Ni golpe de Estado blando, ni dictadura castrochavista

El pasado 7 de agosto se cumplió el primer año de gobierno de un presidente de izquierda en la historia moderna de Colombia. Su balance resulta pertinente no solo por representar el primer cambio significativo en uno de los sistemas bipartidistas más longevos y cerrados del hemisferio, sino también por una innovadora agenda internacional ­—ya no centrada en narcotráfico— sino en la paz total, el medio ambiente y energías limpias en una era de riesgos catastróficos globales.

Desde la perspectiva doméstica, este primer año podría definirse como el producto probable de un gobierno inexperto en el arte más puro de la política: la toma de decisiones. La inexperiencia, en efecto, ha sido la principal causa de la crisis de gobernabilidad. La amplia coalición multipartidista con la que arrancó en 2022 terminó diluyéndose en una confrontación directa con el Congreso, lo cual entorpeció una amplia agenda reformista. Como resultado, la oposición oficial se intensificó a tal nivel que el Presidente terminó por acusarla de intento de “golpe de estado blando” (Caracol, 2023b).

Desde la perspectiva exterior, el discurso pacifista, ambientalista y democratizante del nuevo gobierno le valió en muy poco tiempo un posicionamiento global que lo convirtió en el exclusivo canal de comunicación entre las democracias occidentales ­—Estados Unidos y UE— y el autoritario régimen venezolano. Lo paradójico de estos rápidos logros es que mientras Gustavo Petro se ganaba un difícil lugar entre las democracias más avanzadas del mundo y con tan solo seis meses de gobierno recuperaba el peor declive democrático del país, internamente la oposición persistía en señalarlo de “dictadura castrochavista” (Cambio Colombia, 2023; Semana, 2022).

En síntesis, el primer año de un presidente de izquierda en Colombia ha estado marcado por una radicalización en la opinión pública tanto del gobierno como de la oposición, cuyo efecto común ha sido desacreditar interna y externamente el régimen democrático; así como acentuar una sociedad dividida. Lo cierto es que el acérrimo control político sobre el ejecutivo ni podría ser considerado un golpe de estado, ni la forma de gobierno de Gustavo Petro responde a los criterios de las dictaduras que creó el socialismo del s. XXI en América Latina. De hecho, la radicalización de ambas opiniones ha dependido más de una carencia del presidente —su inexperiencia en la alta política colombiana— que de la tediosa intransigencia de la oposición.       

Los problemas de la inexperiencia política

Gustavo Petro es un hombre nuevo. En efecto, representa la renovación más interesante de la ruling class colombiana desde mediados del s. XX cuando el populismo penetró la cultura política nacional con la figura de Jorge Eliecer Gaitán (Braun, 2008). Petro representa la nueva élite política que emergió del Constitucionalismo de 1991: un punto de quiebre en la modernización democrática del sistema y la cultura política de los colombianos. La nueva Constitución no solo reemplazaba su anterior de 1886, sino también consolidaba prácticas y valores propios de las democracias liberales que dominaban el orden internacional desde la caída del bloque soviético en 1991. En este sentido, se acentuaron principios del constitucionalismo liberal como el estado de derecho, el equilibrio y división de poderes, los derechos humanos, las libertades civiles; y, adicionalmente, prácticas de la democracia política como la elección popular de gobernantes, las elecciones libres y justas, la alternancia del poder y el pluralismo político (Zakaria, 2007).

Precisamente, esta apertura del renovado sistema político colombiano le abrió las puertas a nuevas figuras. Unas provenientes de las márgenes del cerrado bipartidismo del Frente Nacional prolongado entre 1958-1986 (LaRosa & Mejía, 2017, p. 108). Otras resultantes de la exclusión propia de la insurgencia guerrillera. Tal es el caso de G. Petro, cuya reintegración al orden legal se dio vía un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), lo cual le permitió a su antiguo movimiento M-19 ser parte de la nueva arquitectura institucional, a la vez que integrar una democracia competitiva. Sin embargo, si bien la Constitución de 1991 representó una renovación de la élite política colombiana, no fue una revolución.

