De la euforia a la decadencia: Antecedentes, contenidos y críticas a la nueva constitución chilena.

Resumen

A pesar del “Estallido Social” de 2019 que dio como resultado la formación de una Asamblea Constituyente nacida de un plebiscito ampliamente apoyado por la ciudadanía chilena, los contenidos refrendados por los constituyentes no parecen haber satisfecho las demandas de una población con serios problemas estructurales en escenarios sociales y políticos. Así, las normas progresistas que luchan por subsanar las falencias del Estado chileno generaron mayor incertidumbre de la esperada, que ni la misma sombra de la dictadura de Pinochet, plasmada en la Constitución de 1980, ha logrado revertir este escenario de rechazo social ante la propuesta constitucional.

Las protestas que llevaron al Plebiscito

El 14 de octubre de 2019, a raíz de una medida implementada por el gobierno chileno se incrementó de 800 a 830 pesos el valor del transporte público, considerándolo uno de los servicios de movilización más costosos de Latinoamérica. Como consecuencia, la comunidad estudiantil decidió salir a las calles con el fin de expresar su inconformidad ante esta medida. No obstante, el exmandatario Sebastián Piñera declaró un Estado de Emergencia, seguido de un toque de queda a causa del incremento de la violencia en las calles. Finalmente, Piñera decidió revocar la norma establecida, aunque con fuertes declaraciones hacia las movilizaciones por los actos violentos cometidos durante los sucesos. Sin embargo, las marchas continuaron tomando aún más fuerza, pues para el 25 de octubre de 2019 se evidenció un récord histórico de ciudadanos chilenos reunidos en Plaza Italia, siendo en total un millón de personas (Urrejola, 2019).

Asimismo, la imponencia de estas marchas produjo un replanteamiento de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, ratificada por el entonces presidente Augusto Pinochet. La carta antes mencionada inició como un anteproyecto en 1976 bajo el cargo de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, no obstante, esta fue ratificada a causa de una serie de inconvenientes dentro de la Junta de Gobierno que obligó a dividir la reforma constitucional en tres escenarios históricos, los cuales serán mencionados con mayor claridad en las siguientes secciones. En este sentido, la Constitución de 1980 se fundamentó en una estructura que otorgó fuertes poderes al ejecutivo y restringió las libertades políticas de la ciudadanía. En definitiva, esta constitución da entender una configuración de los entes institucionales alineados a un pasado militarista y ortodoxo. A pesar de lo anterior, la Constitución vigente fue aceptada con una mayoría del 67% de los votos en el plebiscito realizado el 11 de septiembre de 1980 (Memoriachilena, 2021).

Características de la Constitución de 1980

​La Carta Magna de 1980 se desarrolló como una iniciativa en el marco del Golpe de Estado de 1973, liderado por el General Augusto Pinochet. Dicha Constitución se divide en 14 capítulos que cuentan con 120 artículos pétreos y un total de 29 disposiciones transitorias. Según la Junta militar y el gobierno de turno de aquel entonces, la Constitución fue creada con el ánimo de proteger la democracia del fantasma del comunismo y todas las prácticas que atentaran, por un lado, contra el liberalismo en materia económica, y, al mismo tiempo, por la intención de mantener estructuras tradicionales como la familia o la religión (BCN, 2020).

Cambio de gobierno y el nacimiento de la constituyente

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A raíz de las inconformidades que resurgieron en las marchas de octubre, se evidenció un fallo estructural dentro del Estado chileno, permeando contra los derechos básicos de todo ser humano (Urrejola, 2019). Un año después del inicio de las manifestaciones se dio paso al plebiscito para la aprobación de la Reforma Constituyente. Al finalizar la jornada se vislumbraron eventos históricos que ratificaron la relevancia de este mecanismo democrático. Una muestra de esto fue el número de participantes que aprobaron la reforma constitucional (78,27% a favor), el éxito de este suceso se basó en el gran flujo de personas que salieron a votar, midiéndose en un 50,09% del total de la población chilena (BCN, 2020).

