Brasil. El game changer de América Latina

Introducción

Los brasileros acudieron a las urnas el pasado 25 de octubre para reelegir a Luiz Inácio Lula da Silva para un cuarto periodo presidencial, con lo que sumará dieciséis años en el poder en dos etapas no consecutivas (2003-2010 y 2023-2030). Con el 51.79% de los votos, Lula derrotó en segunda vuelta a Flávio Bolsonaro (48.21%), tras disputar a sus ochenta años su séptima campaña presidencial desde 1989 (Tribunal Superior Eleitoral, 2026). Ciertamente, después de las de Estados Unidos, las elecciones presidenciales de Brasil son las más relevantes de las Américas.

El peso de Brasil es, ante todo, demográfico y económico. En las Américas, tiene la segunda mayor población, después de Estados Unidos, y la tercera economía más grande, por un margen muy ajustado detrás de Canadá. En América Latina y el Caribe, lidera la región en tamaño. Su población, de unos 213 millones de habitantes, supera en unos 83 millones a la de México, cuadruplica la de Colombia y casi quintuplica la de Argentina (WorldStats, 2026). Su PIB nominal equivale a 1.2 veces el de México, 3.3 veces el de Argentina, cinco veces el de Colombia y 6.4 veces el de Chile (World Bank, 2026b). Su crecimiento también ha sido más estable. Entre 2020 y 2025, el PIB real creció a una media del 2.2% anual, el doble del ritmo de México y Argentina. Además, Brasil registró la contracción más leve durante la pandemia entre las cinco mayores economías de la región (World Bank, 2026c).

Los indicadores sociales también han mejorado. Desde 2001, la proporción de brasileros que vive en pobreza extrema, con menos de 3.00 dólares al día, ha caído del 17.5% al 3.0% (World Bank, 2026h). En el plano político, a pesar de una erosión democrática constante en la última década, las instituciones brasileras han demostrado ser resilientes. El Democracy Index sigue clasificando al país como una «democracia defectuosa», y V-Dem lo ha categorizado a lo largo del siglo como una «democracia electoral»—el régimen político más común en América Latina (Economist Intelligence Unit, 2025; V-Dem Institute, 2026).

Además, Brasil supera a sus vecinos en peso geopolítico. Es miembro fundador del grupo BRIC, junto con Rusia, India y China, cuyas economías representan alrededor del 24% del PIB mundial (World Bank, 2026e). En Sudamérica, Brasil genera más del 70% del PIB del Mercosur—el mayor bloque comercial de la subregión—, un peso que se evidenció en las gestiones brasileras para alcanzar, a comienzos de este año, un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tras más de 25 años de negociaciones y en medio de crecientes tensiones comerciales globales (Council on Foreign Relations, 2026).

En general, aunque Estados Unidos sigue siendo la potencia indiscutible del hemisferio, Brasil es el game changer de una América Latina estancada en la trampa del ingreso medio (Amann, 2025). A pesar de las marcadas diferencias entre los candidatos de la segunda vuelta en temas clave como la política exterior, el medioambiente o la democracia, ambos finalistas coincidían en los intereses nacionales de Brasil respecto a su estatus regional y global, así como en la fórmula para el desarrollo en un siglo de divergencia crítica para las economías rezagadas de la región (Osborn, 2026).

En este contexto, este Policy brief sostiene que, más allá de la variable democrática que debería garantizar la alternancia en el poder[i], Brasil representa la excepción latinoamericana de una política de Estado capaz de sostener en el tiempo sus intereses nacionales más críticos: el desarrollo y el posicionamiento geopolítico. Así, los gobiernos brasileros de izquierda o de derecha, a pesar de una competencia electoral polarizada, han sabido mantener una vez en el poder un consenso de élites en torno a la democracia liberal, el extractivismo, el desarrollismo y el activismo diplomático global—las características distintivas del game changer latinoamericano.

