El impeachment en América Latina y la vacancia de Dina Boluarte en Perú

Introducción

En América Latina, el mecanismo de destitución presidencial (impeachment, vacancia o juicio político) se ha consolidado como una herramienta institucional para resolver crisis de gobernabilidad. Sin embargo, su uso recurrente refleja la fragilidad de los sistemas presidenciales en la región.

El caso más reciente fue la destitución de Dina Boluarte en Perú (10 de octubre de 2025). La mandataria fue destituida por el Congreso de su país, luego de que el parlamento unicameral, con 118 votos a favor, aprobara la vacancia por "permanente incapacidad moral" (BBC, 2025). La primera moción se centró en los presuntos delitos de corrupción “Caso Rolex”; la segunda, en la crisis de inseguridad ciudadana; la tercera, en la omisión de liderazgo frente al crimen organizado; y, la cuarta, en el supuesto abandono de funciones y la falta de transparencia en sus actividades oficiales (Congreso de la República del Perú, 2025). A esto se sumó su aprobación ciudadana, la cual caía hasta un 3 % con una desaprobación que repuntaba hasta el 93 % en septiembre de 2025 (IEP, 2025). Esta combinación de inseguridad, crisis de gobernabilidad, corrupción y una opinión pública desfavorable facilitó que el Congreso votara a favor de su destitución con más de 122 votos.

Fuente: Instituto de Estudios Peruanos (IEP). (2025, julio). Informe de opinión: julio 2025 (informe completo)

No obstante, este episodio en Perú se inscribe en una tendencia regional mucho más amplia que ha caracterizado a América Latina en las últimas décadas. En países como Brasil, Paraguay, Honduras, Ecuador o Bolivia, el impeachment o juicio político se ha utilizado como una válvula institucional para enfrentar crisis presidenciales cuando el Ejecutivo pierde legitimidad social o respaldo parlamentario.

En este Policy Brief se demostrará cómo los casos latinoamericanos evidencian que la figura de la destitución presidencial —aunque concebida como última ratio frente a violaciones de la Constitución o de la ley por parte de los jefes de Estado— se ha convertido en una práctica recurrente en la región y en un instrumento político para resolver crisis de gobernabilidad.

En este sentido, el impeachment en América Latina, lejos de ser únicamente un mecanismo de salvaguarda del Estado de derecho, revela defectos estructurales de los sistemas políticos: checks and balances desequilibrados entre ejecutivos y legislativos, y una estabilidad democrática bajo permanente amenaza. Un fenómeno que coincide con lo que advertía Sartori (1997), quien señalaba que un constitucionalismo incapaz de prever los efectos reales de sus disposiciones podría generar vacíos como el de la “vacancia presidencial” peruana, que, en lugar de resolver los conflictos, termina por profundizar la inestabilidad institucional y la parálisis del sistema.

_______________

Conceptos

Vacancia presidencial: Según el artículo 113, inciso 2, de la Constitución peruana de 1993, es el Congreso quien declara la incapacidad moral permanente del presidente, lo que produce automáticamente la vacancia del cargo (Atienza & Ruiz Manero, 1991, p. 107).

Incapacidad moral permanente: La figura de la incapacidad moral permanente en el Perú constituye una cláusula de contenido abierto, que ha pasado de significar incapacidad mental a convertirse en un juicio político del Congreso sobre la conducta del presidente” (López, 2020, p. 52).

Crisis de gobernabilidad: Es la situación en la que un sistema político pierde la capacidad de tomar decisiones legítimas y efectivas, debido a la parálisis institucional, la incapacidad de los gobiernos para responder a las demandas ciudadanas y la erosión del apoyo político (Sartori 1997)

Impeachment: Mecanismo constitucional de control que permite destituir a un presidente mediante juicio político (Levitsky, S, & Ziblatt, D, 2018)

_______________

El Impeachment en Perú

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso de la República del Perú. (2025). Actas de vacancia y renuncia presidencial (2000–2025).