Según la BBC (2020) la importancia de crear una nueva constitución tiene su justificación en la necesidad de dar solución a las falencias constitutivas de la Carta Magna de 1980. La cual, a pesar de haber sido sometida a alrededor de 66 reformas, no logró cumplir las expectativas de la ciudadanía, obligando así a mejorar las instituciones, las leyes y los procesos que se pretendían implementar en el accionar futuro. En contraposición, la “Nueva Constitución” tiene como pilar los principios democráticos, tales como la justicia social y la participación ciudadana, dejando a un lado la huella que había construido la dictadura militar en el siglo pasado (BCN, 2020).

Ahora bien, en calidad de analizar el comportamiento de las elecciones presidenciales de 2021, se realizará una retroalimentación sobre el espectro ideológico durante las elecciones de 2017, momento histórico que conllevó a un cambio en el panorama del espectro ideológico de la nación chilena. En primer lugar, por la polarización existente que alineaba a la mitad de la población con un gobierno de derecha y, por otro lado, debido a que una gran porción de la ciudadanía buscaba una nueva perspectiva de gobierno que se manifestaba en el apoyo hacia Guiller, quien se caracterizó por tener unas tendencias políticas de izquierda como lo demostró en su Plan de Gobierno. En un segundo momento, las dinámicas económicas y sociales marcaron un factor preponderante para la selección del mandatario, puesto que los indicadores financieros denotaron un declive durante la administración de Bachelet (PIB de 250,44 mil millones dólares), quien en su último período no logró los estándares económicos que se habían previsto. De hecho, había tenido una reducción en comparación con el primer periodo de Sebastián Piñera quien logró aumentar el PIB de 218,538 mil millones de dólares en 2010 a 278,384 mil millones de dólares para 2013 (Banco Mundial, 2022).

Las elecciones presidenciales de 2017 permitieron entender el inconformismo por parte de la ciudadanía hacia una administración de izquierda, lo que conllevó a la creación de imaginarios que apoyaban un cambio de gobierno, dando como resultado la llegada al poder de Sebastián Piñera con la promesa de mejorar la situación del país e incrementar los índices de desarrollo económico. Aunque se esperaba un apoyo del 45% hacia el candidato de centro derecha, este solo pudo obtener el 36% de los votos, lo que demostró las convicciones de los ciudadanos hacia un cambio de gobierno sin la necesidad del radicalismo (BBC News Mundo, 2021).

No obstante, uno de los motivos que llevó a los chilenos a buscar otra alternativa, en este caso el gobierno de Piñera, se dio gracias a la ineficiencia a nivel económico por parte de la administración. Asimismo, la falta de compromiso social hacia la población hizo que lo acontecido en las elecciones se repitiera, es decir, las problemáticas que se desataron durante el periodo de Piñera colaboraron para dar un giro en la forma en que los ciudadanos votarían en las siguientes elecciones: la pandemia y su estancamiento a nivel económico en gran parte de los países del mundo y la mala gestión durante las movilizaciones en 2019/2020 (BBC News Mundo, 2021).

Para el 2021, el triunfo de Grabiel Boric sobre Antonio Kast expuso una dinámica de rechazo hacia el gobierno de turno por su incesante incomprensión de las necesidades de los ciudadanos. Así pues, en primera vuelta José Antonio Kast obtuvo una votación del 27,9%, mientras que su adversario Gabriel Boric logró un resultado de 25,8%. A pesar de lo observado en la primera vuelta, en el contexto de la segunda se evidenció un cambio electoral que provocó la victoria del candidato Boric con 55,9% de los votos totales, otorgándole el título de ser el primer presidente desde 1990 que no hace parte de los partidos tradicionales de centro derecha/centro izquierda. Lo que amplía las posibilidades de una mayor competencia política al permitir que outsiders empiecen a tener un peso determinante en el escenario político chileno (BBC News Mundo, 2021).

