Crisis en Haití: guerra por el control de un Estado olvidado

Introducción

En el núcleo de la crisis que aflige a Haití se encuentra un fenómeno gestado en las sombras de su historia, alimentado por una amalgama de factores históricos, socioeconómicos y políticos. El auge de las pandillas, una ominosa realidad que ha cobrado fuerza con el tiempo, emerge como un símbolo de la profunda descomposición de la sociedad haitiana. Desde los albores de su independencia en 1804, Haití ha sido asediado por una serie interminable de desafíos que han socavado su capacidad para florecer como nación. La intervención extranjera, la explotación económica despiadada y la corrupción han dejado cicatrices indelebles en el tejido social del país, sembrando desconfianza y desesperanza entre su población.

Ahora bien, el auge de las pandillas en Haití se debe a la influencia de factores históricos y socioeconómicos, junto con la crisis política que atraviesa el país. Su expansión y control en el territorio representan una grave amenaza para los derechos de la población, el desarrollo social y el futuro político e institucional del país, el Estado debe comenzar a plantear nuevas alternativas y una ruta de acción que permita finalizar el conflicto.

La problemática se debe ver desde la concepción de Estado como un contrato social, ya que, los individuos han cedido parte de sus derechos individuales, con el fin de que el Estado salvaguarde la paz y el orden. De acuerdo con Thomas Hobbes, el Estado debe ser absoluto, con la capacidad de hacer cumplir la ley y preservar la seguridad. Un Estado débil conduce inevitablemente al caos y la violencia, como es el caso de Haití, demostrando que la fragilidad del Estado es lo que ha desencadenado una crisis estructural.

La crisis política crónica ha proporcionado el caldo de cultivo perfecto para el florecimiento de las pandillas. La falta de estabilidad institucional y la ineptitud de las autoridades han creado un vacío de poder que estas organizaciones criminales han ocupado con ferocidad, extendiendo sus tentáculos sobre vastas regiones del país. El alcance de estas pandillas va más allá de la mera violencia callejera; representa una amenaza existencial para los derechos fundamentales de la población, el desarrollo social y el futuro político de la nación. La incapacidad del Estado para contener esta crisis revela no solo su debilidad estructural, sino también la podredumbre moral que permea sus instituciones.

La problemática estructural de Haití

Desde el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021 por un grupo armado de mercenarios, la situación en el país ha continuado deteriorándose. El país enfrenta las mayores tasas de desigualdad en América Latina, con una tasa de pobreza del 60% en 2020, así mismo el 42% de los haitianos necesitan asistencia humanitaria y el 40% se encuentra en situación de inseguridad alimentaria (Human Rights Watch, 2022). Asimismo, su geografía ha sido afectada por eventos naturales como el devastador terremoto de 7.2 grados que sacudió el territorio en 2010, causando estragos en la infraestructura y cobrando la vida de 2,200 personas (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. s,f). Como este, Haití también está expuesto a tormentas tropicales, huracanes, inundaciones y deslizamientos de tierra, que afectan tanto los suelos como la integridad de la población.

Además, la economía de Haití se basa en la agricultura y la pesca, pero estas actividades han decaído desde la década de 1980. La falta de desarrollo tecnológico y escasez de agua ha llevado a la importación masiva de alimentos, afectando la seguridad alimentaria, ya que, dependen de relaciones comerciales internacionales que pueden fluctuar, ocasionando escasez en el país. Adicionalmente, la crisis afecta gravemente a los niños con desnutrición crónica, el acceso al agua también es un desafío, especialmente con más de un tercio de la población sin agua potable adecuada (Hassan, 2023). Esta crisis se ve exacerbada por la violencia, acrecentada tras el asesinato del presidente, las intervenciones militares y las ayudas humanitarias mal gestionadas que han debilitado la autoridad estatal. Las protestas ciudadanas han sido reprimidas con violencia policial, generando tensión y violaciones a los derechos humanos, como lo menciona Hassan (2023) en el área metropolitana de Puerto Príncipe, capital de Haití, operan numerosas bandas criminales, y se han reportado altos índices de homicidios, secuestros y violencia sexual. 

Por otra parte, el primer ministro interino de Haití, Ariel Henry, anunció que planea renunciar una vez que se establezca un consejo de liderazgo transicional en el país. A finales de febrero, la crisis política y de seguridad en Haití se intensificó después de que Henry saliera del país, generando que las pandillas aumentaran su control sobre gran parte de la capital. Los planes para una intervención de seguridad multinacional respaldada por la ONU en Haití se han retrasado durante meses, en parte debido a preocupaciones sobre la legitimidad de Henry (Osborn, 2024).

