Introducción

La propuesta de seguridad nacional del nuevo gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella (2026-2030), estructurada bajo una doctrina de «mano dura» tradicional y estatocéntrica, representa un giro radical frente al modelo de la administración anterior. Esta estrategia, no obstante, parece responder al fracaso operacional de la política de «Paz Total» que implementó el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026). Durante el cuatrienio anterior las estructuras criminales expandieron su pie de fuerza un 90% hasta alcanzar un estimado de 28.802 integrantes ilegales, consolidando así formas de gobernanza criminal en amplias zonas del territorio nacional, mientras que el repunte de violencia colectiva dejó un registro de 78 masacres con un saldo de 300 víctimas letales acumuladas hasta inicios de agosto de 2026 (Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2026; INDEPAZ, 2026).

Este crecimiento explica una dinámica de gobernanza criminal (Arjona, 2016), según la cual, más allá de ejercer violencia, estas estructuras imponen reglas sobre la población civil (restricciones de movilidad, cobro de extorsiones), e, inclusive, suplen servicios que el Estado no garantiza en zonas como el Catatumbo y el Cauca (seguridad, justicia). Esta forma de violencia y de control sobre el territorio y su población explicaría por qué una ofensiva puramente militar como el "Plan Ayacucho Plus" puede destruir laboratorios sin desmontar ese sistema de control territorial.

Para restaurar de manera decisiva el orden público y el monopolio de la fuerza legítima del Estado, la actual propuesta gubernamental, de acuerdo con los lineamientos oficiales del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia (2026a), puede clasificarse analíticamente en un esquema de choque tridimensional (rural, metropolitano e internacional). En primer lugar, a nivel rural, la administración activó el "Plan de Campaña Ayacucho Plus" bajo la ejecución del Ministro de Defensa, general  Jorge Eduardo Mora López, enfocado en el desmantelamiento de la "Paz Total" mediante la suspensión de ceses al fuego, la reactivación de órdenes de captura y la priorización de bombardeos de precisión y operaciones de asalto contra los cabecillas de alto valor. En segundo lugar, a nivel metropolitano, la estrategia contempla la militarización del control civil mediante el decreto presidencial que crea el "Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana", diseñado para combatir de forma masiva el hurto y la extorsión en las principales capitales del país. Finalmente, en el plano internacional, la doctrina se transnacionaliza a través del ingreso formal de Colombia como el miembro número 19 de la coalición Escudo de las América, liderada por la administración Trump. Este acuerdo de cooperación autoriza la ejecución de operativos conjuntos con fuerzas especiales estadounidenses en territorio colombiano, el uso de su inteligencia satelital de alta gama y el establecimiento de Medellín como el nodo logístico y de comando estratégico regional de la alianza (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2026a).

No obstante, esta propuesta de seguridad enfrenta desafíos de viabilidad y control en sus primeros días de ejecución. Por un lado, la doctrina se ve restringida por la extrema vulnerabilidad fiscal y operativa ante desastres naturales imprevistos, evidenciada tras el terremoto de magnitud 7.4 a mediados de agosto de 2026, el cual dejó un saldo trágico de 294 muertos (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres [UNGRD], reportado en El Tiempo, 2026) y obligó a desviar de manera urgente el pie de fuerza militar desde zonas de conflicto armado en el Catatumbo y el Cauca hacia labores de rescate y control civil en el suroccidente nacional. Por otro lado, la ausencia de un plan operativo escrito y de un presupuesto formalmente aprobado por el Congreso de los Estados Unidos para financiar esta cooperación asimétrica (Anzola, 2026), sumada a los abusos de derechos humanos ya documentados por Human Rights Watch en el precedente ecuatoriano del "Escudo" (Galván, 2026), plantean serias dudas sobre la legitimidad y sostenibilidad de esta doctrina a nivel regional.

