Síntomas de una democracia enferma: la violación sistemática a la libertad de prensa.

Una de las más grandes características de una democracia liberal sana y robusta es, sin lugar a duda, la libertad de expresión y la importancia que le otorga tanto la ciudadanía como el gobierno a la misma. Si bien histórica y comúnmente la censura y la represión ha sido propio de los autoritarismos y las dictaduras, en la actualidad, son cada vez más los países considerados democráticos que violan la libertad de expresión, ignoran los hechos violentos contra los periodistas y, peor aún, participan activamente de tales acciones.

En ese sentido, resulta importante recordar y defender los valores democráticos que han quedado plasmados en convenciones y declaraciones con respecto a este tipo de libertad y que, al parecer, las democracias más grandes del mundo han llegado a olvidar (p. ej., Donald Trump y su constante violencia contra la prensa).

Dicho eso, el análisis sobre la condición de la libertad de expresión en el caso colombiano resulta profundamente pertinente y fundamental, no solo para exponer las constantes violaciones que los comunicadores y periodistas de Colombia han sufrido en los últimos años, sino también, para resaltar y, emocionalmente, recordar con honor y respeto a múltiples figuras importantes —en ocasiones sin rostro— que han dado su vida por informar sobre la realidad de Colombia. Una realidad que desde varios espacios y actores se ha querido acallar y reprimir de cualquier manera posible. Así pues, en este análisis se podrá encontrar una serie de fragmentos dedicados a dar cuenta de qué manera la democracia colombiana está peligrosamente enferma en materia de libertades fundamentales, específicamente, la libertad de prensa, y cómo la administración ha sido negligente en casi todos los escenarios violentos contra los periodistas, evidenciando una tradición evasiva e insensible sobre la vida de quienes dedican su vida a informar. Adicionalmente, también se podrá observar una crítica a la monopolización de los medios de comunicación tradicionales y el papel que estos deben tener en los tiempos de post conflicto que afronta el país.

El conflicto armado y la violencia histórica contra el periodismo

A pesar de que la violencia contra los periodistas en Colombia tiene un punto de partida indefinido y posiblemente antiguo, los cincuenta años de conflicto armado interno que el país entero ha vivido puede ser suficiente para dilucidar el alcance destructor que la violencia ha dejado en Colombia, y lo fuerte que ha golpeado sus principios liberales, pues con solo mencionar que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica entre el año 1977 y el 2015 murieron 152 periodistas por ejercer su oficio, la conciencia se puede ver aturdida e incluso dolida.

Este punto puede llegar a ser emotivo pero reivindicador, porque permite valorar el trabajo de los comunicadores y recordar a aquellas vidas humanas que se han perdido en el noble oficio de informar a la ciudadanía sobre la realidad de su país. Actualmente, el periodismo continúa siendo violentado, esto se verá más adelante, pero resulta pertinente mencionarlo, porque es inconcebible que año tras año Colombia mantenga sus cifras de violencia contra periodistas y, peor aún, que sea considerado el segundo país más peligroso para ser periodista (Infobae, 2021).​​​​​​​​En consecuencia, el país sufrió dos pérdidas simbólicas y empoderadas del periodismo. La primera, fue el director del periódico El Espectador, Guillermo Cano Isaza en 1986, quién junto a su equipo periodístico y de la mano de políticos como Luis Carlos Galán se atrevieron a exponer sin ninguna contemplación de riesgos a los narcotraficantes del Cartel de Medellín. Un ejemplo de tan honrosa hazaña fue la exposición de los laboratorios de tranquilandia.

La segunda, el humorista político y comunicador Jaime Garzón en 1999 —cuyo caso sigue impune (Universidad Externado, 2019)—, quién a raíz de su sátira y bromas, además de su trabajo social, terminó incomodando a los paramilitares, quienes ordenaron su asesinato.Los anteriores ejemplos son solo dos de cientos que se pueden contar y que organizaciones no gubernamentales como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) llevan documentando durante varios años y señalando que en ocasiones es complejo reunir datos, observando que la justicia es negligente al momento de investigar y condenar a los culpables (FLIP, 2018).