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Conceptos:

Simbiosis de élites: Relación de interdependencia instrumental entre las élites políticas y las económicas: los gobernantes garantizan el orden jurídico y la protección de la propiedad, y los agentes económicos aportan los recursos que sostienen el poder estatal. Este “matrimonio de conveniencia”, precario y conflictivo, sustenta la coevolución del Estado y el capitalismo modernos (Best, 2017).

No alineamiento activo (NAA): Doctrina de política exterior que propone que América Latina y el Sur Global definan su inserción internacional según sus intereses nacionales, sin subordinarse ni a Estados Unidos ni a China en su disputa por la hegemonía global. No equivale a neutralidad: supone un posicionamiento variable, caso por caso, anclado en el derecho internacional y en una posición regional común (Heine & Ominami, 2021).

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La política doméstica

Brasil se sumó oficialmente a la tercera ola de democratización mundial en 1988. La dictadura militar (1964-1985) había iniciado, con la presidencia de Ernesto Geisel (1974-1979), un proceso de liberalización “lenta, gradual y segura” que continuó el último militar en el poder, João Baptista Figueiredo (1979-1985). A partir de entonces, la transición estuvo a cargo del primer gobierno civil, que lideró el nuevo orden constitucional de 1988 y la elección del primer presidente por voto popular, Fernando Collor de Mello, quien asumió en 1990. Estos primeros años estuvieron marcados por una inestabilidad democrática que hizo de Collor no solo el primer presidente elegido por voto popular en el nuevo orden liberal-constitucional, sino también el primero en enfrentar un impeachment que forzó su renuncia en 1992.

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), por su parte, daría inicio a una era de consolidación democrática y modernización económica. Sus dos administraciones combinaron estrategias del desarrollismo cepalino, una agenda socialdemócrata que materializó los nuevos derechos sociales en un moderno Estado de bienestar y reformas económicas de corte neoliberal, que reflejaron un amplio consenso de la clase política y económica sobre la “necesidad de actualizar el Estado y la economía a la luz de lo que estaba sucediendo en el mundo desarrollado” (Fausto, 2022).

Contra este periodo de privatizaciones y liberalización del mercado, y con la bandera de unas políticas sociales promisorias, se erigió el discurso del Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Lula da Silva. Lula ha sido, sin duda, el artífice de una hegemonía política que, proyectada hasta 2030, suma dieciséis años de gobierno en dos etapas no consecutivas (2003-2010 y 2023-2030), el control del poder ejecutivo por candidatos del PT durante casi 23 años (2003-2019 y 2023-2030) y el récord histórico de mandatos presidenciales de la era democrática.

Si el liberalismo conservador de Cardoso representó la ruptura definitiva de Brasil con las dinámicas del siglo XX—dictaduras militares y economías dirigidas—, la política del PT representó la inserción del país en los patrones del siglo XXI. A diferencia de otros partidos de la izquierda radical latinoamericana (Pink Tide), el PT evolucionó del romanticismo socialista al pragmatismo: se abrió a alianzas partidistas que le garantizaran gobernabilidad legislativa y ganó experiencia ejecutiva en gobiernos locales. Mientras cumplía sus promesas sociales con programas exitosos como «Bolsa Familia», el partido construyó un modelo de Estado desarrollista en alianza estratégica con el sector privado (ni neoliberal ni intervencionista), con integración global y un fuerte desarrollo industrial en defensa que garantizara la seguridad de los recursos naturales estratégicos—petróleo offshore y tierras raras.