Perú se ha convertido en un caso emblemático de la inestabilidad presidencial en América Latina. Desde la crisis política del año 2000, que culminó con la renuncia de Alberto Fujimori tras la difusión de los llamados “vladivideos” y de graves denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos, el país ingresó en un ciclo de sucesiones irregulares que, al final, terminó por minar la estabilidad de su régimen democrático. La caída de Fujimori marcó un periodo de precariedad del sistema de partidos y de desconfianza ciudadana hacia las instituciones (Tanaka, 2005, p. 87).

La figura de la vacancia por “incapacidad moral permanente” tiene raíces históricas en el ordenamiento peruano desde 1839 y permanece vigente en la Constitución de 1993 (Constitución Política del Perú, 1993, Art. 113). No obstante, su interpretación ha variado con el tiempo. En un inicio estaba asociada a la incapacidad mental del gobernante, mientras que actualmente se entiende como una valoración subjetiva de la idoneidad ética y de la conducta del mandatario, lo que abre un amplio margen de discrecionalidad política en su aplicación.

Un efecto que se observa en los datos de confianza ciudadana en los partidos políticos en Perú entre 2000 y 2023. Aunque existen picos aislados de recuperación, la tendencia general es claramente descendente, con niveles que caen por debajo del 15 % en varios momentos clave (2019–2020).

Fuente: Elaboración propia datos sacados de latinobarómetro (2024).

Tras la caída de Alberto Fujimori (2000), la confianza política se desplomó a niveles mínimos (14 %), lo que reflejó el colapso del sistema partidario y la repulsión ciudadana hacia la corrupción del régimen fujimorista. Este periodo marcó el inicio de una democracia “sin partidos”, en la que la representación política perdió su vínculo con la ciudadanía (Tanaka, M., 2005).

El gobierno interino de Valentín Paniagua (2000–2001) generó una leve recuperación gracias a su carácter conciliador, pero el ascenso de Alejandro Toledo (2001–2006) y sus escándalos de corrupción volvieron la tendencia a la baja. La confianza siguió deteriorándose durante los mandatos de Alan García (2006–2011) y Ollanta Humala (2011–2016), que, aunque lograron culminar su periodo, estuvieron marcados por conflictos sociales y cuestionamientos éticos.

La etapa más crítica se intensificó a partir de 2016. Pedro Pablo Kuczynski, elegido ese año, renunció en 2018 en medio de acusaciones de corrupción vinculadas al caso Odebrecht y ante la inminencia de una vacancia parlamentaria. Este episodio reflejó la imposibilidad del Ejecutivo de sostener coaliciones frente a un Congreso fragmentado y hostil, lo que precipitó su salida (Meléndez, 2019, p. 22). Posteriormente, la vacancia de Martín Vizcarra (2020) evidenció la incapacidad del Ejecutivo y el Legislativo para sostener acuerdos mínimos. Esta situación reflejó un quiebre de la legitimidad institucional, en el que el Congreso pasó a desempeñar un rol hegemónico en la definición del poder político (Durand, 2023, p. 147).

El breve gobierno de Manuel Merino (2020) representó uno de los momentos más críticos: la represión de las protestas y la muerte de manifestantes provocaron un colapso casi total de la confianza ciudadana (BBC, 2020). El gobierno transitorio posterior de Francisco Sagasti (2020–2021) permitió cierta estabilización, aunque sin mejoras sustanciales en la percepción de los partidos. En los años siguientes, los mandatos de Pedro Castillo (2021–2022) y Dina Boluarte (2022–2025) no lograron revertir la tendencia.

En conjunto, la gráfica muestra que cada ruptura presidencial —ya sea por vacancia, renuncia o protestas— tiene un impacto inmediato y negativo en la confianza ciudadana. A su vez, esta desconfianza alimenta nuevas crisis de legitimidad, lo que crea un círculo vicioso de gobernabilidad frágil. El resultado es una democracia que sobrevive más por inercia institucional que por convicción ciudadana.