En este sentido, este análisis sostiene que, si bien la nueva propuesta de mano dura en Colombia y su integración operativa al Escudo de las Américas pretenden neutralizar de forma acelerada la gobernanza criminal, un enfoque estrictamente militarizado e internacionalizado resulta estructuralmente insuficiente y fiscalmente frágil para garantizar la seguridad ciudadana a largo plazo, en la medida en que desplaza el fortalecimiento de la institucionalidad civil, debilita las garantías de derechos humanos y carece de resiliencia operativa ante choques humanitarios o cambios políticos externos--como un gobierno demócrata en Washington a partir de 2029 y en la recta final ADLE.

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Conceptos:

Securitización: Proceso discursivo mediante el cual un actor político presenta un fenómeno como una amenaza existencial que justifica medidas extraordinarias, sacándolo del debate político ordinario y de los controles legales convencionales (Buzan, Wæver & de Wilde, 1998).

Fragilidad Estatal: Grado en que un Estado distribuye sus capacidades institucionales de forma desequilibrada, concentrándolas en la función coercitiva y descuidando su capacidad de respuesta ante crisis no militares (Rotberg, 2003).

Gobernanza Criminal: Conjunto de reglas, sanciones y servicios que estructuras armadas ilegales imponen sobre la población civil en ausencia o sustitución del Estado, llenando vacíos de autoridad territorial (Arjona, 2016).

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El Escudo de las Américas y el precedente ecuatoriano

La adhesión de Colombia como el miembro número 19 de la coalición Escudo de las Américas representa el eje internacional de la nueva propuesta de seguridad nacional. Mediante este acuerdo, el presidente Abelardo de la Espriella autorizó la ejecución de operaciones militares conjuntas en territorio nacional, integrando sistemas estadounidenses de inteligencia satelital y drones armados, y designando a Medellín como la sede principal y nodo de comando estratégico regional de la alianza (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2026a; Argentina.gob.ar, 2026).

Sin embargo, analistas y exdiplomáticos advierten que esta estrategia promocionada bajo el lema de un "Plan Patriota 2.0" carece de un plan operativo escrito y de presupuestos formales aprobados por el Congreso de los Estados Unidos (Anzola, 2026), un rasgo característico de la securitización del narcotráfico como amenaza existencial que se sustrae del control legislativo ordinario (Buzan, Wæver & de Wilde, 1998). La viabilidad financiera de esta iniciativa asimétrica enfrenta una severa restricción ante la probabilidad de que el Partido Demócrata recupere el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término de noviembre de 2026, lo que limitaría críticamente el flujo de ayuda militar externa. Además, de los aún improbables resultados presidenciales de 2028.

Por otra parte, la implementación de esta doctrina en Ecuador brinda evidencia suficiente para  encender las alarmas sobre aspectos críticos como la integridad de la soberanía y los derechos humanos de la población. En la provincia costera de Esmeraldas, la cooperación conjunta bajo el "Escudo" opera mediante decretos de inmunidad migratoria para tropas estadounidenses. En julio de 2026, un informe de Human Rights Watch (HRW) documentó que las operaciones conjuntas en la frontera resultaron en el bombardeo aéreo erróneo de tres propiedades civiles (incluyendo una finca lechera) y la tortura sistemática con choques eléctricos a cuatro campesinos locales (Galván, 2026). A esto se suma que la campaña de interdicción marítima de EE. UU. ha dejado más de 220 tripulantes muertos en bombardeos a embarcaciones sospechosas sin pruebas judiciales previas ni garantías de debido proceso (CNN en Español, 2026), lo que confirma que la amenaza del narcotráfico ha sido securitizada hasta el punto de suspender los controles legales convencionales que impone el Estado de Derecho sobre el uso de la fuerza letal.

Finalmente, la efectividad de este enfoque militarizado es cuestionable. A pesar de la estricta "mano dura" implementada en Ecuador desde 2023, el país andino cerró el último año con un récord histórico cercano a 51 homicidios por cada 100.000 habitantes (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado [OECO], 2026), lo que demuestra que la militarización por sí sola es insuficiente para solucionar la violencia y el control territorial del crimen organizado.