En respuesta al anuncio de Henry, Kenia, que lidera la fuerza respaldada por la ONU, anunció que retrasaría su despliegue hasta que se forme el gobierno de transición. Kenia ha expresado su ayuda de forma altruista, no obstante, Alfred Mutua –ministro de asuntos exteriores de Kenia– comentó que la ayuda proporcionada a Haití “elevaría el perfil global de Kenia, lo que beneficiaría al país” (BBC, 2023) Sin embargo, las conversaciones de emergencia entre países caribeños, Estados Unidos y actores políticos haitianos para nombrar ese gobierno de transición, avanzan lentamente, sin alcanzar un consenso. Aunque los haitianos están descontentos con la situación política, también están profundamente divididos sobre quién debería gobernar en lugar de Henry.

La pausa en el despliegue de seguridad respaldado por la ONU debería ser un momento de reflexión, escribió Alexander Causwell, del Instituto de Investigación de Políticas del Caribe, en Foreign Policy. Aunque Kenia había planeado enviar 1,000 policías a Haití, Causwell argumentó que la situación de Haití se entiende mejor como una insurgencia armada que requiere el "trabajo de soldados, no de policías". A menos que se lleve a cabo un despliegue militar, "prevalecerá la anarquía, con consecuencias para el pueblo de Haití y la seguridad de la cuenca del Caribe", (Osborn citando a Causwell. 2024).

De igual manera, los grupos de la sociedad civil haitiana han pedido durante mucho tiempo una votación para elegir al sucesor de Henry, pero las elecciones apresuradas sin una preparación adecuada no son "la panacea que la comunidad internacional cree que son", escribió el analista Philippe de Bard (Osborn, 2024). En su lugar, los enviados internacionales deberían centrarse en asegurarse de que cualquier votación sea legítima.

Epicentro de la crisis

Actualmente, el reflector de la crisis se posa principalmente sobre dos grupos criminales; G-PEP y G9. La coalición de bandas G-PEP cuenta con un amplio apoyo por parte de la oposición política en el país, siendo el segundo grupo criminal más relevante en la capital. Su relevancia aumentó debido a la adición de la pandilla 400 Mawozo, luego de la extradición de su cabecilla a Estados Unidos en mayo de 2022. Debido a la inestabilidad que presentaba la organización, acudieron a Gabriel Jean Pierre, alias “Ti Gabriel” líder de G-PEP, consolidando su adición al grupo. Este suceso ocasionó que la coalición obtuviera el control de un mayor número de zonas cruciales en los alrededores de la capital.

Por otra parte, la federación criminal de G9 y Familia –nombre con el qué se conoce a la coalición–está compuesta por un total de 9 pandillas, ubicadas en Puerto Príncipe. Este importante grupo fue fundado por Jimmy Chérizier, alias “Barbecue” en 2020. Este expolicía y actual líder de la coalición era conocido por sus masacres extrajudiciales y por mantener cercanía con el gobierno de Moïse aun después de ser expulsado de la policía, ya que, el grupo militar recibía recursos armamentísticos, financieros e incluso carros gubernamentales (InSight Crime, 2023). Dicha relación que, presuntamente, mantenía el presidente de aquel momento con el grupo armado –junto con la crisis económica, el aumento de la violencia, la corrupción y otros aspectos previamente mencionados– ocasionaron el descontento de la población haitiana contra Moïse.

La crisis se avivó por medio de protestas masivas en contra del gobierno, sin embargo, la alianza que se había establecido previamente entre el presidente y G9, parecía perpetuar la tradición que han tenido políticos que han hecho uso de las pandillas para controlar y reprimir a la oposición, además de asegurar votos en las zonas que manejan (InSight Crime, 2023). No obstante, esta coyuntura se vio atravesada por el asesinato de Moïse.

Contrario a lo que se esperaría, G9 no se vio ampliamente afectada por la pérdida de uno de sus mayores contribuidores, en cambio, la banda aprovechó la inestabilidad que había ocasionado la muerte del presidente para reafirmar su dominio sobre las zonas en las que se encontraba, además de aumentar el control sobre nuevas zonas de suma importancia, como lo es la Terminal Varreux, mayor terminal petrolera de Haití.