Por otro lado, a partir de la firma del Acuerdo de Paz por parte del Estado con las FARC en 2016, los retos del periodismo colombiano se han enmarcado en la multidisciplinariedad y la contemplación omnicomprensiva donde se eliminen los discursos binarios con respecto al conflicto (Ayala, G., Hurtado, G. ,2007) y se permita indagar y tener en cuenta las diferentes historias de personas que han vivido la guerra de primera mano. Para tal objetivo, múltiples periodistas de Consejo de Redacción y Verdad Abierta fueron capacitados en busca de obtener historias y testimonios de víctimas, excombatientes y demás personas con las que se pudiese hacer periodismo sensible al conflicto y bajo el marco de los derechos humanos, tal proyecto se llevó a cabo en las zonas rojas de Colombia como Antioquia o Nariño.Colombia en el siglo XX sufrió y evidenció el auge de los más mortíferos generadores de violencia y sangre, la razón se encuentra en la consolidación del narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares.

Estos actores armados tenían discursos ideológicos e intereses diferentes, pero compartían por lo menos dos prácticas determinantes para fomentar el terror: la primera, el tráfico de drogas como forma de supervivencia económica y recursos de guerra; la segunda, la violencia sistemática a periodistas, medios de comunicación y cualquier agente que se atreviera a exponerlos​​​

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Fuente: Centro Nacional de Memoria

Efectivamente, los actores armados e ilegales han representado muchas veces la violencia contra la libertad de expresión y contra la democracia colombiana, sin embargo, ¿qué sucede cuando el Estado hace caso omiso de tales casos? Quizás incluso haya quienes se pregunten si realmente la administración se ha hecho cargo de un fenómeno tan preocupante y dañino a la institucionalidad del país, la respuesta es que sí y se verá en el próximo fragmento.

Pero ¿qué se hace cuando las medidas no representan una solución satisfactoria a fenómenos violentos y que cobran vidas? La respuesta a esta pregunta es compleja, pues actualmente las diferentes violaciones siguen ocurriendo y con más fuerza cada año. El anterior segmento buscó demostrar el papel del conflicto armado con respecto al periodismo trayendo a colación personajes icónicos que en su deber han muerto, asimismo, expuso los objetivos del posconflicto, pero, como se acaba de mencionar, el Estado también tiene mucha responsabilidad en este fenómeno violento, en este síntoma enfermizo.

El Estado y el caso omiso al periodismo

El actuar del Estado colombiano se encuentra enmarcado en la ineficiencia e indolencia ante la violencia contra la libertad de prensa que por años ha azotado el país, demostrando nuevamente la omisión en el accionar estatal con respecto a la protección del periodismo nacional.

No fue sino hasta principios del siglo XXI que la problemática volvió al debate público. Con mayor vivacidad al ser tomado por el gobierno de Andrés Pastrana a través del Ministerio de Interior, impulsando el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales. Así, con la radicación del Decreto 1592 del año 2000, se creó dicho programa para una población históricamente golpeada por el conflicto y la indiferencia estatal. En ese orden de ideas, el decreto parte desde la función otorgada al Ministerio de Interior, bajo la cual, éste debe velar por desarrollar programas encaminados a la protección y restablecimiento de los Derechos Humanos de los comunicadores, lo cual resulta ser un eje fundamental para generar resolutivas ante la coyuntura.

En ese sentido, el programa integra tres parámetros fundamentales para su funcionamiento, los cuales según la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son la prevención, la protección y la procuración de la justicia. En ese sentido, el programa que creó el gobierno colombiano debía cumplir con misiones como la de adoptar un discurso público en el que se legitimara la actividad de los periodistas y se dejara clara su importancia dentro de la democracia.

También debía velar por crear una cultura de respeto por parte de las fuerzas de seguridad del Estado hacia el periodismo y sancionar fuertemente a quienes cometieran violencia contra los comunicadores, desde su autor material hasta los que encubrían un hecho así (OEA, 2022).Si bien la radicación del decreto simbolizó el avance en materia de derechos para los periodistas, su planeación contaba con un enfoque de accionar reactivo, dado que su estructura y procedimientos son dirigidos a personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su profesión, por causas relacionadas a violencia política e ideológica, o con el conflicto interno del país, y no de carácter preventivo. A pesar de las críticas frente a la naturaleza del programa, a partir del año 2000 se evidencia una disminución en los homicidios a periodistas, al punto de que en 2008 no se registraron asesinatos. Asimismo, la tendencia se mantiene en una curva a la baja; sin embargo, hay otro tipo de violaciones que los comunicadores sufren como las amenazas (las cuales se expondrá más adelante), o las censuras.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de FLIP, 2022

