilizaciones lideradas por jóvenes durante 2020 ampliaron la participación para incluir campañas en redes sociales y la organización comunitaria, lo que refleja diversas formas de compromiso. Los movimientos indígenas de Ecuador y las protestas anticorrupción de Perú ejemplifican aún más cómo la ciudadanía utiliza la contención para exigir rendición de cuentas, llenando los vacíos dejados por instituciones arcaicas. En consecuencia, estos movimientos revelan un cambio hacia una democracia más participativa, donde la ciudadanía reivindica su capacidad de acción en la formulación de políticas públicas.

Sin embargo, esta redefinición de la participación no está exenta de desafíos. Si bien los levantamientos han empoderado a la ciudadanía, también exponen la fragilidad de las instituciones democráticas, incapaces de absorber estas demandas eficazmente. Los índices de participación sostenidos en Chile y Colombia sugieren una sociedad civil vibrante; sin embargo, el estancamiento de Perú en un 5 en 2024 indica que, sin reformas institucionales, el impacto de la política contenciosa podría disminuir. Por lo tanto, los levantamientos sociales en América Latina han ampliado innegablemente el alcance de la participación política, fomentando un espacio cívico más inclusivo. Sin embargo, su éxito a largo plazo depende de la capacidad de los sistemas democráticos para traducir estas expresiones en resultados políticos significativos, un desafío que se explorará con más detalle en la siguiente sección.

Agonismo y acción popular

Los levantamientos sociales que han redefinido la participación política en América Latina, como se mencionó anteriormente, reflejan un modelo agonístico de democracia, donde el conflicto entre ciudadanos y élites impulsa la participación cívica. El concepto de democracia agonística de Chantal Mouffe postula que la democracia prospera gracias a las luchas adversarias, más que al consenso, a medida que los grupos marginados —jóvenes, comunidades indígenas y trabajadores— desafían las desigualdades sistémicas y la corrupción (Mouffe, 2000). En Chile, Colombia, Ecuador y Perú, estos movimientos de confrontación han dinamizado la participación política, pero también han acentuado la polarización, amenazando la estabilidad institucional. Esta sección explora cómo las dinámicas agonistas y populistas, si bien empoderan a la ciudadanía, corren el riesgo de socavar la legitimidad democrática cuando las respuestas institucionales flaquean.

La naturaleza agonística de estos levantamientos se evidencia en su desafío a las estructuras de poder de las élites. En Chile, las protestas de 2019 contra las políticas neoliberales unieron a diversos grupos, elevando la participación a 6.67 en 2020 (The Economist Intelligence Unit, 2024). Las movilizaciones de 2020 en Colombia, contra las reformas tributarias y la violencia policial, elevaron de forma similar la participación a 6.67. Por su parte, las protestas lideradas por indígenas en Ecuador en 2022 alcanzaron el mismo pico. Sin embargo, en Perú, la participación se estancó en 5.56, cayendo a 5.00 en 2024 en medio de crisis políticas sin resolver. El gráfico de columnas (supra) evidencia estos picos en años de protesta, así como la relativa estabilidad o retroceso en otros contextos. Se observa una alta participación en Chile, Colombia y Ecuador, mientras que Perú mantiene valores estancados, lo que ilustra el doble impacto de la lucha agonística. Estos conflictos se alinean con la visión de Mouffe, en la medida que constatan empíricamente cómo el disenso es una fortaleza democrática, el cual, no obstante, requiere canales institucionales para evitar la desestabilización del sistema democrático.

Fuente: Elaboración propia con datos de: The Economist Intelligence Unit. (2025). Promedio y Participación Política por País en América Latina.

El gráfico de barras que compara los índices de participación política en Chile, Colombia, Ecuador y Perú entre 2014 y 2024 muestra picos significativos en los años de mayor agitación social: Chile (6.67 en 2020), Colombia (6.67 en 2020) y Ecuador (6.67 en 2022). Estos repuntes coinciden con momentos claves de protesta y movilización ciudadana. Por otra parte, Perú exhibe una tendencia más estable, con un descenso de 5.56 a 5.00 en 2024. El gráfico permite observar cómo la participación política ha respondido a contextos de crisis y efervescencia social, revelando un patrón de activación cívica vinculado a los estallidos sociales (The Economist Intelligence Unit, 2024).