El auge de ambas bandas criminales ha llevado al recrudecimiento de la violencia en el país, estos enfrentamientos han dejado un saldo trágico, cientos de muertos y miles de desplazados. Las cifras ascienden a 4.789 víctimas por homicidio en 2023 a comparación de las 2.183 registradas en 2022, aumentando en un 119%, junto con los secuestros, los cuales aumentaron en un 83%, llegando a 2.490 en 2023 (DW, 2024). Zonas como Cité Soleil y Martissant se han convertido en campos de batalla, donde la población civil queda atrapada en el fuego cruzado. La violencia ha paralizado el comercio, la educación y la vida cotidiana en las zonas afectadas.

El crecimiento que han experimentado las pandillas se debe, en gran medida, al debilitado Estado que se sigue desmoronando. Desde el asesinato de Moïse, el primer ministro Henry ha establecido su mandato sin un soporte constitucional, ya que, no cuenta con aprobación parlamentaria y tiene poco apoyo popular, generando la percepción de que solo el apoyo de poderes extranjeros es lo que lo mantiene en el poder. Por otra parte, las demás instituciones que conforman el Estado haitiano, no se encuentran en óptimas condiciones de operar. El Parlamento dejó de funcionar en enero de 2020, luego de que el expresidente se rehusara a organizar elecciones legislativas –en el país, no se celebran elecciones desde 2016– (Human Rights Watch, 2022).

Así mismo, el sistema judicial se encuentra colapsado, solo 3 de los 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia continuaron trabajando en 2022, con el agravante de que no hay un presidente electo y un Senado en funciones, que tengan la capacidad de designar nuevos magistrados. Adicionalmente, en junio de 2022 pandillas ingresaron y tomaron el control del Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, destruyendo evidencia y expedientes, deteniendo aún más los procesos judiciales que se encontraban pausados. Esto, junto con el exceso de prisioneros a la espera de sentencias, la inseguridad a la que se ven expuestos los funcionario y el hecho de que, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR), existen jurisdicciones que no han celebrado audiencias penales en más de tres años, demuestran la incapacidad operativa que tiene el sistema judicial en Haití.

Alternativas al conflicto

Como se ha evidenciado anteriormente, el tejido social haitiano está impregnado de una historia de resistencia, desde la lucha por la independencia liderada por Toussaint Louverture hasta las protestas populares más recientes contra la corrupción y la injusticia. A lo largo de los siglos, los haitianos han demostrado una determinación inquebrantable para defender sus derechos y su dignidad, a pesar de las numerosas adversidades que enfrentan.

La resiliencia de la sociedad haitiana se manifiesta en su capacidad para adaptarse y reconstruirse en medio de crisis recurrentes. A pesar de la devastación causada por desastres naturales como el terremoto de 2010, las comunidades locales han demostrado una notable capacidad para organizarse, apoyarse mutuamente y avanzar hacia la recuperación. Además, se han implementado iniciativas de desarrollo comunitario, como "Misión Haití", encarnada por "Kai Lapè" o Casa de la Paz, una casa misionera que ha recibido a más de 1,500 voluntarios de todo el mundo desde su fundación. La casa sirve como un espacio para talleres y encuentros con la comunidad, y aloja a los voluntarios de las brigadas que llegan desde Puerto Rico.

Desde Kai Lapè se desarrollan esfuerzos como clínicas móviles, que permiten establecer puntos de servicios médicos en áreas de difícil acceso, y la promoción de la salud, con talleres de capacitación para grupos de parteras y promotores agroecológicos en la comunidad Blanchard de Port-au-Prince (Iniciativa Comunitaria, 2022). Además, programas de empoderamiento, como los llevados a cabo por Plan International, una Organización No Gubernamental (ONG) que defiende los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, han estado presentes en Haití durante aproximadamente 45 años, proporcionando protección infantil, educación de calidad y mejoras en los medios de vida.

Si bien el actuar de estas iniciativas y programas en Haití representa un acto de resistencia en las comunidades, la violencia estructural que persiste actualmente no puede abordarse únicamente desde esta perspectiva. Según un estudio de CNN titulado “Haitianos recurren a la vigilancia ciudadana ante la violencia de pandillas” publicado el 22 marzo del presente año, la ausencia de instituciones sólidas ha permitido que las pandillas tomen decisiones en las dinámicas locales y ha generado percepciones de debilidad en la acción estatal. Sin embargo, este desafío no puede solucionarse únicamente con la instauración de un gobierno central o con inversión extranjera. Aspectos como la confianza en las instituciones y en los propios vecinos son fundamentales, ya que influyen en el proceso para encontrar una solución a la crisis en Haití. Lo anterior se puede constatar con el siguiente gráfico, en el cual se refleja la poca confianza que se tiene en los compatriotas y en los vecinos.

