Estallido social en Ecuador: una tradición de violencia, racismo y discriminación institucional

Luego de dos estados de excepción, seis muertos, aproximadamente 500 civiles lesionados y 238 agentes de policía heridos, el Gobierno Nacional ecuatoriano firmó la paz con las organizaciones indígenas tras una intensa jornada de 18 días de manifestaciones, junto a un plazo fijado de 90 días para cumplir con los compromisos pactados (Wambra, 2022). No obstante, esta crisis puso de manifiesto la tradición racista y discriminatoria en contra del movimiento indígena que se sostiene desde las instituciones estatales, la cual se explica por dos razones fundamentales. Por un lado, la criminalización de la protesta social, que ocurre cuando la justicia adopta distintas modalidades, como el hostigamiento judicial a los líderes de las comunidades indígenas o derechos humanos mediante instrumentos de tipo penal, lo cual va acompañado de discursos que ponen en tela de juicio su labor y los posicionan como enemigo público. Por otro, la ineficacia de las políticas públicas que están dirigidas a preservar la vida y la salud de las comunidades indígenas, la cual guarda estrecha relación con la indiferencia que tiene el Estado frente a las problemáticas de dicha población, que se ve reflejada en los altos niveles que alcanza la tasa de pobreza indígena históricamente.

Así, dicho estallido se remonta al 13 de junio del 2022, cuando la CONAIE convocó un paro nacional indefinido para reclamar por el incumplimiento acciones pactadas por el Ejecutivo durante el último año en respuesta al encarecimiento de condiciones de vida en el país como la escasez de medicamentos y los bajos presupuestos para salud y educación. En consecuencia, junto a otras organizaciones, la CONAIE elaboró un comunicado oficial de 10 puntos, a saber: la reducción y congelamiento del precio del Diesel; el refinanciamiento de deudas a un año para el sector agrícola; el control en los precios de los productos campestres; la mejora de condiciones laborales; la derogación de decretos que promueven la exploración minera; el cumplimiento y garantía de los derechos colectivos; la no privatización de los sectores estratégicos; el control de la especulación económica; un presupuesto decente para la salud y educación y el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a preservar la seguridad (France 24, 2022). Sin embargo, como bien se mencionó, el Paro Nacional representa sólo un aspecto de una gran problemática que se explica desde dos ámbitos.

Discursos de odio, violencia y criminalización de la protesta social

A partir del conflicto mencionado, el Estado ha desarrollado un conjunto de mecanismos con el fin de silenciar y deslegitimar a las comunidades que manifiestan su oposición frente a la ejecución de algunos proyectos y políticas públicas, desatando inestabilidad y conflictos sociales. Generalmente, estos reclamos son clasificados como conductas delictivas penalizadas legalmente. En este sentido, el derecho penal ecuatoriano tipifica delitos que permiten juzgar las manifestaciones masivas como conductas antijurídicas y punibles, las cuales, en su mayoría, presentan irregularidades, ya que facultan a la Fiscalía para que restringe libertades fundamentales (Ruíz, 2019, pp. 69-70). 

De este modo, en el marco de la última ola de movilizaciones sociales, el gobierno ecuatoriano tomó medidas judiciales para debilitar las manifestaciones. Según la Alianza por los Derechos Humanos (2021), se registraron aproximadamente más de 150 detenciones arbitrarias, 6 casos de homicidio, privaciones arbitrarias a la libertad, desapariciones temporales, torturas, tormentos, hostilidades por motivos étnicos y tratos despiadados, inhumanos y degradantes.  Sin embargo, el caso que más destacó fue el arresto de Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, por ser el presunto autor de los delitos de rebelión y paralización de los servicios públicos (Ecuador Today, 2022). Así, mientras el presidente Lasso salía a dar declaraciones de paz e invitaba rechazar la violencia del paro en los medios, también respondía –de manera simultánea – a las protestas con un uso desmedido e indiscriminado de la fuerza, lo cual agudizó la coyuntura.