En este sentido, tanto la constituyente como las protestas y el cambio de espectro ideológico en el ejecutivo son muestras de la inconformidad de la sociedad civil chilena y de la falta de garantías en cuanto a derechos humanos. Así, el fenómeno de la constituyente se puede analizar desde tres perspectivas esenciales: la primera, las instancias que se han llevado a cabo para la creación y ratificación de la constitución; la segunda, la derrota de los partidos tradicionales y el surgimiento de la participación independiente de actores políticos que no pertenecían históricamente a la élite chilena; en tercer lugar, la participación y la visibilización de grupos excluidos, tanto por la sociedad como por las instituciones del Estado, que han de suponer en su deber la responsabilidad de garantizar los derechos básicos a todos los habitantes y ciudadanos dentro de su jurisdicción.

Fuente (Público, 2021)

En segunda instancia, se evidencia la preponderancia de la coalición Apruebo Dignidad, la cual fue creada en 2021 por la unión de los partidos Frente Amplio y Chile Digno. Esta coalición se caracteriza por tener una inclinación de centroizquierda (Apruebo Dignidad, 2022). Del mismo modo, la coalición Nuevo Pacto Social, con un espectro ideológico de centroizquierda, fue consolidada por ocho partidos que se unieron con la finalidad de participar en las elecciones parlamentarias, presidenciales y de la asamblea constituyente (NPS Chile, 2021). 

En cuanto a aquellos partidos y coaliciones que representan a la derecha, sobresale la coalición Frente Social Cristiano, integrado por el Partido Republicano y el Partido Conservador Chileno. La característica de esta coalición es su unanimidad por representar a la derecha chilena (El Mostrador, 2021). Asimismo, está el caso particular del Partido de la Gente. Este partido de derecha se caracteriza por abordar la política nacional chilena desde una mirada populista (BNC, 2022). Por otro lado, la coalición Dignidad Ahora se creó en 2020 bajo el amparo del Partido Humanista y el Partido Igualdad; aunque tuvieron una gran acogida en diferentes sectores, en la actualidad esta coalición fue oficialmente disuelta por no alcanzar el número necesario en las elecciones parlamentarias (CNN Chile, 2020).

Las diferentes intenciones de la creación de la “Nueva Constitución” en Chile permitieron que actores políticos progresistas y con diferentes líneas de pensamiento hicieran parte de este nuevo accionar político, situación observada con el Partido Ecologista Verde, el cual pertenece a la Federación de Partidos Verdes de las Américas. Sin embargo, al igual que lo ocurrido con la coalición Dignidad Ahora, fue disuelto por no cumplir el umbral necesario en las elecciones parlamentarias de 2021; no obstante, este partido se encuentra en proceso de reincorporación para el nuevo periodo parlamentario (Partido Ecologista Verde, 2022). Finalmente, se encuentran las circunscripciones por parte de actores independientes que permitieron la inclusión de nuevas perspectivas -buscan el cambio de la constitución y no se encuentran alineados con la derecha política, además de esto están en contra del modelo neoliberal y algunos de sus representantes se fundamentan bajo dogmas marxistas- que no se veían representadas en algunos de los partidos mencionados anteriormente. Por tal motivo, al ver este panorama nacional se pueden dilucidar los procesos que se llevarán a cabo para la creación de la “Nueva Constitución”, la representación de sectores no tradicionales y la maximización de actores que buscarán transformar el espectro político y la carga legal-normativa dentro del país.

Formalidades de la constitución

Dentro de poco finalizará el periodo constituyente chileno a través del plebiscito de salida. Tal y como se mencionó anteriormente, este proceso tuvo lugar a raíz del denominado "Estallido Social" en Chile, dicho fenómeno político y social se dio específicamente en octubre del año 2019. La razón del nuevo proyecto constitucional fue una respuesta política a las demandas ciudadanas que se escuchaban en los principales puntos del país sudamericano. Un ejemplar de la “Nueva Constitución” chilena fue entregado al actual presidente Gabriel Boric el pasado 4 de julio. Este documento consta de 178 páginas, 11 capítulos (I. Principios y disposiciones generales, II. Derechos fundamentales y garantías, III. Naturaleza y medio ambiente, IV. Participación democrática, V. Buen gobierno y función pública, VI. Estado regional y organización territorial, VII. Poder legislativo, VIII. Poder ejecutivo, IX. Sistemas de Justicia, X. Órganos autónomos constitucionales y XI. Reforma y reemplazo de la constitución), 388 artículos y 54 normas transitorias (Meganoticias, 2022). 