Consecutivamente, la FLIP en 2015 hizo un reporte analizando el alcance y la efectividad del programa de protección, en el cual determina principalmente una evidente mejoría en la sensación de seguridad, lo cual confirma los datos de la gráfica siguiente. No obstante, el programa ha tenido diversos errores que la FLIP resume en corrupción, negligencia y presupuestos demasiado bajos. Adicionalmente, cabe resaltar que en el año 2011 el programa pasó a manos de la Unidad Nacional de Protección, donde la FLIP denunció múltiples casos de corrupción e indebido uso de los fondos otorgados. Asimismo, la impunidad y negligencia por parte de la fiscalía es otro de los grandes aspectos que critica la FLIP al programa, puesto que éste fue creado para protección de la integridad y la vida de los comunicadores y más específicamente en las zonas rojas (FLIP, 2015).

En consecuencia, la FLIP ha concluido que el 80% de los asesinatos y dinámicas violentas contra los periodistas han sido evadidos y dejados en total impunidad. Por otra parte, la FLIP también reporta que en los últimos años los asesinatos han crecido y que, contrario a fuentes oficiales, es probable que los casos de violencia sean más de los que se llevan contados, específicamente en el gobierno Duque (El Colombiano, 2021).Visto así, entre la intimidación, el asesinato, la desaparición y el acallamiento que han sufrido los periodistas, muchas de las falencias que ha tenido el programa de protección se expresan en que es un modelo reactivo y no preventivo, es decir, no busca mitigar riesgos ni prevenirlos, sino responder cuando ya han sucedido —, cosa que resulta contraproducente. Además, el dinero invertido en el programa no ha sido el más adecuado para su implementación y el personal del Estado que ahí está no cuenta con capacitación sólida para cumplir la misión de generar planes integrales de protección (Sociedad Interamericana de Prensa, 2022).

En términos generales, las grandes asociaciones de periodistas y la propia FLIP recalcan una ineficiencia en el deber ser del Estado con la libertad de prensa y han expresado desear un diálogo que permita diseñar nuevamente el programa bajo el enfoque de prevención y de real apropiación de las preocupaciones de los periodistas por parte del Estado.

La apatía de Duque y la desesperanza de las libertades

El retroceso de la democracia colombiana se recrudeció durante el periodo del expresidente Iván Duque, especialmente en materia de derechos humanos y libertades civiles. El Fragile States Index, estudia diferentes indicadores que ofrecen a cada Estado un puntaje determinado, en el que 0 es el puntaje donde un país es menos frágil, y 10 significa mucha fragilidad. En ese sentido, el indicador de derechos humanos y Rule of Law analiza la relación del gobierno con su población por medio de diferentes preguntas en las que, para este caso, resaltan dos: (I) ¿Existen leyes que protejan la libertad de expresión? y, (II) ¿Hay libertad de movimiento? En base a este par de preguntas se desglosa un análisis preocupante, en el que se observa que durante el periodo de Duque (2018-2022) los derechos humanos en Colombia experimentaron un empeoramiento de su nivel de riesgo, pasando de 6,8 en 2021 a 7,2 en 2022 (Fragile States Index, s.f), tal como lo evidencia la gráfica.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Fragile States

Cabe aclarar que dicho indicador ocupa muchas más cosas relevantes. Sin embargo, para objeto de este estudio y en defensa de las libertades civiles y políticas, el apartado de libertad de expresión es fundamental para evaluar la democracia. Este resultado ofrece un primer acercamiento a lo que la FLIP y los medios de comunicación independientes de Colombia han llamado “el presidente recluido”, y en el que se han observado hostilidades a comunicadores críticos, eso sin mencionar las manifestaciones sociales que ocurrieron durante su periodo.Sin lugar a duda, el negacionismo y el egocentrismo en un gobernante pueden implicar efectos positivos o negativos en la práctica política, es decir, la humanidad del político es tan importante como su habilidad política.

Desafortunadamente, Duque no demostró aptitudes satisfactorias en ninguno de los dos casos, la razón es como sigue. Al final de su periodo presidencial, Iván Duque tuvo dos momentos importantes y dañinos a la libertad de expresión. El primero cuando le dijo a la revista Semana que había periodistas efectivos en Colombia que cumplen el deber de informar —refiriéndose a aquellos que, para él, no eran críticos—; mientras, por el contrario, hay quienes más que periodistas son militantes que nublan la profesión cayendo en el activismo (Infobae, 2022).

