La seguridad se ha convertido en la principal fuente de tensión política para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pese a que su administración reporta avances como la reducción de homicidios y mantiene niveles relativamente altos de aprobación general, la percepción de inseguridad continúa siendo elevada y se ha reforzado con posibles subregistros en datos oficiales. Las protestas del 15 de noviembre, lideradas principalmente por jóvenes, expresaron un descontento que no constituye una crisis institucional, pero sí revela un desgaste focalizado en el área más sensible del país.

La reciente suspensión de la ayuda económica de Estados Unidos a Colombia, anunciada por el presidente Donald Trump, ha reconfigurado una relación histórica marcada por la cooperación y la dependencia. Esta decisión, justificada bajo el argumento del combate insuficiente al narcotráfico, pone en riesgo programas de asistencia humanitaria, paz y seguridad, al tiempo que plantea interrogantes sobre la soberanía y la autonomía política de Colombia frente a su principal aliado.

El Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, vigente para el período 2024-2027 y presentado por la administración del actual alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, se planteó como eje central la recuperación de la confianza ciudadana y la garantía de condiciones de movilidad y de convivencia en el espacio público. Sin embargo, el presente texto pretende abordar, como tópicos principales, la seguridad, el aumento de la violencia contra la mujer y el mal manejo de residuos, desde una perspectiva de gestión pública, con el fin de evidenciar el incumplimiento y la mala ejecución de los programas planteados en cada una de estas áreas.

En América Latina, el mecanismo de destitución presidencial (impeachment, vacancia o juicio político) se ha consolidado como una herramienta institucional para resolver crisis de gobernabilidad. Sin embargo, su uso recurrente refleja la fragilidad de los sistemas presidenciales en la región.