Hay algo de lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos: que en el momento de la crisis más profunda política, institucional y social que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos [...]. Hoy es un día que quedará en los anales de la patria. Hoy empezamos una nueva etapa: se trata de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional, dijo el mandatario Gabriel Boric, en la ceremonia realizada para dar paso al texto que reemplazaría la actual Constitución chilena de 1980 y que, a su vez, representaría lo que la inmensa mayoría manifestó en el Plebiscito Nacional realizado el 25 de octubre de 2020, en donde el 78% aprobó la idea de reemplazar la actual Constitución, mientras que el 79% optó porque lo hiciera una Convención Constitucional electa por la ciudadanía (Hagamos historia, 2020).

Con lo anterior en mente, es pertinente preguntarse cuáles han sido las diferentes perspectivas que han nacido alrededor del contenido de la “Nueva Constitución” chilena. Para precisar sobre estos debates, inicialmente se traerán a colación los seis ejes más críticos y controversiales de la propuesta de Carta Magna que han destacado Javier Couso (abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales) y José Zepeda (periodista chileno-holandés e investido doctor honoris causa por universidades de Chile y México) (Couso & Zepeda, 2022).

En primer lugar, los constituyentes impulsaron un texto abiertamente paritario y con enfoque de género, cuyo efecto se traduce en medidas como la obligatoriedad de paridad dentro de los órganos estatales, ya sean aquellos conformados a partir de la elección popular o por la determinación de las autoridades.

Fuente (EFE, 2022).

En segundo lugar, la adopción de un Estado regional, el cual rompe con la naturaleza centralista que ha vivido Chile a lo largo de su historia, pues este sistema ha favorecido la concentración de población a raíz de las ventajas sociales y de calidad de vida en ciudades favorecidas por un margen mayor de recursos y prioridades establecidas por las diversas autoridades. Claro ejemplo es la capital (Santiago de Chile) donde aproximadamente el 40% de la población total del país austral habita, cuestión que termina siendo influyente en un territorio que ostenta una extensión de 4.500 kilómetros (Couso & Zepeda, 2022).

En tercer lugar, el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional y plurilingüista reivindica la posición de los pueblos originarios y su incidencia en el contexto nacional destacando su diversidad, autonomía y su relación histórica con el territorio; hechos que no son abordados en ninguno de los 143 artículos de la Constitución de 1980, donde, a pesar de las reformas de las cuales fue objeto, nunca existió un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. En cuarto lugar, el cambio de un Estado subsidiario a un Estado Social de Derecho comprende una transformación profunda sobre la comprensión de los derechos sociales que en el modelo subsidiario trabajan desde la perspectiva y beneficio de las empresas privadas que se encargan de satisfacer las necesidades de la población, contrariamente a la lógica del Estado Social de Derecho, donde los derechos sociales son salvaguardados en relación con las prácticas de bienes y servicios ofrecidos por el Estado (Couso & Zepeda, 2022).

En quinto lugar, entre las disposiciones del documento constitucional se plantea un instrumento de democracia participativa directa. En este sentido, la ciudadanía percibe mayor poder en el escenario de la toma de decisiones, ya que con tan solo el 3% del censo electoral (800.000 personas) es posible poner en discusión en el Congreso una ley; no obstante, se aclara que es necesario un 5% del censo electoral para lograr que una ley sea derogada por los órganos legislativos. En último lugar, esta constitución alberga una gran variedad de medidas que pretenden combatir el cambio climático mediante la regulación y protección del medioambiente como: garantizar que los animales sean sujetos de especial protección; regular y fomentar la gestión de los residuos, conservar la atmósfera y el cielo nocturno; regular la exploración y explotación de todas las minas y sustancias minerales de carácter finito, no renovable y de interés público intergeneracional (Couso & Zepeda, 2022).