El segundo momento fue con el periodista Stephen Sackur de la BBC, en donde, a pesar de que éste le entregaba cifras verídicas, el presidente interrumpió constantemente y negaba lo que su locutor le decía.Frente a ambos momentos, pero, sobre todo, frente a los cuatro años de relación con el periodismo, la FLIP ha publicado un documento titulado “La vanidad del presidente y el deterioro de la libertad de prensa”, en el que mantuvo una estrategia de amigo-enemigo con la prensa. Con aquellos, considerados como críticos, primó la desconfianza y el hermetismo. Adicionalmente, la FLIP resalta que el gobierno de Duque utilizó recursos humanos y económicos para priorizar la comunicación institucional e imponer su narrativa. Con ello contribuyó al ambiente de polarización y construyó una muralla que afectó el acceso a la información (FLIP, 2022).

Pueden resaltar infinidad de desaciertos más por parte del expresidente, sin embargo, con los mencionados es suficiente para dar cuenta de la manera en que la relación del presidente con la prensa minó la democracia y desatendió las necesidades de protección que los periodistas han expresado hace bastante tiempo.Hay un par de puntos importantes más por mencionar, pues entre las violaciones por parte del gobierno a la prensa, se encuentra la naturaleza de su discurso extremista, puesto que el acuerdo de paz y el marco del posconflicto buscaban una humanización del periodismo y de la prensa, al reconstruir la memoria histórica y eliminar los discursos binarios que en los años más crudos del conflicto se formaron. Asimismo, la conducta de Duque amigo-enemigo con los medios generó una evasión de responsabilidades declaratorias, pues Duque atendía solamente medios convencionales e ignoraba a los críticos (FLIP,2022). Sin olvidar la pasmosa declaración a un periodista cuando se le interrogaba sobre un bombardeo militar que habría causado la muerte de una mujer embarazada y algunos menores de edad: “¿De qué me hablas viejo?”Si las relaciones de Duque y la prensa no eran las mejores, las manifestaciones de 2019 y 2021 fueron la tapa que colmó el vaso, pues el estallido social a causa de los efectos de la pandemia y las políticas del gobierno causaron un descontento que se tradujo en largas protestas que, desafortunadamente, demostraron la insensibilidad del gobierno, los excesos de la fuerza, la apatía de Duque y lo poco que le importaban los comunicadores.

Fue tan dramática la situación de violencia por parte del gobierno hacia los manifestantes que el Derecho Internacional Humanitario tuvo que intervenir a observar, manifestar y redactar las respectivas recomendaciones e irregularidades hacia el gobierno. De manera que el Paro Nacional fue el escenario perfecto para evidenciar las conductas antes mencionadas y, sobre todo, para dar cuenta de la violencia sistemática hacia la prensa, pues durante las manifestaciones no solo fueron afectados periodistas independientes, sino también los grandes medios de comunicación.

Adicionalmente, el presidente nunca destacó por lograr dialogar y llegar a acuerdos con los manifestantes; en cambio, las declaraciones que llegó a dar fueron estigmatizadoras, de censura y, en un todo, iliberales.Frente a esto, el balance de la FLIP menciona que la violencia contra el periodismo fue recrudecida una vez empezaron las manifestaciones sociales. La FLIP reconoce aproximadamente 299 casos de violencia contra el periodismo en los dos meses que duró el paro nacional, además, informa que el 58% de los casos fueron hechos por agentes de la fuerza pública y que los diferentes operativos presentan profundas irregularidades que deben ser corregidas para un correcto desarrollo de la labor periodística (FLIP, 2021). Tal fenómeno, fue el que generó que la FLIP solicitara la presencia de las Organizaciones No Gubernamentales, argumentando que la impunidad por los casos de violencia contra los periodistas era inconcebible, y peor aún, que fueran hechas por parte del gobierno en su mayoría. Por otro lado, si bien el 2021 fue el peor año en cuanto a violencia, el 2019 no se queda atrás, pues la FLIP reportó irregularidades por parte de la fuerza pública y una dinámica evasiva que, si se quiere, puede buscarse en redes sociales dando cuenta no solo de excesos, sino también de intenciones censuradoras. Ahora bien, otro punto importante es que la violencia contra los periodistas y comunicadores se expande por muchos factores como la estigmatización, el hostigamiento, la exclusión entre otros. Pero si un fenómeno es preocupante es el de la amenaza. En Colombia el programa de seguridad a periodistas se creó principalmente bajo la idea de proteger a los comunicadores en las zonas rojas del país, es decir, donde más álgido era el conflicto armado, y mientras en las ciudades los periodistas sufrían diferentes tipos de violencia, en estas zonas no cesaba el fenómeno del amedrentamiento y la amenaza, las cuales son conductas que llevan al acallamiento de realidades sociales. 