Fuente: elaboración propia con datos de Elaboración propia con base en datos del Congreso de la República del Perú (2025)

La gráfica de barras muestra la distribución de las formas de salida de los presidentes del Perú entre 2000 y 2025, lo que revela un patrón de inestabilidad política crónica. De acuerdo con los datos del Congreso del Perú, tres mandatarios culminaron su mandato, tres renunciaron, tres fueron destituidos mediante vacancia y dos ejercieron gobiernos interinos.

Este comportamiento evidencia que, en las últimas dos décadas, solo una minoría de presidentes ha completado su periodo constitucional de manera regular, mientras que la mayoría ha sido reemplazada por crisis políticas o renuncias forzadas. El hecho de que las cifras de “vacancia” y renuncia sean iguales demuestra que la presión política y la pérdida de legitimidad se han convertido en factores estructurales de la gobernabilidad peruana.

En síntesis, desde el año 2000 ha tenido once presidentes, cuando constitucionalmente solo debió tener cinco mandatos completos. En promedio, cada presidente ha permanecido 2,3 años en el poder, lo que evidencia una marcada discontinuidad gubernamental.

Este ciclo de renuncias, vacancias y gobiernos interinos revela que la democracia peruana opera en un escenario de fragilidad estructural y de crisis, donde el equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo está constantemente tensionado y donde la figura de la vacancia se ha transformado en un instrumento recurrente de resolución política, más que en una medida excepcional.

El Impeachment en LATAM

La experiencia peruana dista mucho de ser “excepcional”. En distintos países de América Latina, el juicio político ha sido incorporado en las constituciones como un mecanismo de control democrático frente a presidentes que pierden legitimidad social o incurren en faltas graves. Sin embargo, el alcance, las causas y los límites de este procedimiento varían de manera crítica.

En Brasil, la Constitución de 1988 regula el proceso de destitución presidencial (impeachment) en sus artículos 85 y 86, estableciendo que el presidente puede ser destituido por “crímenes de responsabilidad”. Esta disposición legal fue clave para la salida de Dilma Rousseff en 2016, en un proceso vinculado a manipulación presupuestaria y a una crisis política profunda (Rattinger, 2018).

En Paraguay, la Constitución de 1992 contempla el juicio político como mecanismo para destituir al presidente por causales como la grave culpa o el delito funcional (artículos 225 y 229). El caso de Fernando Lugo en junio de 2012 fue emblemático: el Congreso paraguayo aprobó su destitución en un proceso muy acelerado y ampliamente criticado por organismos internacionales por debilitar la legitimidad democrática (Marsteintredet, Llanos & Nolte, 2013).

En Honduras, la crisis política de 2009 llevó al Congreso y a la Corte Suprema a avalar la salida de Manuel Zelaya, lo que muchos analistas calificaron como una ruptura del orden institucional, a pesar de la existencia de normas de control al Ejecutivo. Esta situación evidenció la tensión entre los mecanismos formales de rendición de cuentas y las salidas extraordinarias en la gobernabilidad presidencial (Pérez-Liñán, 2007).

En Ecuador, la Constitución de 2008 incorpora causales específicas para la destitución presidencial mediante juicio político. En 2023, el presidente Guillermo Lasso enfrentó ese mecanismo, optando por aplicar la “muerte cruzada” (disolución del Congreso) para evitar su destitución, lo que mostró cómo el control constitucional puede adoptar formas complejas en contextos de crisis (García-Marín, 2025).

En Colombia, en comparación, la Constitución Política de 1991 define un marco mucho más restrictivo y predecible para la responsabilidad del presidente. El artículo 174 establece que el mandatario solo puede ser juzgado por el Senado en caso de “violación de la Constitución o de la ley”, y siempre con base en un procedimiento judicial previo de la Corte Suprema de Justicia (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 174). Este diseño genera seguridad institucional, pues limita el juicio político a causas jurídicas verificables, a diferencia de la ambigüedad del caso peruano.