Desde otro punto de vista, BBC Mundo (2022) plantea otros grandes cambios, como es el caso del aborto libre que, si bien no se expresa como tal en la nueva proposición, busca garantizar las condiciones necesarias para la maternidad en todos sus niveles, así como su voluntaria interrupción, lo que discrepa con lo consagrado en la anterior propuesta, en donde acorde con la ley se protege ante todo la vida del que está por nacer.

Además, las demandas que tuvieron lugar en el Estallido Social llevaron a una constituyente que surgió como una manera de resignificar una dignidad afectada. En el nuevo código, Chile se refiere a sí mismo como un Estado Social Democrático de Derecho que debe proveer de bienes y servicios a su población, tales como la seguridad social o la garantía de salud, afianzando una vida íntegra para todos, divergiendo así con la actual carta, debido a que en esta el Estado no es el principal benefactor, sino que lo son las entidades privadas. De forma paralela, la “Nueva Constitución” cuenta con un espacio dedicado especialmente a un recurso de común necesidad: el agua. En el proyecto este recurso natural pasó de poseer la capacidad de apropiación legal, a ser un bien inapropiable, estableciendo un derecho humano al agua (BBC Mundo, 2022).

Finalmente, aparece otro de los cambios más significativos: el sistema político. Actualmente existe un congreso que se divide en dos ramas (la Cámara de Diputados y el Senado). Este escenario cambia en la nueva Carta Magna, ya que, el senado desaparece y se ve reemplazado por dos cámaras: una regional y otra nacional, ambas con poder asimétrico, junto con un congreso paritario para la formación de leyes. Además de que la edad para postular al cargo de jefe de Estado pasó de los 35 a 30 años y, a su vez, se añadió el poder ser reelegido una sola vez (BBC Mundo, 2022).

El desolador recibimiento de la “Nueva Carta Magna”

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Ahora bien, para plantear una comprensión amplia que converja diferentes perspectivas, se hará referencia, en primera instancia, a la posición actual de la ciudadanía chilena (en contra o a favor) desde los datos ofrecidos por las empresas chilenas CADEM y ACTIVA, cuya relevancia deriva de su compromiso en investigación, recolección y análisis de información para la producción de informes sobre tendencias y realidades de espectros sociales, económicos, políticos, entre otros. Posteriormente, se brindarán los argumentos de actores externos al contexto chileno, como Amnistía Internacional -ONG que se ha encargado de apoyar el texto refrendado- y, por otra parte, la revista The Economist, la cual ha sugerido la no aceptación de la normatividad aglutinada en la propuesta constitucional.

El pasado 10 de julio CADEM divulgó resultados contundentes sobre la ventaja que el Rechazo ha impuesto ante la posibilidad de la adopción de una nueva Carta Magna. Lo observado indica que el 53% de los chilenos encuestados estarían en contra de aprobar el plebiscito del 4 de septiembre, mientras que el 35% demostraría su apoyo a la “Nueva Constitución”, y el 12% restante no sabe o no responde. Por otra parte, frente al tema de qué sentimientos produce la “Nueva Constitución”, CADEM encontró que el 35% recibe este cambio de manera esperanzadora y un 61% afirma que siente temor frente a la Constitución (CADEM, 2022).

Asimismo, se determinó que el 11% de los encuestados esperan que la “Nueva Constitución” sea aprobada con todo el contenido propuesto hasta el momento; otro 31% busca que sea aprobada siempre y cuando sea sometida a cambios; un 35% avala el rechazo del texto para que en su lugar entre en debate una nueva constitución; y un 20% opta por el rechazo para continuar con la constitución vigente.

Fuente: (BBC News Mundo, 2019)

Otro resultado observado tiene que ver con las proporciones vistas por el conjunto de los encuestados que “aprueban” y “aprueban con reformas” (42%), contra aquellos que “rechazan” y “rechazan para una Nueva Constitución” (55%). Por último, CADEM hizo referencia a las expectativas de los chilenos encuestados, de los cuales el 53% cree que el rechazo será un hecho, el 41% asegura la victoria del plebiscito y el 6% no sabe no responde (CADEM, 2022).

