Seguridad o Estado de Derecho: el dilema salvadoreño

La situación política en El Salvador –el enfrentamiento entre bandas criminales y el Estado– se ha vuelto escandalosamente mediática en los últimos meses. Diversos medios han catalogado las acciones del mandatario como un ejemplo a seguir para los países de América latina que los encaminará a esquemas autoritarios (BBC, 2023). En contraparte, otros medios lo plantean como el nuevo faro para la derecha en Latinoamérica, logrando seducir a la derecha de distintos países en el hemisferio (Caracol Radio, 2023).

El fenómeno de mediatización en torno a la situación de El Salvador se puede explicar desde dos perspectivas. En primer lugar, una retrospectiva histórica que permita comprender el origen y evolución de los maras y el fracaso del Estado en su rol de control de agentes ilegales de la sociedad salvadoreña. Y, en segundo lugar, un análisis del controversial decision making del presidente Nayib Bukele, cuyo popular propósito de encarcelar masivamente a miembros de las maras ha chocado con fuertes críticas locales e internacionales en materia de Derecho Humanos.

Tres décadas de fracaso estatal

Debido a los conflictos que se habían presentado en El Salvador la década previa, la pobreza y el país azotado por la guerra propiciaron el desarrollo y expansión de la pandilla, reclutando jóvenes que no contaban con más opciones. Las maras se caracterizan tanto por la fidelidad de sus miembros como por tatuajes en todo el cuerpo, los cuales representan símbolos de identidad y pertenencia a estas estructuras sociales. Adicionalmente, la extrema violencia de sus actos es también un distintivo de grupo, todo lo cual hace de esta banda un grupo fácilmente reconocible, y, sin duda, críticamente problemático para la sociedad y el Estado salvadoreño.

Dado el contexto en el que se hallaba El Salvador se recurrió a políticas de “mano dura”, las cuales se caracterizaron por enfrentar violencia con más violencia. Dichas acciones se emplearon entre 1999 y 2004, durante el mandato de Francisco Flórez, quien inició una campaña de detención masiva, en la cual también se presentaron casos de asesinatos de miembros de la pandilla. Por otra parte, las medidas empleadas por el gobierno en ese momento fueron igualmente criticadas debido a los efectos que tuvo sobre la sociedad civil, puesto que personas del común solían ser confundidas con pandilleros o resultaban víctimas del fuego cruzado. En síntesis, esta política de seguridad derivo en una explicita violación de Derechos Humanos.

Posteriormente, dado que las medidas previas no habían sido efectivas —pues las maras se reorganizaron y retomaron fuerza desde los centros penitenciarios—, el gobierno en 2012 optó por una tregua entre las maras y el Estado a cambio de beneficios carcelarios. Estas acciones permitieron disminuir las tasas de homicidios hasta la mitad; no obstante, una vez finalizada la tregua los índices de homicidios intencionados en El Salvador llegaron a 106 por 100.000 habitantes (Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo, 2022), siendo el país con mayor tasa de homicidios en la región.​​

Fuente:  (Elaboración propia con datos de Infosegura y PNUD)  

El dilema salvadoreño: Seguridad vs Estado de derecho

A partir del año 2019, el gobierno de Nayib Bukele desarrolló una estrategia de seguridad cuyo principal objetivo ha girado, casi exclusivamente, en torno a la construcción de una “Súper Cárcel” para el confinamiento de miembros de las maras. Este Centro de Confinamiento del Terrorismo —como ha sido denominado por el gobierno— tiene la capacidad de albergar aproximadamente 40.000 reclusos (El confidencial, 2023). Cabe anotar que, en su totalidad, las demás cárceles del país solo pueden albergar 30.000 prisioneros. En este sentido, Bukele construyó para el año 2022 el centro carcelario más grande de América Latina, ubicado en una zona aislada del país y custodiada por guardias altamente armados.

Esta estrategia de seguridad (de por sí escandalosamente mediática) ha pretendido complementarse con otra medida igualmente controversial como lo es el estado de excepción declarado desde el 27 de marzo de 2022, tras 87 asesinatos en tan solo tres días (Voz en América, 2023). En el marco de este estado de excepción el gobierno ha librado una lucha sin precedentes contra las maras. A la fecha se han reportado alrededor de 60.000 capturas de presuntos miembros de la pandilla —aproximadamente el 1% de la población total del país—, y como principal consecuencia la tasa de homicidios disminuyó a ocho por cada 100.000 habitantes, lo cual en términos comparativos con el peor periodo de violencia del país (106 por cada 100.000 habitantes) representa una caída de 92.5% (Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo, 2022).

Sin embargo, y a pesar de la mejoría significativa en los indicadores, las preocupaciones no disminuyen. Parte del éxito de este súper proyecto se debe al estado de excepción, ya que es este el que permite a las fuerzas de seguridad del Estado -ejército y policía- generar arrestos y presentar cargos sin necesidad de notificarlo, propiciando arrestos arbitrarios, junto con desapariciones forzadas, casos de tortura e incluso muertes bajo custodia; especialmente en comunidades de bajos recursos (Human Rights Watch, 2022). En estos casos también se ha evidenciado una violación a acuerdos internacionales en materia de derechos civiles fundamentales por parte del Estado salvadoreño, particularmente, en aspectos críticos de un sistema judicial propios de un estado de derecho como el debido proceso, lo cual impide o dificulta la legítima defensa de las personas. Un ejemplo de ello son audiencias judiciales de hasta 500 detenidos (Human Rights Watch, 2022), un hecho que revela una explícita violación a los pactos internacionales de El Salvador en materia de Derechos Humanos.

