Crimen y polarización: La amenaza letal de la democracia en América Latina

Introducción

En la última década, América Latina ha enfrentado un aumento significativo de la violencia política que amenaza la estabilidad de sus democracias a través de magnicidios y atentados contra figuras políticas, especialmente en contextos de alta polarización e influencia del crimen organizado. Países como México y Colombia han registrado patrones alarmantes de violencia política letal, particularmente durante los periodos electorales. Según Infobae (2025) en México, durante los primeros seis meses de 2025 se documentaron 253 incidentes relacionados con violencia política en 29 de las 32 entidades, incluyendo 112 homicidios de actores políticos. Conforme a BBC (2023) en Ecuador, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, apenas once días antes de las elecciones generales, en un atentado perpetrado tras un mitin en Quito. Por otro lado, en Argentina, el 1 de septiembre de 2022 un hombre apuntó con una pistola cargada a la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien sobrevivió solamente porque el arma no disparó.

Estos casos, entre otros, evidencian un patrón común: cuando la polarización ideológica domina y el crimen organizado posee control territorial o accede a redes estatales, la violencia política se intensifica. Este fenómeno no solo socava la seguridad personal de los actores políticos, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones democráticas. La constante amenaza, y en muchos casos materialización, de magnicidios tiene un efecto intimidatorio sobre candidaturas, puede distorsionar la libre competencia electoral y debilitar la credibilidad del voto.

Este Policy Brief examina los patrones subyacentes a la violencia política, identificando cómo la intersección entre polarización partidaria y control territorial/criminal de ciertas regiones ha erosionado la confianza democrática. Se hará énfasis en las elecciones próximas en Colombia para 2026, y las próximas elecciones locales en México y Ecuador, como momentos críticos donde la violencia puede incidir decisivamente en los resultados y en la legitimidad. Finalmente, se explorarán recomendaciones orientadas a implementar marcos multilaterales, tales como protocolos de la OEA, mecanismos regionales de inteligencia, y cooperación contra el narcotráfico, con el fin de mitigar riesgos y fortalecer la resiliencia electoral en la región.

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Conceptos

Violencia política: El concepto de violencia política se refiere a todos aquellos actos de violencia que, por su origen, por sus objetivos o por las consecuencias que producen, están relacionados con el poder político (Waldmann, 1992).

Violencia política letal: Se refiere a la forma de violencia política que implica actos que resultan en la muerte de las víctimas, distinguiéndose de otras formas no letales (García, M& Holmes, D. 2020)

Crimen organizado: "El crimen organizado se define como un grupo estructurado de tres o más personas, existente en el tiempo y que actúa concertadamente con el fin de cometer delitos graves o delitos que, en conjunto, generan un beneficio importante, para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de otro tipo." (Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 2000).

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Crimen organizado, polarización y urnas

Fuente: Elaboración propia con datos recogidos de Datacívica, MOE y France24.

Las cifras de Colombia y México revelan patrones diferenciados pero coincidentes en la concentración de violencia política letal en el ámbito local. En Colombia, aunque los magnicidios institucionales prácticamente no se registran, los asesinatos de políticos locales muestran picos recurrentes, con incrementos en 2019-2020 y un repunte crítico en 2023-2024, cuando se superaron los 200 casos, lo que evidencia un carácter cíclico ligado a coyunturas electorales y al control territorial del crimen organizado. En México, por su parte, la escalada resulta aún más pronunciada: tras mantener promedios relativamente estables por debajo de 100 casos hasta 2020, la violencia se dispara a partir de 2021, superando los 270 asesinatos en 2022 y alcanzando un máximo de 351 en 2023-2024, con 199 en lo que va del 2025. En conjunto, ambas experiencias confirman cómo la violencia política local se ha convertido en un instrumento del crimen organizado y la polarización para influir en la competencia electoral y erosionar la estabilidad democrática en la región.