Por su parte, ACTIVA publicó los resultados correspondientes al Pulso Ciudadano que analizó temas relativos al ámbito nacional chileno, incluida la intencionalidad de aprobar o rechazar el borrador de la “nueva constitución”, por lo cual se entrevistaron a 1.205 personas entre el 20 y 24 de junio de 2022 por medio de un Panel Online a nivel nacional. Los primeros resultados revelaron que el 46% de la población rechazaría la constitución, si las elecciones se llevaran a cabo este domingo. El 28% aprobaría la propuesta, el 15% está indeciso, el 2,9% votaría nulo/blanco y el 7,2% no votaría (ACTIVA, 2022).

Con los resultados también se proyectó que entre el 50,9% y el 58,3% del censo electoral votaría en el plebiscito, destacando que la estimación puntual sería de 54,6% (8.231.836 votantes). En un escenario con participación del 100% de los electores, ACTIVA calcula que el 62,3% votaría por el rechazo y el 37,7% aprobaría la constitución; mientras que en un escenario de votante probable (54,6% del censo electoral) daría como resultado un 55,7% de la población apoyando el rechazo y un 44,3% a favor del cambio (ACTIVA, 2022).

En cuanto a las expectativas, el 47,1% cree que el rechazo prevalecerá, el 28,9% piensa que el plebiscito ganará y el 24% restante no sabe cuál de las dos opciones resultará vencedora. Con respecto al interés de la población al momento de hablar de la “Nueva Constitución”, el 59,2% de las personas demuestran interés en el proceso, el 23,3% de los encuestados están poco o nada interesados y el 17,5% están medianamente interesados (ACTIVA, 2022). Con la descripción de los datos de CADEM y ACTIVA es posible señalar que existe una tendencia creciente hacia la derogación de la nueva Carta Magna que, si bien es significativa, no es absoluta; por consiguiente, es importante revisar las razones de fondo que han dado Amnistía Internacional y The Economist para reforzar su apoyo o contradicción al plebiscito del 4 de septiembre.

Amnistía Internacional, desde su página oficial, hizo público el 6 de julio un texto titulado «Chile: Amnistía Internacional presenta campaña “Aprobar es Humano” y afirma que la nueva constitución permite avanzar hacia mejores condiciones de vida». El propósito de aquella publicación resaltó la postura que ha mantenido la ONG desde hace

años, pues concluye que es fundamental dejar a un lado la constitución del régimen de Augusto Pinochet por fomentar la presencia de desigualdades, la precariedad y los abusos en contra de la mayoría de la población, obstaculizando así la consecución de una sociedad chilena más justa (Amnistía Internacional, 2022).Fuente (CADEM, 2022) y (ACTIVA, 2022).

​Fuente (CADEM, 2022) y (ACTIVA, 2022)

Bajo este entendido, Amnistía Internacional aclara que en septiembre la ciudadanía chilena tendrá la opción de permitir la llegada de una constitución que favorezca la igualdad de derechos o continuar con la constitución vigente, claro ejemplo de un trato asimétrico y preferencial para algunos. La motivación más clara que ha promovido el posicionamiento de la ONG ante la aprobación del plebiscito se encuentra en el supuesto fortalecimiento de los derechos fundamentales que abarca la “nueva constitución”, particularmente en lo referente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; promoviendo así el derecho al agua y a la vivienda, pero también consolidando derechos que han sido endebles por las realidades estructurales de la Constitución de 1980, como es el caso del derecho a la salud y la seguridad social (Amnistía Internacional, 2022).

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Finalizando, esta perspectiva asegura que la nueva constitución presta una verdadera atención a personas que cuentan con especial protección y que han sido históricamente marginalizadas, como es el caso de: personas con discapacidad, LGBTIQ+, mujeres, menores de edad y pueblos originarios. De este modo, Amnistía Internacional establece que la aprobación del plebiscito no asegura la protección digna que merecen todas las personas, aunque sí será el paso inicial para avanzar en la dirección correcta (Amnistía Internacional, 2022).