Estos casos muestran que, mientras en países como Brasil y Paraguay el impeachment está limitado a delitos de responsabilidad o a causales precisas, en Perú la cláusula abierta de incapacidad moral ha dado lugar a interpretaciones amplias y discrecionales, con una mayor frecuencia de aplicación.

Fuente: Elaboracion propia con datos de Sánchez Gayosso, R. D., & Escamilla Cadena, A. (2017). La interrupción del mandato presidencial en América Latina (1992–2016)) & BBC News (2020, 2025)

La última gráfica muestra que el caso peruano se destaca por concentrar el mayor número de episodios, lo que sugiere que la vacancia presidencial se ha convertido en un mecanismo sistemático de resolución de crisis políticas. Este uso recurrente refleja la combinación de un sistema de partidos fragmentado, un Congreso con amplias facultades y una baja legitimidad del Ejecutivo, elementos que, en conjunto, generan ciclos de inestabilidad.

En contraste, países como Ecuador, Brasil y Paraguay han recurrido al juicio político en menor medida, empleándolo como un mecanismo extraordinario ante situaciones críticas. La estabilidad presidencial en América Latina está directamente relacionada con la calidad de las instituciones. La repetición de destituciones en ciertos países muestra que, más allá de las coyunturas, existen patrones estructurales de gobernabilidad frágil, en los que el Congreso se erige como actor central en la definición de la continuidad o la interrupción de los mandatos.

Recomendaciones

• Fortalecer la legitimidad democrática: Como plantea Sartori (1997), una democracia estable depende de la capacidad de sus instituciones para prevenir crisis antes de que ocurran. En el caso peruano, esto implica repensar la relación entre el Congreso y la Presidencia bajo una lógica de ingeniería constitucional preventiva, es decir, medir los efectos de las reformas y asegurar que los mecanismos de control —como la vacancia o el juicio político— se utilicen con criterios jurídicos y no partidarios.

• Abrir espacios de diálogo preventivo: Para reducir la confrontación constante entre poderes, se deben promover espacios de diálogo político que sirvan como mecanismos de prevención. La creación de comisiones mixtas o mesas de concertación entre el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil puede servir como canal de entendimiento temprano, evitando que los conflictos políticos escalen hasta convertirse en crisis institucionales. El diálogo oportuno fortalece la gobernabilidad y la confianza ciudadana.

• Delimitar el alcance del juicio político: En línea con las reflexiones de Sartori (1997), el juicio político debe concebirse como una medida excepcional y no como una herramienta de presión partidaria. Esta figura debe contar con parámetros objetivos que distingan entre responsabilidad ética, jurídica y política, garantizando un equilibrio real entre los poderes. Reformar su alcance permitiría que la vacancia volviera a ser una medida excepcional orientada a proteger la estabilidad democrática, y no una herramienta de confrontación contra el gobierno.

Conclusión

En primer lugar, a corto plazo, la vacancia presidencial en Perú seguirá siendo un tema sensible en la agenda política. Mientras no se reforme el artículo 113 de la Constitución, el Congreso continuará teniendo un amplio margen para interpretar la “incapacidad moral permanente” según sus intereses coyunturales. Esto podría generar nuevas tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo, especialmente si la ciudadanía mantiene su desconfianza hacia los partidos y las instituciones democráticas. Por otra parte, es probable que el país atraviese un escenario de reconfiguración política, en el que surjan nuevos actores con discursos antiparlamentarios o de “refundación democrática”. Estos movimientos podrían canalizar el malestar social y ganar espacio en el Congreso, aunque no necesariamente fortalecer la institucionalidad. En este contexto, la polarización podría seguir siendo un rasgo dominante de la política peruana.