(Cepal, 2021)

Asimismo, es crucial comprender que una alternativa al conflicto en Haití requiere una reestructuración profunda del sistema institucional, que incluya aspectos cruciales como el ámbito jurídico y penal. Este imperativo surge a raíz de los preocupantes índices de corrupción que asolan al país, como se evidencia en la siguiente gráfica.

(Datos macro, 2022)

En el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la Organización para la Transparencia Internacional, Haití ha obtenido una puntuación de 17 puntos. Según el último informe publicado, esta puntuación ha experimentado un descenso significativo, lo que indica un notable aumento en la percepción de corrupción en el sector público del país.

Este descenso en la puntuación ha llevado a un deterioro significativo en la posición de Haití en comparación con otros países evaluados. El país se encuentra en el puesto 171 de 180 países analizados, colocándose así entre las naciones con mayores niveles de corrupción en el ámbito público. Durante los últimos cinco años, la percepción de corrupción en el sector público haitiano ha mostrado un preocupante deterioro, coincidiendo con una disminución continua en su posición en el ranking internacional de corrupción.

Es importante destacar que el Índice de Percepción de la Corrupción asigna a los países una puntuación que varía entre 0 (alta percepción de corrupción) y 100 (baja percepción de corrupción), según la percepción de corrupción en el sector público por parte de sus ciudadanos. Conforme a lo anterior, una reestructuración en el ámbito jurídico y penal en Haití haría un cambio significativo no solo en la corrupción que afecta actualmente a la nación, sino también en la percepción de los ciudadanos.

En resumen, las dos alternativas mencionadas son útiles para trazar un camino hacia la mejora de la crisis en Haití. Sin embargo, es importante destacar que el simple apoyo de capital externo, que podría involucrar a potencias extranjeras, no será suficiente por sí solo. Es fundamental que este apoyo esté respaldado por una reestructuración integral del sistema jurídico y penal del país, así como por medidas efectivas para abordar la corrupción en el sector público. Solo con un enfoque integral y coordinado que combine tanto la asistencia financiera externa como las reformas internas, Haití podrá avanzar hacia una verdadera solución a sus desafíos actuales.

Conclusión

La integridad del Estado y su institucionalidad se han visto comprometidas dados los problemas estructurales que existen en Haití, además de la incapacidad que ha demostrado el mismo Estado para solucionar las problemática de las pandillas, perdiendo en la lucha por el poder. La solución a las falencias históricas que tiene Haití debe empezar por recuperar la seguridad, monopolizando el uso legítimo de la fuerza. Para lograr alcanzar dicho objetivo, se debe hacer uso de la ayuda internacional que se ofrece en el momento, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado el despliegue de fuerzas lideradas por Kenia y diseñada con la ayuda de Estados Unidos, para poder ayudar en la lucha contra las pandillas (International Crisis Group, 2024).

Una vez restaurado el orden y la seguridad, se debe asegurar la democracia en el país, la participación y vigilancia de organismos internacionales, permitiría salvaguardar los pilares fundamentales de la democracia, asegurando que se realicen elecciones libres y seguras para la población, recuperando el primer eslabón necesario para la reestructuración del país. Por otra parte, se debe reestructurar el Estado, por medio de los canales apropiados, asegurando así la legitimidad de las reformas. Como se ha mencionado previamente, parte de la reestructuración se debe dar en el sistema judicial, para asegurar la justicia en el país.

Finalmente, se debe comprender que la solución para la crisis en Haití no se limita a una simple intervención por parte de actores externos, para lograr una transformación real se debe desarrollar internamente, para que sea sostenible en el tiempo. Es necesario que la reconfiguración del Estado se dé junto con el establecimiento de un gobierno democrático estable, que sea legítimo y que vuelva a operar de manera correcta, que se retome el principio del contrato social y proteja los derechos de los individuos, proporcionando seguridad y bienestar a una sociedad que ha sido históricamente azotada por diversos conflictos.

Referencias

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