En contradicción, la revista The Economist presentó el mismo 6 de julio una crítica a la propuesta constitucional titulada “Voters should reject Chile´s new draft constitution”. En lo argumentado en la publicación, se explica cómo las protestas de los años 2019 y 2020 recogieron un amplio número de demandas y culpables, entre los cuales estaba la constitución de Pinochet. Para pasmar las protestas, el gobierno de la época acordó la formulación de una nueva constitución, cuya Asamblea Constituyente estuvo compuesta por 155 personas escogidas democráticamente, perteneciendo la mayoría de ellos a movimientos sociales antes que a partidos políticos de renombre. Como consecuencia, el 4 de julio fue presentada una propuesta constitucional absurdamente larga y fiscalmente irresponsable (The Economist, 2022).

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A pesar de que la propuesta final omitió ideas terribles, como nacionalizar todos los recursos naturales o desgarrar la Cámara Alta del Congreso, sí incluyó ideas admirables como el aumento de la autonomía regional y de las comunidades indígenas, el acceso al aborto y al suicidio asistido. Sin embargo, los problemas empiezan por la confusión misma en la cual está escrito el documento, pues es ambiguo en temas como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza o por su constante mención del concepto de género o perspectiva de género, que no poseen un significado definido oficialmente en la “Nueva Constitución” (The Economist, 2022).

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En temas relacionados al derecho al trabajo se complica aún más la cuestión, puesto que se les otorga el poder único a los sindicatos de representar a los trabajadores, lo cual implica que estas organizaciones pueden entrar en paro en cualquier momento y por cualquier motivo. El documento también es conflictivo al asegurar que todas las formas de inseguridad laboral están prohibidas y que todo el mundo tiene el derecho a trabajar, dificultando así la posibilidad que tiene el empleador de despedir a sus empleados. De igual manera, las expropiaciones con esta nueva Carta Magna permiten formalizar una compensación monetaria no acordada por los precios del mercado sino por el Congreso. Y ni hablar de lo que supondría un gasto mayor del presupuesto a raíz de la “aprobación” de derechos como el derecho a una vivienda, el cual aplicaría a todas las personas (The Economist, 2022).

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En conclusión, The Economist sostiene que, si bien la Constitución de 1980 no es perfecta, a comparación de la nueva propuesta, por lo menos demuestra vestigios de claridad. Por ende, los chilenos deberían rechazar el plebiscito para así presionar al Congreso a reformar la constitución vigente facilitando la construcción de un Estado de Bienestar robusto (The Economist, 2022).

En síntesis, el malestar político y social que se venía originando desde la dictadura del General Augusto Pinochet hasta la actualidad, es una muestra de los vacíos que han sufrido distintos sectores poblaciones aparentemente desamparados por las falencias normativas e institucionales de la Constitución de 1980. Por tal motivo y a raíz del Estallido Social del 2019, las demandas de una sociedad debilitada por el incumplimiento de los deberes del Estado se plasmaron en la propuesta de una nueva constitución, enmarcada en subsanar y fortalecer temáticas alrededor de derechos fundamentales, como también a comunidades históricamente abstraídas.

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A pesar de presentarse como la oportunidad para un futuro alentador, las encuestas demuestran que la aprobación del plebiscito posiblemente no sea una realidad. Tal situación se puede entender por tres razones vitales: el contenido progresista y utópico, la inestabilidad económica producto de la pandemia por Covid-19, como también la oposición de la población que se ve positivamente beneficiada por la Constitución de 1980.

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A partir del análisis se pueden considerar tres escenarios prospectivos. El primero de ellos se aplica a corto plazo, en donde la evidencia estadística demuestra un rechazo contundente hacia los contenidos de la nueva propuesta constitucional. A su vez, se plantea que luego de la negativa por parte de los ciudadanos, a mediano plazo el actual presidente Gabriel Boric presentará una nueva propuesta de Carta Magna. Para finalizar y a largo plazo, se prevé que la actual Constitución se mantenga y pueda ser objeto de diversas reformas que logren reflejar soluciones a las desatenciones por parte del Estado hacia grupos vulnerables.