En México y Colombia, la violencia política letal ha mostrado una correlación directa con los ciclos electorales, revelando cómo el crimen organizado y la polarización partidaria erosionan la seguridad institucional. Las gráficas evidencian que los años electorales concentran los picos más altos de asesinatos de actores políticos, especialmente en cargos locales, donde la disputa territorial es más intensa. La gráfica de México muestra que entre 2015 y 2025, el país registró más de 1,700 asesinatos de actores políticos, con picos pronunciados en los años electorales de 2018, 2021 y 2024. En 2021, por ejemplo, se documentaron más de 75 homicidios, mientras que en 2024 la cifra se acercó a los 346 casos, concentrados en estados como Guerrero, Veracruz, Michoacán y Oaxaca. Esta sistematicidad revela que la violencia política, aunque en tiempos electorales llega a puntos más altos, sigue existiendo estructuralmente, y responde a una lógica de captura territorial por parte del crimen organizado. Durante los primeros seis meses de 2025, se registraron 253 incidentes de violencia política, incluyendo 199 homicidios de actores políticos en 29 de las 32 entidades federativas. Como reportó Infobae (2025) “la violencia política en México se ha convertido en una constante en cada proceso electoral, con candidatos asesinados en plena campaña y funcionarios ejecutados por grupos armados”. La mayoría de las víctimas ocupaban cargos municipales o eran aspirantes a alcaldías, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen organizado busca controlar gobiernos locales como puerta de entrada al poder institucional. Según Integralia Consultores (2025), “la violencia política en México no es coyuntural, sino parte de una estrategia de control territorial por parte de grupos criminales que ven en los gobiernos municipales una oportunidad para consolidar su influencia”.

En la gráfica de Colombia se revela un patrón distinto. Aunque el país no presenta la misma sistematicidad que México, sí muestra una intensificación de la violencia política en años electorales, especialmente en 2018 y 2022. En esos años, se registraron aumentos significativos en los asesinatos de líderes políticos, con énfasis en cargos legislativos y locales. La gráfica indica que, en 2022, año de elecciones presidenciales y legislativas, se documentaron más de 104 asesinatos de actores políticos, muchos de ellos vinculados a partidos emergentes o movimientos sociales. A diferencia de México, donde el crimen organizado domina, en Colombia la violencia está más vinculada a la polarización ideológica y la fragmentación partidaria. La violencia contra figuras políticas ha dejado de ser marginal y se ha convertido en un riesgo estructural para la democracia colombiana, especialmente en zonas donde el Estado no tiene presencia efectiva. Los departamentos con mayor incidencia son Cauca, Nariño, Antioquia y Norte de Santander, todos con antecedentes de conflicto armado y disputas territoriales. Además, la polarización política ha generado un clima de hostilidad hacia candidatos que representan posiciones moderadas o institucionales. En 2025, aunque aún no se ha consolidado el ciclo electoral, los primeros datos muestran un repunte en amenazas y agresiones contra precandidatos, especialmente en el Congreso y en alcaldías estratégicas. Este patrón sugiere que la violencia política en Colombia está evolucionando hacia formas más sofisticadas de intimidación electoral, donde el objetivo no es solo eliminar al adversario, sino deslegitimar el proceso democrático.

Así, el análisis comparado entre México y Colombia confirma que la violencia política letal se intensifica en contextos electorales, aunque con dinámicas distintas. En México, el crimen organizado utiliza la violencia como herramienta de control territorial, afectando principalmente a actores políticos locales. En Colombia, la polarización partidaria y la debilidad institucional generan un entorno de riesgo para figuras políticas en zonas de disputa. Ambos casos ilustran cómo la intersección entre crimen y polarización no solo amenaza la seguridad de los candidatos, sino que distorsiona la competencia electoral y debilita la legitimidad democrática.

Los magnicidios como rupturas críticas de la democracia latinoamericana

Fuente: Elaboración propia con datos recogidos de BBC, France24 y El Tiempo.

Las cifras sobre magnicidios políticos en la última década muestran que, aunque menos frecuentes que los asesinatos de actores locales, estos eventos tienen un impacto desproporcionado en la estabilidad democrática. La primera gráfica evidencia que entre 2021 y 2025 se concentran los casos más significativos: Haití (2021), Argentina (2022), Ecuador (2023) y Colombia (2025). Este patrón revela que los magnicidios ya no son hechos aislados, sino una manifestación regional de la violencia política. El cuadro complementa este panorama al detallar el perfil de las víctimas y el contexto en el que ocurrieron. Se observa que la mayoría de los magnicidios se produjeron en etapas electorales críticas: campañas presidenciales (Ecuador y Haití), precampañas locales (Ecuador) o procesos de polarización política (Argentina y Colombia). Asimismo, los perpetradores se vinculan tanto al crimen organizado —como en Ecuador— como a dinámicas de polarización extrema, como en Argentina y Colombia. En conjunto, los datos confirman que los magnicidios se convierten en rupturas excepcionales pero decisivas, capaces de desestabilizar gobiernos y erosionar la legitimidad institucional en la región.

