La Línea Imperceptible — Captura Institucional Y Agotamiento Del Paradigma Punitivo En México, Colombia Y Ecuador

Introducción

En los últimos años, América Latina ha vivido un cambio radical en sus dinámicas de seguridad. El crimen organizado pasó de estructuras piramidales dedicadas al narcotráfico a redes transnacionales fragmentadas que operan como empresas multinacionales (Bagley, 2012), disputando territorio e infiltrando economías legales (Trejo & Ley, 2018).

El costo es devastador. La región concentra el 27 % de los homicidios globales con solo el 8 % de la población mundial (UNODC, 2024). Ecuador pasó de 5,8 a 50,9 en 2025, su cifra más alta, entre 2017 y 2025 (INEC y OECO, 2024; InSight Crime, 2026). En Colombia el oro ilegal ya supera a la cocaína en ganancias, y en México la extorsión y el combustible robado cuestan cerca del 1,5 % del PIB (El Tiempo, 2026; Coparmex, 2025; Pemex, 2026).

Este análisis sostiene que la falta de resultados en México, Colombia y Ecuador no es una falla operativa de la fuerza pública, sino de una estrategia ineficiente que invierte en el sistema penal y la militarización sin atender que las redes criminales capturan al Estado local y difuminan la línea entre “Estado” y “estructuras criminales”, lo que exige un rediseño centrado en la inteligencia financiera y judicial.

Para ello se presentan tres argumentos. El primero demuestra que la presión militar multiplica las estructuras en vez de desarmarlas. El segundo expone evidencia del proceso de captura criminal de instituciones locales como parte de la diversificación de sus ingresos. Finalmente, se demuestra cómo el gasto público sigue concentrado en la fuerza pública mientras el rastreo financiero es marginal.

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Conceptos:

Captura del Estado: cooptación de instituciones públicas por redes criminales para garantizar impunidad y desarrollar economías ilícitas desde dentro (Garay-Salamanca & Salcedo-Albarán, 2012). Se observa en condenas a jueces, fiscales y policías.

Gobernanza Criminal: orden paralelo impuesto por actores armados no estatales, que ejercen tributación (extorsión) y justicia ante los vacíos del Estado (Arias, 2017). Se observa en la extorsión sistemática sobre cadenas productivas.

Efecto Globo: la presión represiva en una zona no elimina la economía criminal, la desplaza hacia territorios de menor resistencia estatal (Bagley, 2012), trasladando nodos logísticos entre países.

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1. El dilema de la presión militar y la diversificación criminal

La transformación del crimen organizado en la región es un sistema conectado, no fenómenos aislados. Colombia muestra el efecto globo con claridad (Bagley, 2012): la erradicación forzada no redujo el flujo de dinero ilegal, solo lo desplazó a zonas con menor resistencia institucional.

Por su parte, Ecuador, antes un país de tránsito pacífico, se volvió el eslabón perfecto: su economía dolarizada facilita el lavado de dinero (GAFILAT, 2024), y atrajo a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La economía criminal no desapareció: cambió de domicilio (Bagley, 2012).

Cada golpe estatal fragmenta estas estructuras en lugar de eliminarlas. En Ecuador, el asesinato de Jorge Luis Zambrano (“Rasquiña”) en 2020 desprendió de Los Choneros a Los Lobos y Los Chone Killers; el país pasó de 24 a 37 grupos activos entre 2023 y 2025 (ACLED, 2026). México y Colombia muestran el mismo patrón: de siete organizaciones a más de 150, y de 13.000 a 27.121 integrantes armados (Sánchez Valdés, 2025; FIP, 2026).

Aumento de criminalidad con la militarización

Fuente: Elaboración propia con datos de Crisis Group (2025) para la fragmentación de Los Choneros y Los Chone Killers; ACLED (2026) para el número de bandas activas en Ecuador; la Defensoría del Pueblo de Colombia (2024) para la presencia municipal del Clan del Golfo; y Sánchez Valdés (2025), con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para los homicidios en Sinaloa. Procesamiento en RStudio y Figma.

La gráfica (infra) muestra una relación directa entre homicidios, militarización y conflicto armado interno en Ecuador. Sin embargo, en México donde la militarización aumentó los homicidios bajaron, de 29,3 a 15,4 por cada 100.000 habitantes (InSight Crime, 2026). Este hecho podría estar revelando una tendencia más compleja: una mutación en las formas de violencia, pero no su disminución. En efecto, entre enero y septiembre de 2025, México registró 15.673 homicidios dolosos y 26.926 personas desaparecidas (SESNSP y RNPDNO, en Expansión, 2025). La disminución de los homicidios, no obstante, podría esta ocultando una violencia que, lejos de disminuir, se ha desplazado hacia la categoría de desaparecidos¾quienes permanecerán en esa «zona gris» mientras no se encuentre un cuerpo.