​Los hombres nuevos van a tener que compartir la arena pública con los herederos del viejo orden del Frente Nacional, el cual fue ante todo un aparato reorganizado y potenciado de dominación del tradicional bipartidismo elitista liberal y conservador. A pesar de haber logrado su propósito general de superar la dictadura militar (1953-57) y evitar la prolongación de la guerra civil partidista, sus efectos en otros ámbitos fueron devastadores. En primer lugar, condenó el pluralismo a las márgenes del sistema —prima causa del origen de la insurgencia guerrillera en los 60’s— (Melo, 2017, pp. 244-248). En segundo lugar, la res publica fue repartida milimétricamente 50/50, tanto en cargos públicos como en periodos de gobierno, entre ambos partidos (LaRosa & Mejía, 2017, pp. 108-109). Y, en tercer lugar, este particular relacionamiento de la élite con la política, concebida como un coto vedado de clase, la hizo conservadora, pactista y clientelista.   

Precisamente, la crisis de gobernabilidad del presidente durante su primer año de administración ha sido en gran parte el resultado de su falta de tacto político para lograr acuerdos con este viejo patriciado. Por un lado, conservador: políticamente, en la medida que el FN encarnó los dos grandes fantasmas de la época en América Latina, la revolución popular y la dictadura militar; y socialmente, como cualquier grupo privilegiado que se vuelve reacio a todo cambio que ponga en riesgo su estatus (Weber, 1972). Por otro, pactista: los gobiernos paritarios frentenacionalistas eliminaron la peligrosa (para entonces) dinámica política de ganadores/perdedores, creando una convicción según la cual las grandes decisiones políticas pasan necesariamente por el acuerdo entre las partes.

Adicionalmente, clientelista: el fenómeno del Estado como botín de la contienda política lo ha convertido en un bien estratégico para reproducir las redes de clientela que finalmente sostienen los patronos en el poder. (Burke & Pons, 2007, pp.110-115).

Por paradójico que parezca, comprender y saber jugar con el particularismo de la tradicional élite política colombiana fue clave para los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018); los dos únicos presidentes cuya habilidad para pactar con el Congreso —baluarte del viejo patriciado— les permitió introducir la mayor reforma del sistema político desde 1991: la reelección presidencial. Mientras que el conservadurismo, pactismo y clientelismo durante la administración Uribe terminó con jefes paramilitares ovacionados en el Congreso y una decena de políticos de la bancada de gobierno y ministros en la cárcel por parapolítica y corrupción; durante el gobierno de Santos los afanes por lograr amplios pactos por los acuerdos de paz con las FARC —cuyo rédito final fue el premio Nobel de la paz 2016— lo llevaron a una repartición de cargos y de recursos públicos que el mismo presidente denominó controversialmente como “mermelada” (Caracol, 2016).

Contrario a sus antecesores, Gustavo Petro ha sido incapaz de crear una coalición de partidos sostenible en el tiempo. Más por inexperiencia que por escrúpulos, el presidente ha tenido un año mediocre desde el punto de vista de la gobernabilidad o la eficacia para ejecutar políticas (Sartori, 2003). La robusta agenda social de cambios estructurales que prometió en campaña —reforma agraria, pensional, de salud, laboral y educación— fue derrotada por un Congreso progresivamente en oposición, cuyo rancio carácter no parece comprender ni dominar el nuevo hombre del Palacio de Nariño. Así, la amplia coalición multipartidista con la que arrancó en 2022 terminó diluyéndose en una confrontación directa que inevitablemente entorpeció la posibilidad de ejecutar políticas públicas de alto impacto. De hecho, el único consenso importante que logró el gobierno en un año fue en torno a la reforma fiscal —un asunto que, de acuerdo con The World Bank (2023), debería ser crítico para la élite colombiana dado el elevado porcentaje de deuda que tiene el país en relación con su PIB: 79.8% para 2021.

Esta ruptura con el legislativo es, de hecho, un síntoma crítico de la carencia de talento político del Presidente para negociar consensos con el Congreso, sin cuyas mayorías su administración podría estar condenada a una parálisis gubernamental y, por ende, a un gobierno intrascendente.