El impacto de esta política fue una expansión económica sin precedentes. Entre 2009 y 2011, el PIB nominal pasó de 1.67 a 2.62 trillones de dólares; en 2010, la tasa de crecimiento alcanzó su máximo del siglo, con un 7.5%, y en 2011 el PIB per cápita se catapultó hasta los 13.396 dólares, por encima de todas las economías de la región. La combinación de una política desarrollista público-privada con políticas sociales que ayudaron a disminuir la pobreza (3.0% en 2024), aumentar la movilidad social ascendente y expandir el consumo interno de la clase media creó una sociedad cuya demanda de energía eléctrica alcanzó en 2024 los 3.070 kWh per cápita, la más alta de América Latina. La industria alcanzó un techo del 24.3% del PIB en 2004 y, a pesar de la caída general de los indicadores durante la pandemia, se ha mantenido desde 2022 por encima del 20%. La participación de Brasil en las cadenas globales de suministro de tecnología, medida por sus exportaciones de alta tecnología, alcanzó un máximo de 8.69 millones de dólares en 2024, hasta ocho veces más que la de sus vecinos; sin embargo, sigue muy a la zaga de México (94.52 millones de dólares), que ha sabido explotar su frontera estratégica con Estados Unidos (World Bank, 2026f, 2026g, 2026a).

Fuente: Elaboración propia con datos de (World Bank, 2026d, 2026h) 

En síntesis, la consolidación de Brasil como la mayor economía de América Latina y el Caribe no ha sido el resultado de un partido, una tendencia política o un líder carismático, sino de una efectiva «simbiosis de élites» propia de la era democrática. Mientras que el autoritarismo había desarrollado un «sistema de élites estatista», que sometía al sector privado a relaciones clientelares y lo integraba en una cleptocracia con los gobiernos dictatoriales, la democracia liberal de 1988 creó las condiciones de posibilidad para una simbiosis entre las élites política y económica que fue, aunque tardía, la base para la coevolución del capitalismo y el Estado modernos en Brasil.

Así, el nuevo orden democrático-liberal garantizó los requisitos institucionales mínimos de un capitalismo moderno, que exige para su funcionamiento “sólidas garantías constitucionales de los derechos de propiedad, mercados de bienes y financieros eficientes, ningún impuesto sin representación, una infraestructura eficiente y un sistema estandarizado de pesos y medidas” (Best, 2017, pp. 334–336). De esta manera, las disfuncionalidades y contradicciones inherentes a esta simbiosis—el interés de la élite política en las rivalidades por el poder y el de la élite económica en la maximización del beneficio—fueron corrigiéndose durante las últimas tres décadas, tanto con el liberalismo conservador de Cardoso como con el socialismo pragmático del PT.

Esta simbiosis, nunca perfecta, entre las élites política y económica del Brasil contemporáneo ha permitido un consenso en torno a cuatro ideas fundamentales. Primero, la democracia liberal como garante de un Estado de derecho que proteja las libertades civiles y brinde la seguridad jurídica que necesita un capitalismo moderno que asume riesgos de largo plazo. Segundo, el extractivismo de los recursos naturales estratégicos para financiar el progreso. Tercero, el desarrollo económico como vehículo para una inserción competitiva en el mercado internacional, vinculado al sector de defensa, que tiene en Brasil la mayor industria aeronáutica (Embraer) y, ahora, naval del Cono Sur. Y cuarto, el activismo diplomático como herramienta de posicionamiento en la geopolítica global.

Como resultado, solo en Brasil resulta comprensible que un gobierno neoliberal haya sido el arquitecto del sistema de bienestar, o que la economía haya alcanzado su máxima expansión bajo la hegemonía democrática de la izquierda. En esta misma línea, durante el gobierno de Lula el país consolidó su liderazgo en el Mercosur—un proyecto impulsado por los primeros gobiernos liberales de la era democrática—y, asimismo, integró el poderoso grupo de los BRICS, con lo que obtuvo no solo un estatus relevante en la geopolítica del Sur Global, sino también un mejor posicionamiento en el mercado capitalista mundial.

Finalmente, esta simbiosis de élites es la que ha permitido que, en marzo de 2026, Brasil alcanzara, de la mano de Petrobras y de una red de casi 50 empresas privadas, el récord histórico de 5.5 millones de barriles diarios de petróleo y gas, lo que lo convirtió en el séptimo mayor productor mundial de crudo (Calvo, 2026). Esta posición podría ascender hasta el quinto lugar si se confirma una reserva de hidrocarburos en un controvertido yacimiento situado a tan solo 175 kilómetros mar adentro, al norte del país, frente a la desembocadura del río Amazonas. Se trata de una riqueza a la que las élites política y económica no están dispuestas a renunciar y que, por el contrario, Lula supo integrar en su campaña por la reelección con un discurso poco ecológico y, más bien, nacionalista, desarrollista y geopolítico (Galarraga Gortázar, 2026).