En ese sentido, Colombia no es solo el segundo país más peligroso para ser periodista, sino que además el riesgo de ser amenazado es enorme, preocupante y antidemocrático, pues quien debería defender el Rule Of Law y los derechos llegan a ser los mismos que, por ejemplo, utilizan las fuerzas militares para perfilar influencers y detectar si son amigos, o enemigos.

Consideraciones finales y posibles escenarios

A pesar del desafortunado escenario que históricamente y aún hoy viven los comunicadores y periodistas, las redes sociales han abierto una nueva puerta que escapa a la censura de la realidad y a la persecución oficial. En los albores de una sociedad mucho más hambrienta de cambios sociales, bienestar social y amplitud de oportunidades, el espacio para el acallamiento se reduce cada vez más, pues ahora no solo es más sencillo encontrar información y obtener detalles sobre cualquier tipo de información reciente de Colombia, sino que además hay potenciales comunicadores independientes que, por medio del humor, o el lenguaje que incomoda pero que retumba en los oídos ignorantes, llega a sembrar la semilla de la consciencia y del llamado a levantarse por defender las libertades civiles y los derechos que por tanto tiempo han sido negados.

Personas como Levy Rincón o Juanpis Gonzales son claro reflejo de libertad, de emancipación y de ruptura contra el establishment y las dinámicas autoritarias que se han intentado imponer en Colombia, por medio de narrativas convenientes y en ocasiones manipuladas o clientelistas. Por tal razón, la generación actual y las futuras deben encargarse de masificar aquel periodismo libre y sin censura que habla con la verdad por más furias que llegue a levantar, pero claro está, que el gobierno y el Estado deben encargarse de garantizar los derechos y el cuidado a la integridad de estas personas, si no, de nada servirá la valentía.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de FLIP, 2022

Asimismo, se requiere de voluntad por parte del gobierno, pues las quejas hacia el programa de protección a periodistas han causado la intención de reformarlo en un enfoque preventivo e inclusivo con los comunicadores, en que el programa de protección cuente con la opinión y la previa aprobación de estos (Federación Internacional de Periodistas, 2020).En definitiva, puede ser triste observar la realidad que un país supuestamente en camino a la paz sigue sufriendo con respecto a personas que trabajan en una labor tan importante de la democracia, pues la prensa, el periodismo y la comunicación son aspectos fundamentales del liberalismo, del libre pensamiento, de la libertad de expresión, en definitiva, de los derechos como individuos libres. Muchos son los debates con respecto a la democracia colombiana. Se tacha de fallida, de protocolaria o, en el más radical de los casos, de dictadura. La verdad es que en el Democracy Index de The Economist, Colombia está cerca de pasar de ser una democracia frágil a un régimen híbrido (The Economist, 2021).

Dicho lo anterior, más allá de debatir la calidad de la democracia colombiana, se debe buscar y exigir, mediante la crítica, que el gobierno cumpla los valores liberales estipulados en la Constitución Política de Colombia de 1991 y se inicie un proceso de fortalecimiento democrático. Dos aspectos pueden ser fundamentales para tal fin: el primero, el respeto a la crítica que se haga al gobierno como una forma de validar y considerar las posiciones contrarias; y, segundo, la promulgación de una cultura política en la que el diálogo y el respeto por la diferencia sean los pilares democráticos, pues la cultura política colombiana tiende a ver la crítica como un potencial enemigo, tal cosa termina por enfermar más la democracia, crear polarización y animar los humos autoritaristas que durante el siglo XXI el país ha logrado evidenciar. Finalmente, aunque la democracia de Colombia está enferma, es fundamental observar las acciones del nuevo gobierno y la forma en que se comporte con respecto a la libertad de prensa, pues solo eso podrá ofrecer una perspectiva sobre lo que viene para la democracia colombiana y su futuro incierto.

Referencias

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