Fuente: Elaboración propia con datos recogidos de BBC, France24 y El Tiempo.

A diferencia de la violencia sistemática que afecta a actores políticos locales, los magnicidios constituyen rupturas excepcionales en el orden democrático. Su impacto no solo es simbólico, sino también estructural, pues desestabilizan gobiernos, alteran procesos electorales y exponen la fragilidad de las instituciones frente al crimen organizado y la polarización. Los casos registrados entre 2021 y 2025 en Haití, Argentina, Ecuador y Colombia demuestran que esta forma extrema de violencia política se ha regionalizado, alcanzando a figuras de alto perfil en contextos de crisis.

En Ecuador, el asesinato de Fernando Villavicencio marcó un punto de inflexión. El 9 de agosto de 2023, once días antes de las elecciones generales, el candidato presidencial fue asesinado tras un mitin en Quito. Según Primicias (2023), “Villavicencio fue ejecutado por sicarios vinculados al narcotráfico, luego de denunciar públicamente redes criminales dentro del aparato estatal”. Este magnicidio alteró el curso de la campaña, reconfiguró alianzas y expuso la vulnerabilidad del sistema electoral ecuatoriano frente al crimen organizado.

En Colombia este año, el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en plena precampaña marca también un punto de ruptura democrática. Según CNN (2025), constituye el primer magnicidio institucional en más de una década, la muerte de Uribe Turbay marca un punto de quiebre en la política colombiana, donde la violencia ha escalado desde lo social hacia lo institucional. Este crimen se dio en un contexto de polarización extrema, discursos de odio y fragmentación partidaria, lo que intensificó la crisis de legitimidad política.

Por su parte, el caso haitiano refleja un patrón aún más grave. El 7 de julio de 2021, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia por mercenarios extranjeros. Como destacó France24 (2023), se trató de “un magnicidio transnacional que evidenció la captura criminal del Estado haitiano y su colapso institucional”. Este evento sumió al país en una crisis de gobernabilidad prolongada, con múltiples facciones disputando el poder y sin elecciones claras en el horizonte.

En Argentina, la violencia política alcanzó un clímax con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre de 2022. Durante el ataque, un hombre le apuntó con una pistola cargada a centímetros del rostro, en un hecho que The Guardian (2022) describió como “el episodio más grave de violencia política desde el retorno democrático”. Aunque el atentado no se concretó, evidenció cómo la polarización y la judicialización de la política han deteriorado la estabilidad institucional.

En conjunto, estos episodios no son hechos aislados, sino parte de un patrón emergente en América Latina en el que el magnicidio se convierte en la expresión extrema de la violencia política institucional. Más allá de su impacto en la estabilidad gubernamental, estos crímenes golpean directamente la confianza ciudadana en la democracia. Según el Latinobarómetro (2023), los países donde ocurrieron magnicidios recientes presentan niveles críticos de desconfianza: en Haití, solo el 17% de la población expresa apoyo a la democracia; en Ecuador, el respaldo cae al 38%, mientras que en Colombia apenas alcanza el 48% y en Argentina se sitúa en 41%. Esta correlación entre violencia letal contra figuras políticas y baja confianza democrática sugiere que los magnicidios no solo generan vacíos de poder, sino que erosionan la legitimidad del sistema representativo. Las gráficas muestran cómo estos eventos se concentran entre 2021 y 2025, en países con altos niveles de polarización o penetración criminal. Frente a ello, se requieren respuestas multilaterales urgentes, incluyendo protocolos de protección electoral, cooperación regional en inteligencia y mecanismos de alerta temprana que prevengan la repetición de estos hechos.

Regionalización de la violencia política y ausencia de cooperación

La violencia política extrema como magnicidios, asesinatos contra figuras políticas, ya no puede ser considerada como algo puramente nacional. En América Latina y el Caribe se observa un patrón que trasciende fronteras: crimen organizado con redes transnacionales, discursos polarizantes que se retroalimentan entre países, y gobiernos con instituciones frágiles. Este fenómeno exige una respuesta coordinada que vaya más allá de las capacidades estatales aisladas.