En segundo lugar, a mediano plazo, la estabilidad del régimen dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar consensos mínimos. Si se impulsa una reforma constitucional que precise las causales de vacancia, el sistema podría recuperar equilibrio y previsibilidad. Un diálogo sostenido entre el Congreso, el Ejecutivo y la sociedad civil sería clave para reducir el uso político del juicio moral y restaurar la confianza ciudadana.

Finalmente, a largo plazo, el caso peruano puede convertirse en una oportunidad para repensar el presidencialismo en América Latina. Si los países logran diseñar instituciones más claras, con contrapesos efectivos y mecanismos de control bien definidos, podrían evitar que los procesos de destitución se conviertan en una costumbre política. De lo contrario, la región seguirá atrapada en ciclos de crisis, en los que la legitimidad democrática se mide por la duración de los gobiernos y no por su capacidad para gobernar.

Referencias

Atienza, M., & Ruiz Manero, J. (1991). Sobre principios y reglas. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 10, 101–120. https://doi.org/10.14198/DOXA1991.10.04

BBC News, (2020, 13 de noviembre). Renuncia Manuel Merino: qué hay detrás de las masivas manifestaciones que culminaron con la renuncia del presidente https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54924923

BBC News. (2025, 10 de octubre). Peru: President Dina Boluarte removed amid rising crime. https://www.bbc.com/news/world-americas-

Congreso de la República del Perú. (2025, 10 de octubre). Por incapacidad moral permanente: Congreso de la República aprueba vacancia de Dina Boluarte con 122 votos a favor. Centro de Noticias del Congreso. https://www.congreso.gob.pe

Congreso de la República del Perú. (2025). Actas de vacancia y renuncia presidencial (2000–2025). Lima: Congreso de la República del Perú.

Constitución Política de Colombia. (1991). Gaceta Constitucional No. 116. Bogotá: Asamblea Nacional Constituyente.

Durand Herrera, E. (2023). La incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial en la Constitución Política del Perú. Revista Jurídica Chornancap, 1(2), 145-165. https://doi.org/10.61542/rjch.53

García-Marín, I. (2025). The Use of Impeachment in Latin America Between 1990 and 2023: Neither Congresses as Weak nor Presidents as Strong. FORUM. Revista Departamento de Ciencia Política, 27, 116-143. https://doi.org/10.15446/frdcp.n27.113634

Ilizarbe, C. (2023). La confrontación entre poderes en el Perú: crisis y consecuencias. Revista de Ciencia Política, 43(2), 345–360.

Instituto de Estudios Peruanos (IEP). (2025, julio). Informe de opinión: Julio 2025 (informe completo). La República e Instituto de Estudios Peruanos. https://estudiosdeopinion.iep.org.pe/

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Barcelona: Ariel.

López, C. (2020). La vacancia presidencial en el Perú: un análisis constitucional. Revista de Derecho Constitucional, 15(2), 45–67.

Marsteintredet, L., Llanos, M., & Nolte, D. (2013). Paraguay and the politics of impeachment. Journal of Democracy, 24(4), 110-123.

Meléndez, C. (2019). El ocaso del pacto político en el Perú: de PPK a la vacancia. Nueva Sociedad, 281, 19–29.

Pérez-Liñán, A. (2007). Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America. Cambridge University Press.

Rattinger, A. (2018). The Impeachment Process of Brazil: A Comparative Look at Impeachment in Brazil and the United States. University of Miami Inter-American Law Review, 49(1), 129-166.

Sánchez Gayosso, R. D., & Escamilla Cadena, A. (2017). La interrupción del mandato presidencial en América Latina (1992–2016). Polis, 13(1), 47–84. Universidad Autónoma Metropolitana. https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/polis/2017v13n1/Sanchez

Sartori, G. (1997). Ingeniería constitucional comparada. México: Fondo de Cultura Económica

Tanaka, M. (2005). Democracia sin partidos: Perú 2000–2005. Lima: IEP.