Este fenómeno se confirma al observar la serie histórica (2020-2023) de la tasa de homicidios en Ecuador, la cual se multiplicó casi seis veces, pasando de 7.8 a 45.7 por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2025). Tras la declaratoria del "conflicto armado interno" y el inicio del estado de excepción de enero de 2024, la tasa descendió a 38.8, lo que en un primer momento pareció validar el enfoque de mano dura. Sin embargo, para 2025 volvió a escalar hasta un récord histórico de 50.9 (OECO, 2026).

La volatilidad, además de la tendencia al alza, de la tasa de homicidios durante el periodo de implementación de un enfoque de mano dura en Ecuador contradice la narrativa oficial de éxito sostenido; y, por el contrario, respalda la tesis central de este Policy Brief. Pues, el enfoque estrictamente militarizado logra, a lo sumo, reducciones tácticas y temporales, pero no revierte la tendencia estructural de la violencia. Un patrón similar se observa en las cifras de interdicción: las toneladas de droga destruida pasaron de 115 en 2020 a un máximo de 450 en 2023, para luego caer a 302.85 en 2024 (Ministerio del Interior del Ecuador, como se citó en Primicias, 2025), sin que exista una correlación clara entre el volumen de incautaciones y la contención de la violencia asociada al narcotráfico. Es importante precisar que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) no realiza un monitoreo satelital de cultivos de coca en Ecuador, a diferencia de Colombia, Perú y Bolivia, por lo que la interdicción de droga destruida, proceso en el cual la UNODC presta asistencia técnica directa, constituye el indicador disponible más cercano a la producción y el tránsito de narcóticos en el país.

Plan «Ayacucho Plus»: Ejecución y Límites Logísticos

La propuesta operativa a nivel interno se centra en el "Plan de Campaña Ayacucho Plus", una ofensiva de alta intensidad liderada por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López. Esta doctrina prioriza el ataque frontal contra los mandos y las finanzas de los Grupos Armados Organizados (GAO) mediante el despliegue integrado de fuerzas de asalto, bombardeos de precisión y control fluvial. Durante sus primeras semanas de ejecución en agosto de 2026, la estrategia reportó importantes éxitos tácticos, como la neutralización en Jamundí de alias "Max Max" (Dubán Ramiro Castillo), principal explosivista de las disidencias de las FARC, y de alias "Marlon" (comandante del Bloque Occidental), junto a su enlace logístico extraditable alias "Ñeque” en el Cauca (RTVC Noticias, 2026, 13 de agosto). Asimismo, la intervención en el Catatumbo reportó la destrucción de 967 laboratorios de procesamiento de cocaína y la incautación de 232 toneladas de alcaloides (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2026b).

A pesar de estos resultados, la viabilidad de sostener un despliegue estrictamente militarizado se vio comprometida de inmediato por factores de fuerza mayor. Tres días después de la posesión presidencial, el lunes 10 de agosto, un histórico terremoto de magnitud 7.4 sacudió el suroccidente colombiano, dejando un saldo de 294 muertos, 320 desaparecidos y más de 115.000 damnificados (El Tiempo, 2026). Este desastre humanitario obligó al gobierno a redireccionar de urgencia el pie de fuerza militar que se encontraba en fase de preparación ofensiva en Cauca y Norte de Santander hacia labores de remoción de escombros, rescate de sobrevivientes y control de saqueos en ciudades devastadas como Pereira, evidenciando la fragilidad estatal a causa de un modelo de seguridad que concentró sus capacidades en la función coercitiva descuidando funciones civiles fundamentales ante crisis no militares (Rotberg, 2003).