La violencia no cede donde se militariza: solo cambia de registro (2018-2025)

Fuente: Panel A, elaboración propia con datos de INEC/OECO (2024) para Ecuador, Medicina Legal (2024) para Colombia e INEGI (2024) para México, y de InSight Crime (2026) para 2024 y 2025. Panel B, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, citados en Expansión (2025) y Causa en Común (2025). Procesamiento en RStudio y Figma.

Esta forma cambiante de violencia no es exclusiva de México. Colombia, por su parte, muestra un patrón de estabilidad igual de engañoso: la tasa de homicidios se mantuvo entre 25 y 25,8 por cada 100.000 habitantes de 2018 a 2025 (InSight Crime, 2026). En el contexto de la política de «Paz Total» del gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) los enfrentamientos directos se redujeron, pero la violencia se volvió clandestina.

El CICR documentó 252 nuevos casos de desaparición asociados al conflicto armado en 2024 (13 % más que en 2023) y 308 en 2025, el máximo de la última década, aunque advierte que la cifra real es mayor por la estigmatización y el temor a denunciar (CICR, 2025, 2026).

Esta presión militar y procesos como la “Paz Total” en Colombia producen un efecto globo (Bagley, 2012) que no elimina la economía criminal, mas la desplazan y fragmentan, acelerando la captura del Estado (Garay-Salamanca & Salcedo-Albarán, 2012).

2. Poder criminal y captura de las instituciones

La falta de resultados de las políticas de seguridad, muy militarizadas en países como México, viene de un error de diagnóstico. Este enfoque trata al crimen organizado solo como narcotráfico, cuando en realidad opera con gobernanza criminal y captura del Estado (Arias, 2017). Sinaloa lo demuestra: tras la entrega de Ismael El Mayo Zambada a EE. UU. en 2024, los homicidios dolosos mensuales subieron de 39,4 a 107,1 (Sánchez Valdés, 2025).

Al dividirse, estos grupos compensan la pérdida de ingresos del narcotráfico con extorsión, secuestro y control de mercados locales (Trejo & Ley, 2018). En México, la extorsión y el robo de combustible costaron más de 200.000 millones de pesos a los hogares en 2024 (Coparmex, 2025; Pemex, 2026). Así, la organización criminal tributa donde el Estado no llega (Arias, 2017).

En Colombia, este cambio se ve en el paso del narcotráfico a la minería ilegal. Las estructuras que construyeron su poder en torno a la cocaína trasladaron esas capacidades al oro. El oro aprovecha la infraestructura existente y entra a las cadenas legales a precio internacional, dificultando rastrear su origen.

Entre el 70 % y el 85 % del oro producido es ilegal, con ganancias de 8.414 millones de dólares al año, más que los 5.400 millones de la cocaína (El Tiempo, 2026), y se vende a precio internacional de inmediato, facilitando el lavado de activos (Valor Público-EAFIT, 2026).

Rentas anuales estimadas de las principales economías ilegales, por sector

Fuente: Elaboración propia con datos de El Tiempo (2026) y Valor Público-EAFIT (2026) para Colombia, y de Pemex (2026) y Coparmex (2025) para México, convertidos a dólares. Procesamiento en RStudio y Figma.

Esta variedad explica por qué controlar el Estado local ya no es un lujo, sino una necesidad. Una mina de oro o una red de extorsión están fijas en un municipio, y quien las explota necesita que el alcalde no denuncie y el juez cierre el caso.

Por eso las redes no buscan derrocar al Estado central: capturan alcaldías, fiscalías y policías mediante financiamiento ilegal de campañas. El caso Metástasis en Ecuador lo ilustra: en 2024 terminó con 37 procesados y 20 condenas, incluidos el presidente del Consejo de la Judicatura y el director del sistema penitenciario (Fiscalía General del Estado, 2024).

México vive la misma pelea en las urnas: el proceso electoral de 2024 fue el más violento de su historia moderna, con 37 candidatos asesinados (Integralia, 2024). En Colombia, el Clan del Golfo controla Urabá y Catatumbo para proteger su minería ilegal (Duncan, 2014). De hecho, 790 de 1.103 municipios tienen alertas tempranas (Defensoría del Pueblo, 2024); y las Fuerzas Armadas ni sistema judicial local.