La geopolítica brasilera

Si en la política doméstica las élites brasileras se destacan en la región por su capacidad de consenso en torno a un proyecto nacional de largo plazo, en el posicionamiento internacional del país este acuerdo resulta aún más evidente, en particular en los tres frentes en los que actúa simultáneamente la diplomacia brasilera: el contexto latinoamericano, la tensión Washington-Beijing y el escenario global.

En primer lugar, el rasgo más notorio de la política latinoamericana contemporánea ha sido su incapacidad para desarrollar procesos de integración avanzados. A pesar de que 18 de sus 19 naciones comparten la misma lengua y prácticamente la misma historia colonial y republicana—con la ligera diferencia del legado portugués en Brasil—, los latinoamericanos no han logrado construir un sistema de instituciones multilaterales que integre Estados, economías y sociedades (García Belaúnde, 2024). Por el contrario, aparte del sistema interamericano de la OEA—en franca decadencia con el trumpismo—, los proyectos más avanzados de integración regional no van más allá de foros multilaterales (CELAC), mecanismos de integración comercial (Alianza del Pacífico) o bloques económicos como el Mercosur, cuyo énfasis comercial no ha permitido un desarrollo más integral.

No obstante, en este escenario Brasil ha sabido desempeñar un rol estratégico. La falta de consenso sobre instituciones políticas multilaterales ha favorecido el desarrollo de plataformas más pragmáticas, como el Mercosur, donde Brasil no necesita mayores esfuerzos para ocupar un lugar preeminente: su economía es 2.6 veces mayor que la suma de las de los demás socios. En su primera fase, el bloque le ofreció un mercado de consumo para su avanzada economía industrial, energética y de servicios; en las próximas décadas, será además la principal plataforma de inserción de la economía más poderosa del bloque en el gigantesco mercado de consumo de la Unión Europea. En este sentido, Brasil ha sabido aprovechar su peso económico en la región para ganar preeminencia política y cierta condición de intermediario inevitable para cualquier actor interesado en el bloque comercial más sólido de la región.

En segundo lugar, está la rivalidad entre Estados Unidos y China. Al respecto, las recientes campañas presidenciales revelaron la esencia del consenso de las élites brasileras en torno a la estrategia de relacionamiento con ambas potencias. A pesar de los aparentes contrastes en los enfoques de política exterior entre el presidente Lula y el candidato Bolsonaro, ambas plataformas electorales convergieron en dos principios clave que han determinado en gran medida la posición geopolítica de Brasil. Primero, la importancia de diversificar las alianzas globales, dados un vecindario poco competitivo y un comercio global volátil. Y segundo, un enfoque pragmático de no alineamiento activo que mantenga al país al margen de la disputa global entre Washington y Beijing.

Mientras que el enfoque de Lula situaba “la autonomía estratégica, la diplomacia universalista, los BRICS y el Sur Global en el centro del papel internacional de Brasil”, el bolsonarismo “prometía reparar las relaciones con Estados Unidos y otros socios tradicionales, restaurar una diplomacia más pragmática y dar mayor peso al comercio, la inversión y la colaboración con instituciones occidentales como la OCDE”. En síntesis, la política de Lula no excluía a Estados Unidos, ni el trumpismo de Bolsonaro implicaba un alineamiento automático con Washington en todos los asuntos (Magnotta, 2026).