En este sentido, el concepto de fragilidad estatal distingue tres funciones que un Estado debe equilibrar: la coercitiva (control territorial y monopolio de la fuerza), la administrativa (gestión de instituciones y logística) y la de bienestar (provisión de servicios básicos ante emergencias). El caso colombiano muestra un desbalance evidente entre estas tres funciones: mientras la capacidad coercitiva se hipertrofió mediante el "Plan Ayacucho Plus" y el "Bloque de Defensa", la capacidad de bienestar quedó tan desatendida que, ante el terremoto, el Estado no contó con un pie de fuerza de reserva para atender la emergencia y tuvo que sustraer tropas de sus operaciones ofensivas, dejando expuestos simultáneamente el frente de seguridad y el frente humanitario. A esto se sumaron emergencias colaterales como conflagraciones e incendios forestales en Ortega (Tolima), que requirieron el despliegue ininterrumpido de más de 200 soldados para su contención (ELHERALDO.CO, 2026b).

Este choque imprevisto dejó en evidencia la fragilidad financiera y logística del modelo de mano dura ante crisis de gobernabilidad no militares. Frente al riesgo de una parálisis comercial por los graves daños sufridos en el puerto de Buenaventura, el presidente De la Espriella tuvo que sostener una llamada de emergencia de diez minutos con Donald Trump para solicitar la suspensión temporal de los aranceles vigentes a las exportaciones colombianas (Observatorio de Riesgo Geopolítico, 2026). El mandatario argumentó que el alivio comercial era indispensable para evitar un colapso fiscal del Estado que pusiera en peligro la financiación de la millonaria campaña militar y los planes de reconstrucción nacional. Esto demuestra que la sostenibilidad de la propuesta punitiva es altamente vulnerable a factores exógenos y depende críticamente del auxilio económico extranjero y su estabilidad.

Recomendaciones

• Consolidación civil inmediata: Acompañar los éxitos militares del "Plan Ayacucho Plus" con jueces, fiscales e inversión social en zonas rurales intervenidas para neutralizar la gobernanza criminal y evitar la reproducción del conflicto.

• Supervisión judicial de operaciones: Establecer un control fiscal y judicial estricto sobre los operativos conjuntos del "Escudo de las Américas" para proteger la soberanía nacional y evitar abusos de derechos humanos contra la población civil.

• Fondo de estabilización de emergencias: Crear un fondo de reserva nacional financiado mediante la reducción del gasto público suntuoso (como la liquidación del Ministerio de Igualdad y cargos en el DAPRE) para atender desastres imprevistos sin comprometer recursos de seguridad.

• Blindaje de corredores de exportación: Concentrar el "Bloque de Defensa" y la Armada en asegurar de manera prioritaria el puerto y la vía a Buenaventura contra extorsiones de bandas, saqueos de carga y sabotajes de grupos ilegales.

Conclusión

La viabilidad y eficacia de la propuesta punitiva del gobierno estará determinada por la evolución de escenarios críticos de riesgo. En primer lugar, en el corto plazo, la presión táctica de la inteligencia satelital del "Escudo de las Américas" podría forzar a grupos como el ELN y disidencias de las FARC a responder con sabotaje asimétrico dirigido contra la infraestructura de transmisión eléctrica, telecomunicaciones, oleoductos y transporte de carga pesada en corredores viales clave.

En segundo lugar, a mediano plazo, la presión militar sostenida sobre las estructuras armadas en el Catatumbo y el Cauca podría generar vacíos de gobernanza territorial que otras estructuras criminales podrían aprovechar para expandir economías ilícitas y consolidar nuevos regímenes de gobernanza criminal (Arjona, 2016), intensificando el desplazamiento forzado en departamentos como Nariño y Norte de Santander (INDEPAZ, 2026).

En tercer lugar, también a mediano plazo, el flujo de ayuda militar asimétrica de Washington enfrentará una severa restricción si las elecciones legislativas de noviembre de 2026 devuelven la Cámara de Representantes al control del Partido Demócrata, el cual auditará el cumplimiento de derechos humanos en las operaciones del Caribe y el Pacífico. Finalmente, a largo plazo, la coincidencia entre los millonarios costos de la campaña armada y la reconstrucción física tras el terremoto forzará un grave déficit fiscal de cuenta corriente si falla el congelamiento prolongado de aranceles comerciales con EE. UU., obligando al trámite de reformas tributarias regresivas para las corporaciones nacionales.

Referencias

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