Toda la problemática ha desencadenado un despliegue de denuncias por parte de la ciudadanía en contra del Estado. De acuerdo con France24, diversas organizaciones de protección a Derechos Humanos han recibido cerca de 8.000 denuncias en contra del Estado, principalmente por la violación al artículo número siete de la convención americana, el cual establece los parámetros bajo los cuales una persona puede ser privada de su libertad y cuáles son los pasos a seguir posterior a realizada la captura. Adicional a la inquietud existente por los métodos que se emplean para las detenciones, la preocupación con respecto a los arrestos de personas no vinculadas a las maras va en aumento. Por otra parte, las fuerzas de seguridad, jueces y la fiscalía siguen el mismo patrón, obstaculizando las garantías con las que debe contar todo proceso judicial.

Sin embargo, a pesar de las alarmas encendidas en diversas organizaciones internacionales, la popularidad de Bukele sigue en aumento, llegando al 89% de aprobación -siendo el más alto de toda América Latina-. La aprobación masiva que ha recibido el gobierno de Bukele obedece a una crisis histórica dentro del país. A pesar de las diversas alertas emitidas por los organismos internacionales en cuanto a los Derechos Humanos, la sociedad civil lo experimenta de manera diferente, y el apoyo que recibe el gobierno es prueba de ello. La situación en El Salvador ha sido crítica durante las últimas tres décadas, azotando a toda la población con su su abrumadora violencia, luego de tanto tiempo las personas se encuentran agotadas por el conflicto generando que se ponga en una balanza las opciones, permitir la violación de Derechos Humanos mientras se garantiza la seguridad, o perpetuar las condiciones en las que se encontraban.

Fuente:  (La Nación, 2023)

Conclusión

Si bien la situación en El Salvador ha sido ampliamente mediatizada, resulta comprensible. El Estado salvadoreño cuenta con procesos históricos complejos que han orquestado la coyuntura actual del país, sumido en una crisis de tal magnitud que ha requerido de medidas extremas como la construcción de un nuevo centro penitenciario con la mayor capacidad a nivel regional. No obstante, las repercusiones a mediano y largo plazo pueden llegar a afectar más a la sociedad, de lo que la está beneficiando. Como se evidencia actualmente y durante el gobierno de Francisco Flórez, la caza indiscriminada de miembros de las pandillas suele dejar como víctima a la población civil que se ve atrapada en una encrucijada de violencia. Finalmente, es necesario recalcar la importancia de las negociaciones —salvaguardando y priorizando la seguridad de la población civil— ya que son un mecanismo que permitiría una solución a largo plazo, posibilitando la erradicación del problema en vez de buscar “solucionar” violencia con más violencia, prolongando la situación por décadas. Por ello se deben brindar garantías a toda persona que habite el territorio de El Salvador, no existe una justificación ni excepción para que exista una violación sistemática de Derechos Humanos, y menos por parte del Estado.

Referencias

Arévalo, K. (2023, 31 marzo). El Salvador, país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: informe. Voz de América. https://www.vozdeamerica.com/a/el-salvador-el-pais-con-la-tasa-de-encarcelamiento-mas-alta-del-mundo/7030583.html

BBC News Mundo. (2023, 11 abril). “Apostarle a una estrategia de mano dura como la de Bukele en El Salvador puede lanzar a los países de América Latina a esquemas autoritarios, incluso a dictaduras”. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65210034

Castro, M. J. (2023, 12 marzo). “En varios países de América Latina Bukele está seduciendo a la derecha”. Caracol Radio. https://caracol.com.co/2023/03/10/en-varios-paises-de-america-latina-bukele-esta-seduciendo-a-la-derecha/

Human Rights Watch. (2022, 7 diciembre). El Salvador: Abusos generalizados durante el régimen de excepción. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/es/news/2022/12/07/el-salvador-abusos-generalizados-durante-el-regimen-de-excepcion

Maldonado, C. S., Maldonado, C. S., & Presidencia. (2023, 3 febrero). “La cárcel más grande de América”: la gigantesca prisión de Bukele para encerrar a las maras. El País. https://elpais.com/internacional/2023-02-03/la-carcel-mas-grande-de-america-la-gigantesca-prision-de-bukele-para-encerrar-a-las-maras.html

Montero, F. J. (s. f.). :: Tratados Multilaterales > Departamento de Derecho Internacional > OEA :: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

Proto, L. (2023, 9 febrero). Tras 30 años de terror, El Salvador ha acabado con las maras. Ahora, el miedo es otro. elconfidencial.com. https://www.elconfidencial.com/mundo/2023-02-09/tras-30-anos-de-terror-el-salvador-ha-acabado-con-las-maras-ahora-el-miedo-es-otro_3570311/

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2022). El Salvador. Análisis preliminar de la situación de la violencia homicida (Enero-Diciembre 2021). Infosegura. https://infosegura.org/wp-content/uploads/2022/03/One-Pager-homicidios-El-Salvador-2021-ESP.pdf