3. Coacción policiva e inteligencia financiera

Si el problema es financiero e institucional, medir el éxito debe serlo también: no basta con contar cuánta droga se incauta, sino cuánto pierde la organización. En 2024, Colombia logró un récord de incautaciones, 889 toneladas, pero también el mayor número de hectáreas sembradas de la serie, 261.000 (UNODC-SIMCI, 2026).

Esto explica por qué incautar más y producir más no son cosas opuestas: si el negocio sigue siendo rentable, perder un cargamento no implica perder la estructura.

La misma lógica aplica a las finanzas: perseguirlas implica identificar los bienes con los que paga, corrompe y financia operaciones. La UNODC estima que menos del 1 % de los flujos ilícitos globales se incauta.

Por lo tanto, el cuello de botella no está en interceptar la mercancía, sino en desmontar la estructura financiera que la reemplaza. Quitarle un cargamento afecta una operación; quitarle el dinero afecta su capacidad de operar.

Fallas del enfoque punitivo

Fuente: Panel A, elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (UNODC-SIMCI, 2024, 2026). Panel B, Fiscalía General de la Nación y Sociedad de Activos Especiales, citados en El Tiempo (2022), con cifras correspondientes a 2021. Procesamiento en RStudio y Figma.

El panel B desmonta una objeción habitual: no es que a estos países les falte ley. El GAFILAT considera sólido el sistema de extinción de dominio de Colombia; el problema es la ejecución: en 2021 la Fiscalía afectó 7.261 bienes, pero solo extinguió el 6 % del valor (El Tiempo, 2022). Inteligencia financiera y blindaje judicial no son recomendaciones separadas.

Por otra parte, esta asimetría se completa con el sistema penal. La impunidad en México, por ejemplo, llegó al 89,4 % en 2024 (México Evalúa, 2025), mientras los tres países priorizan el presupuesto militar.

Recomendaciones

• Cambiar la forma de medir la violencia. Reportar homicidios y desapariciones de forma conjunta y comparable entre los tres países, no solo cadáveres (Causa en Común, 2025; CICR, 2025). Responsables: institutos de estadística nacionales. Indicador: índice trimestral combinado por cada 100.000 habitantes.

• Medir el éxito en activos recuperados. Crear una fuerza de tarea entre las unidades de inteligencia financiera de los tres países que también cubra el oro y el combustible, no solo la cocaína (UNODC-SIMCI, 2026). Responsables: unidades de inteligencia financiera. Indicador: valor de bienes congelados como porcentaje de la renta criminal.

• Sacar los delitos de captura institucional de los tribunales locales. Trasladar estos casos a cortes de jurisdicción nacional, con jueces de identidad protegida y reparto aleatorio (caso Metástasis, 2024). Responsables: cortes supremas y fiscalías generales. Indicador: porcentaje del valor afectado que llega a sentencia.

• Quitarle a las cárceles su función de centro de mando. Aislar a los cabecillas financieros, bloquear sus comunicaciones y depurar la guardia penitenciaria con auditorías cruzadas. Responsables: ministerios de Justicia. Indicador: órdenes criminales emitidas desde prisión detectadas por inteligencia.

Conclusión

El estudio comparado de la fragmentación criminal en México, Colombia y Ecuador permite anticipar tres escenarios si no se cambia el enfoque de seguridad actual.

En el corto plazo, el efecto globo se intensificará hacia el Cono Sur: si Ecuador estabiliza su crisis portuaria, las bandas moverán sus operaciones a puertos con menos vigilancia en Perú, Chile o Argentina (Bagley, 2012; ACLED, 2026).

En el mediano plazo, la captura del Estado local en Colombia y México consolidará enclaves de gobernanza criminal sobre economías legales: los grupos armados colombianos casi se duplicaron y el oro ya desplazó a la cocaína como principal renta criminal (Arias, 2017; FIP, 2026; El Tiempo, 2026).

En el largo plazo, una estrategia solo punitiva debilitará los cimientos democráticos de la región: la línea entre el Estado y las estructuras criminales se volverá aún más imperceptible (Garay-Salamanca & Salcedo-Albarán, 2012).

En síntesis, la fuerza pública no ha fallado: captura, incauta y despliega cada vez más. Lo que ha fallado es el diseño que la orienta. Mientras el éxito se mida en toneladas y no en patrimonio, y el 94 % del valor incautado se pierda en tribunales que las redes controlan, cada operación exitosa seguirá produciendo más estructuras, más violencia y menos Estado.

Referencias

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