Desde otra perspectiva, la teoría del populismo de Ernesto Laclau explica cómo estos levantamientos amplifican la participación mediante una narrativa de "pueblo" versus "élite" (Laclau, 2005). En Colombia, las protestas unieron a estudiantes, trabajadores y grupos indígenas contra la percepción de un gobierno corrupto, como se refleja en el pico de participación de 2020 del gráfico de barras. Las protestas de Ecuador de 2022 enmarcaron las demandas indígenas contra un Estado neoliberal, impulsando la participación. Sin embargo, la persistente baja confianza de Perú en el gráfico de barras pone de relieve cómo la retórica populista, sin resultados políticos, fomenta la división. Esta dinámica populista, si bien moviliza, corre el riesgo de afianzar la polarización cuando las instituciones no atienden las demandas, como se observa en la puntuación de 5.00 de Perú en 2024.

Sin embargo, la dependencia de estrategias agonistas y populistas revela debilidades institucionales. La representación en el gráfico de barras de la pérdida de confianza junto con los picos de participación subraya el desafío: si bien los levantamientos empoderan a la ciudadanía, debilitan la legitimidad democrática cuando los sistemas no pueden absorber la disidencia. El proceso constitucional de Chile es una muestra de una estrategia efectiva y democrática para canalizar el conflicto agonista; pero el estancamiento de Perú sugiere una incapacidad para traducir las demandas en reformas. Por lo tanto, estos movimientos resaltan la vitalidad de la democracia agonista, pero requieren instituciones más sólidas para mitigar la polarización. Un desafío que podría ser mitigado con la adopción de estrategias efectivas en un marco democrático.

Recomendaciones

• Fortalecer los canales institucionales: Organizar asambleas ciudadanas para convertir las demandas de las protestas en políticas. La alta participación en los estallidos contrasta con la baja confianza en las instituciones. El diálogo reduce la polarización.

• Proteger el derecho a protestar: Capacitar a la policía en derechos humanos para salvaguardar las protestas pacíficas. La represión en Colombia y Ecuador avivó el malestar. La desescalada apoya la democracia.

• Abordar la desigualdad: Implementar reformas para abordar la desigualdad que activa las protestas. Los disturbios en Chile y Ecuador se originaron en las brechas económicas. Las políticas inclusivas frenan futuros estallidos.

Conclusión

Los estallidos sociales en Chile, Ecuador y Perú entre 2014 y 2024 han transformado la participación política, promoviendo protestas, movilizaciones masivas y activismo como formas no convencionales de acción cívica, mientras exponen las fragilidades institucionales de las democracias. En el corto (2025–2027) y mediano plazo (2028–2030), la evolución de esta participación dependerá de cómo los sistemas políticos canalicen las demandas ciudadanas y gestionen el impacto ambivalente del populismo. En un escenario optimista, los gobiernos fortalecen canales institucionales mediante asambleas ciudadanas y plataformas participativas, superando picos de participación como el 6.67 de Chile (2020) y Ecuador (2022) (The Economist Intelligence Unit, 2025). En Chile, el legado del proceso constitucional fomenta una democracia más inclusiva, mientras que en Ecuador, las demandas indígenas se integran en políticas públicas. El populismo, cuando canaliza demandas sociales, como en el caso chileno post-2019, fortalece la participación al amplificar voces marginadas, pero requiere instituciones sólidas para evitar la polarización. En un escenario moderado, la participación se estabiliza en torno a 5.56–6,11, con reformas parciales que no resuelven del todo las demandas, como en Perú, donde el índice cayó a 5.00 en 2024 por crisis políticas recurrentes. Aquí, el populismo, como en los liderazgos peruanos que prometen cambios sin resultados, genera escepticismo, limitando el compromiso cívico. En un escenario pesimista, la incapacidad de responder a las demandas y el populismo divisivo, que exacerba la confrontación sin ofrecer soluciones, como en los enfrentamientos en Ecuador de 2019, reducen la participación a 5 o menos, aumentando el riesgo de nuevos estallidos. La sostenibilidad democrática en la región exige instituciones que transformen la energía de las protestas en reformas estructurales, protejan el derecho a la protesta y aborden la desigualdad para mitigar los efectos negativos del populismo y consolidar una participación democrática vibrante.

Referencias

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