Esta ausencia de una elección dicotómica entre Washington y Beijing se debe principalmente a la estructura económica que Brasil ha desarrollado en las últimas décadas, la cual impone límites pragmáticos a una alineación rígida. En efecto, China está profundamente integrada en las redes comerciales y productivas de Brasil. En 2025, China concentró el 28.7% de las exportaciones brasileras, mientras que Estados Unidos fue el segundo destino, con el 10.8%. Una estructura exportadora de esta naturaleza hace pragmáticamente imposible una política exterior de alineamiento automático con uno u otro competidor. Por el contrario, un enfoque tradicional de alineamiento rígido resulta más comprensible en economías de la región como la colombiana. En el mismo periodo, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de Colombia, con el 29.6%, mientras que China ocupó el séptimo lugar, con el 3.3%. A esta estructura exportadora se suma la trampa de una economía monoproductora, en la que el 45% de las exportaciones depende del petróleo ((CEBC), 2026; (DANE), 2026). En resumen, la complejidad productiva y la diversidad comercial de la economía brasilera exigen enfoques de política exterior que promuevan alineamientos múltiples.

Fuente: Elaboración propia con datos de ((CEBC), 2026; (DANE), 2026)

Por otra parte, en lo que respecta al activo estratégico de las tierras raras, mientras China concentra alrededor del 70% de la producción mundial, Brasil posee cerca del 23.1% de las reservas del mundo, con unos 21 millones de toneladas métricas (Magnotta, 2026). En una era de descarbonización y transición energética, este volumen de recursos resulta muy atractivo para ambas potencias. Sin embargo, las élites brasileras han sabido converger nuevamente en torno al valor estratégico de los minerales críticos para el desarrollo y el posicionamiento global del país.

Así, la ley 15.506 de 2026, que estableció la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, obligó al poder ejecutivo a priorizar el valor agregado nacional, la transferencia de tecnología, el desarrollo regional y la soberanía como objetivos clave de su política de minerales críticos. Se trata de una posición compartida incluso por la derecha bolsonarista, que rechazaba la exportación de materias primas sin procesar y privilegiaba el valor agregado y el empleo local por encima de las alianzas extranjeras (Magnotta, 2026). En últimas, ya sea que el PT prolongue su hegemonía más allá de 2030 o que sea sustituido por la nueva derecha, tanto China como Estados Unidos tendrán que presentar ofertas que traten a Brasil no como un proveedor ordinario de materias primas, sino como un país que busca un lugar más amplio en la cadena de valor.

Asimismo, la participación de Brasil en los BRICS sintetiza la aplicación efectiva de la doctrina de no alineamiento activo (NAA), que parece haber definido su política exterior en las últimas tres décadas. Bajo la premisa de que no se trata “de neutralidad ni de equidistancia, sino de una defensa activa y pragmática de los intereses nacionales y regionales en el marco de limitaciones estructurales” (CEPAL-Naciones Unidas, 2026, p. 359), que aboga por el no alineamiento general con una u otra potencia y por la diversificación de mecanismos y socios de «geometría variable» en función de los temas tratados, Brasil ha logrado la inserción más exitosa de la región en medio de una geopolítica contemporánea cambiante.

Desde esta perspectiva, Brasil ha implementado tres acciones fundamentales para sostener una política exterior estable y eficaz para sus intereses nacionales. Primero, ha diversificado sus alianzas en un contexto de alta volatilidad del comercio global. Segundo, ha evitado los alineamientos rígidos que lo obliguen a tomar partido en la disputa entre Washington y Beijing. Y tercero, ha distinguido los ámbitos en los que la presión para alinearse será mayor o incluso inevitable debido a relaciones asimétricas, como la seguridad, la tecnología o la infraestructura crítica (CEPAL-Naciones Unidas, 2026).

Finalmente, la evidencia muestra el papel crítico que ha desempeñado la política exterior brasilera como instrumento de posicionamiento geopolítico, más allá de la simple inserción comercial. El activismo diplomático ha consolidado la posición destacada que el país ya ocupaba entre las economías regionales, en el hemisferio y en el Sur Global a través de los BRICS—una plataforma más sólida y multilateral que le ha permitido reivindicar una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que considera que merece un asiento por su posición en el orden internacional actual.