Una señal de que la región comienza a reconocer la necesidad de cooperación institucional es la creación de la Alliance for Security, Justice and Development, promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 12 de diciembre de 2024, dieciocho países de América Latina y el Caribe firmaron la Declaración de Barbados, formalizando esta alianza que busca enfrentar el crimen organizado mediante tres pilares: protección a poblaciones vulnerables, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, y reducción de mercados financieros ilícitos. Además, la cooperación se está ampliando hacia componentes técnicos. En abril de 2025, INTERPOL e IDB firmaron una carta de intención para “identificar áreas para la cooperación en la lucha contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe”, fortaleciendo la dimensión operativa del esfuerzo regional. También, la iniciativa EL PAcCTO 2.0, lanzada en marzo de 2024 con financiamiento europeo, busca reforzar la justicia, seguridad y capacidad técnica de los países latinoamericanos y del Caribe para afrontar el crimen transnacional.

Sin embargo, pese a estos avances, los mecanismos existentes aún no responden con la rapidez ni la cobertura necesaria al perfil de riesgo que representan los magnicidios políticos. No hay aún un sistema regional de alerta temprana específico para candidatos bajo amenaza, ni protocolos multilaterales para proteger campañas políticas en momentos críticos. Existe además una fragmentación en los recursos y la voluntad política para asegurar protección preventiva; en muchos casos, las acciones solo se activan después del daño, no antes. Por consiguiente, estos desarrollos demuestran dos hechos complementarios: por un lado, que la violencia política extrema ha adquirido una dimensión transnacional, en la que los peligros para la democracia comparten causas, actores y efectos entre países. Por otro lado, que la respuesta institucional regional está presente, pero incompleta, reactiva y no homogénea. Ante este escenario, es imperativo instituir mecanismos vinculantes que incluyan protocolos comunes de protección electoral, redes transnacionales de inteligencia política, cooperación judicial efectiva y un sistema regional de alerta temprana para salvaguardar la integridad democrática frente a la violencia institucionalizada.

Recomendaciones

• Adoptar protocolos de la OEA para proteger candidatos: Implementar sistemas de alerta temprana y medidas de seguridad electoral, priorizando a mujeres y grupos vulnerables, para reducir la violencia política y fortalecer la democracia inclusiva.

• Fortalecer cooperación regional contra el crimen: Expandir redes de inteligencia transnacional, como EL PAcCTO 2.0, para desarticular el crimen organizado, protegiendo a mujeres políticas y asegurando paridad en la representación.

• Promover paridad de género y combatir violencia simbólica: Establecer cuotas paritarias 50/50 y protocolos contra discursos que limiten a mujeres, garantizando su participación sustantiva en la agenda pública.

Conclusión

La violencia política en América Latina ha experimentado un incremento alarmante en la última década, manifestándose en magnicidios, atentados y asesinatos de actores políticos que socavan la estabilidad democrática, particularmente en contextos de polarización ideológica y penetración del crimen organizado. Países como México, Colombia, Ecuador, Haití y Argentina ilustran cómo esta violencia no solo amenaza la seguridad personal, sino que distorsiona los procesos electorales y erosiona la confianza en las instituciones. Ante este panorama, se plantean dos escenarios prospectivos:

En un escenario positivo de mediano y largo plazo, si los Estados implementan marcos multilaterales robustos como protocolos de la OEA para la protección electoral, mecanismos regionales de inteligencia compartida y cooperación intensificada contra el narcotráfico y el crimen transnacional, se puede mitigar efectivamente los riesgos de violencia política, fortalecer la resiliencia de los sistemas electorales y garantizar una democracia inclusiva. Esto permitiría una participación sustantiva de todos los actores políticos, incluyendo mujeres y grupos marginados, al promover entornos seguros que faciliten la incidencia en la agenda pública y reduzcan la influencia criminal en las instituciones.

En un escenario negativo, si no se adoptan estas recomendaciones, se podría reforzar la dinámica de polarización y control territorial por parte del crimen organizado, perpetuando discursos y actitudes que normalicen la violencia política —incluyendo formas simbólicas y letales que limitan especialmente a las mujeres en cargos públicos—. Esto relegaría la democracia a un cumplimiento formal de procesos electorales, desincentivando la participación diversa y generando una legitimidad meramente aparente, sin considerar las voces de sectores vulnerables ni avanzar hacia una gobernabilidad estable en la región.

Referencias

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Waldmann, P. (1992). Diferentes formas de violencia política. Revista Internacional de Sociología, (2), 121-139.