Desafortunadamente, esta persecución acompañada de discursos de odio no es reciente ni exclusiva del gobierno actual ecuatoriano. En 2013, bajo el mandato de Rafael Correa, la justicia ecuatoriana sentenció a 12 años de prisión a los dirigentes indígenas Pepe Acacho y Pedro Mushiant, acusándolos de cometer el delito de terrorismo organizado, como consecuencia de las manifestaciones que lideraron en contra de la Ley de aguas, cuyo propósito era la instauración de una Autoridad Única del Agua (AUA), dirigida por la Presidencia de la República (El Universo, 2013). Años después, en 2015, en medio del Paro Nacional de ese año, Correa tildó de “indios fracasados” a los líderes indígenas que dirigían esas manifestaciones (Mancero, 2017, p.14).De igual manera, destaca el caso de Abdalá Bucaram, presidente del Ecuador entre los años 1996 y 1997. De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad de 2010, el gobierno de Abdalá Bucaram lideró una cadena de ataques en contra las organizaciones y activistas defensores de derechos humanos, lanzando iniciativas para dividir a la CONAIE, entre otras medidas.  La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) registró 34 casos de homicidio, 67 casos de tortura, 376 casos de lesiones físicas, 414 casos de arrestos ilegales y tres casos de desapariciones (Comisión de la Verdad, 2010, p.36).

Abandono estatal y nulidad de políticas de seguridad y supervivencia de los pueblos indígenas

El segundo aspecto determinante en la coyuntura que atraviesa Ecuador se remonta a 2008, cuando entró en vigor la nueva constitución, pues en ese año Ecuador se declaró como un Estado plurinacional e intercultural y de derechos. Sin embargo, después de 20 años de ratificación del convenio 169 de la OIT, el cual reconoce un conjunto de derechos a favor de los Pueblos Indígenas del mundo, aún no existen políticas públicas dirigidas a la preservación y supervivencia de dichos pueblos, lo cual demuestra la inatención del Estado para evitar que estas comunidades desaparezcan (Iwgia, 2022).  

Para dar cuenta de lo anterior, puede observarse el comportamiento de la tasa de pobreza extrema indígena, la cual ocupa históricamente el primer lugar entre los grupos étnicos. De acuerdo con el último boletín del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE para 2021, los indígenas son la población más pobre, con una tasa del 59.9%, seguido de los montubios con 28,7% y afroecuatorianos con 18,9%. En ese sentido, el nivel más bajo de pobreza pertenece a las personas mestizas-blancas, con una tasa del 11,9%. Lo anterior da cuenta de la inequidad estructural en la que se encuentran las poblaciones indígenas y afrodescendientes, evidenciando así la negligencia del gobierno frente a las problemáticas de estas comunidades.

Fuente: (PUCE, 2022)

Pues, como se aprecia en la gráfica, la situación de los indígenas en la escala se mantiene en la primera posición desde el 2009. Por otro lado, las masivas violaciones al derecho a la consulta previa, libre e informada en el levantamiento social son alarmantes: 21 pueblos originarios se alzaron debido a que 2.278.817 hectáreas se entregaron a empresas explotadoras de petróleo sin consulta previa (Ruíz, 2022). Además, se denunciaron operaciones violentas por partedel gobierno Lasso para imponer proyectos mega mineros en las regiones de Imbabura y el Cóndor Mirador, desalojando a comunidades indígenas que residían en esos territorios, como los comuneros de Tundayme (Ruíz, 2022). 

En conclusión, el Paro Nacional en Ecuador dejó en evidencia la tradición de racismo y discriminación estructural que se mantiene desde el gobierno y las instituciones políticas, la cual se manifiesta en la criminalización y persecución judicial del movimiento indígena y la negligencia estatal frente a las problemáticas que atraviesa esta población. Si bien este movimiento ha logrado distintos acuerdos, no alcanzan a generar cambios estructurales, razón por la cual se ha vuelto común que se formen estallidos sociales en el marco del conflicto entre indígenas y Estado, pues la esencia del problema perdura. En este sentido, en el marco de las negociaciones que están llevando actualmente las partes en cuestión, es deber del presidente, junto con los demás actores políticos, acompañar el diálogo profundo e incluyente con respuestas tangibles, dirigidas a preservar la vida e integridad de los colectivos defensores de derechos humanos y de los pueblos nativos. De lo contrario, es solo cuestión de tiempo para volver a ver otro estallido que termina por minar los valores democráticos del país.

Referencias

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