Como resultado, Brasil sigue mostrando coherencia en sus intereses nacionales más críticos: la defensa y el extractivismo de los recursos naturales estratégicos, el desarrollo como vehículo de inserción en el mercado global y el no alineamiento activo en su posicionamiento geopolítico. Desafortunadamente, el éxito innegable de estos tres aspectos parece haber pasado por alto el fundamento sobre el cual se asentó la transformación más profunda de la nación brasilera tras la era autoritaria: el consenso democrático.

Recomendaciones

• Proteger la democracia liberal. Brasil debe revisar las disfuncionalidades del orden constitucional que puedan seguir erosionando la democracia y generando opacidades que el mercado castiga duramente con desconfianza. Entre ellas, la falta de límites a la acumulación de mandatos no consecutivos, la intervención judicial en el sistema electoral, las relaciones clientelares entre el poder ejecutivo y el judicial, la facultad presidencial de conmutar penas o, incluso, la ausencia de límites al presidente en la administración de la deuda pública.

• Consolidar el desarrollo humano. El reto para la próxima administración será lograr un sano equilibrio entre inversión social y gasto público, con políticas sociales que mejoren indicadores como la tasa de pobreza extrema (3%) y la pobreza multidimensional (3.4% en 2024)—que equivalen, respectivamente, a unos 6.4 y 7.2 millones de habitantes, prácticamente la población total de un país como Paraguay—o el índice de Gini (0.53 en 2024), que sigue ubicando al país como el segundo más desigual de la región, después de Colombia.

Conclusión

Contrario al imaginario popular, la hegemonía del PT desde 2003 no ha garantizado la profundización de la democracia heredada del liberalismo de los años noventa, sino su erosión progresiva. La nueva derecha, por su parte, solo ha contribuido a un fenómeno que ya era constante desde 2010 (Economist Intelligence Unit, 2025). El aumento de la riqueza, por un lado, y la consolidación de una hegemonía política, por otro, han ido fracturando la simbiosis de las élites económica y política de la era democrática, que se han concentrado en sus propios intereses de grupo y han descuidado el pacto fundamental de 1988.

Los casos de corrupción (Mensalão y Lava Jato), una hegemonía en el poder ejecutivo que en 2030 sumará casi un cuarto de siglo, una segunda vuelta presidencial no exenta de opacidades, una presidenta destituida mediante impeachment, dos presidentes con condenas penales y el quiebre del Estado de derecho con un intento de golpe de Estado son reflejo de una segmentación de élites en la que cada una lucha por su propia agenda. La fractura de la simbiosis de élites puede ser la puerta de entrada al autoritarismo y a la pérdida de los descollantes avances de Brasil en su era democrática.

En este sentido, el reto de la actual administración va más allá de haber desafiado los pronósticos y frenado la ola conservadora más poderosa de la región desde inicios de los años noventa, un resultado que reequilibró, temporalmente, la geopolítica continental. Los retos más urgentes del game changer latinoamericano son, más bien, domésticos antes que internacionales. La élite brasilera debe consolidar el pacto democrático sobre el cual se ha construido el proyecto nacional más exitoso de la región y, por extensión, seguir siendo el faro más cercano para unos vecinos marcados por una segmentación de élites cuyo costo ha sido el retraso crítico en el desarrollo de un Estado y un capitalismo modernos.

Referencias

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Notas

[i] La Constitución brasilera de 1988 permite la reelección inmediata y una nueva postulación tras un periodo intermedio, sin un límite vitalicio claro. Esta norma le permitió a Lula ocupar la presidencia durante ocho años (2003-2006 y 2007-2010), ganarla nuevamente (2023-2026) y competir por su reelección (2027-2030). Con la reciente reelección, Lula se convierte en el presidente con más años de mandato acumulados de la era democrática (16 años), además de garantizarle al Partido de los Trabajadores (PT) el control del ejecutivo durante 23 años.