Fuente: (The World Bank, 2023)

No obstante, en una reciente entrevista con María Jimena Duzán, G. Petro no solo recupera la idea de un “acuerdo nacional”, sino también advierte que frente a un nuevo fracaso y un Congreso en abierta oposición que entorpezca la agenda de cambio, la solución estaría en manos de “la fuerza popular” que presionaría los niveles tradicionales de la democracia representativa (Duzán, M, 2023a). A pesar de que el tono populista pueda parecer pragmático, podría generar una democracia disfuncional, es decir, un poder ejecutivo en pugna con el legislativo y, por ende, un gobierno estancado, inmóvil, impotente (Sartori, 2003). Si a la crisis política se le agrega un sector de la sociedad en permanente movilización pública, el panorama podría derivar en una desestabilización del sistema democrático que G. Petro contribuyó a moldear como constituyente en 1991.

Si bien la solución no puede ser pactar con el diablo —repartiendo el Estado como una torta o reformando la Constitución con fines personales—, mejorar la gobernabilidad implica necesariamente transar con el legislativo, eslabón imprescindible de un sistema democrático funcional. En este contexto, el reto del presidente será en dos sentidos. Primero, comprender el carácter conservador de la élite tradicional, lo cual representa un serio obstáculo para cambios “estructurales” e inmediatos. El cambio tendrá más éxito si es lento y paulatino. Una perspectiva que, inclusive, le ayudaría a G. Petro a despersonalizar su proyecto político y superar el estadio evolutivo de caudillo por el de fundador de un partido de izquierda democrática y unificada, capaz de ser una opción permanente y no excepcional en la oferta política de los ciudadanos.

Segundo, dominar el balance de poder democrático. Mientras que los congresistas se hacen elegir prometiendo hacer cosas, la realidad es que no cuentan ni con recursos ni con instituciones para llevarlas a cabo. Por el contrario, un presidente puede prometer porque tiene la facultad de ejecutar recursos y administrar un sistema institucional. El talento político de un jefe de gobierno para lograr acuerdos que garanticen gobernabilidad exige conocer las necesidades de la oposición o de potenciales aliados, de manera que en ese horse-trading de intereses ganen todas las partes: los ciudadanos a través de bienes y servicios públicos, y los políticos a través de la popularidad que garantiza su continuidad en la vida pública. Tal estrategia de pactismo en el marco del Estado de derecho y la democracia no solo recuperaría la gobernabilidad, sino también modernizaría el sistema y la cultura democrática colombiana rompiendo las prácticas clientelistas y haciendo la élite más accountable con sus votantes; y, adicionalmente, eliminaría el argumento de la oposición de un gobierno inflexible que hasta ahora ha confundido con dictadura: una forma de gobierno cuyos patrones durante la Pink tide latinoamericana fueron la obtención y el ejercicio del poder a través de mecanismos muy contrarios al constitucionalismo liberal y la democracia política (de Sousa Santos, 2019); características difícilmente aplicables al gobierno de G. Petro.

Sin embargo, el camino podría complicarse tras la reciente captura del hijo de G. Petro y la acusación de filtración de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial de su padre. La amenaza de un juicio político, el deterioro de la dignidad presidencial, su legitimidad, liderazgo y una relación con el legislativo más conflictiva, aparte de empeorar las condiciones de gobernabilidad, también podría ser el golpe de gracia de una innovadora agenda internacional que situó muy rápido al presidente como interlocutor entre USA-UE y el autoritarismo venezolano; además de líder regional en temas de cambio climático y energías renovables.

La oportunidad perdida en el teatro internacional

Contrario a los efectos derivados de la crisis doméstica de gobernabilidad, el nuevo escándalo tiene la capacidad de dinamitar la imagen internacional del presidente Petro y sus probabilidades de un rol sobresaliente en la política democrática de Las Américas y, eventualmente, global. Un proyecto que había tenido a Venezuela como punta de lanza.

En menos de un año y con dos poderosos competidores de izquierda en el subcontinente (Lula y Boric), Gustavo Petro logró convertirse en el interlocutor entre Washington-Bruselas y Venezuela. En esencia, el mediador entre las democracias avanzadas y el segundo autoritarismo más longevo de LATAM (21 años), después de los 64 de la era castrista en Cuba. Así, con el objetivo de restablecer diálogos entre Maduro y la oposición con miras a garantizar elecciones libres en 2024 y aliviar las sanciones impuestas en su mayoría por USA, para finales de abril G. Petro presidió una cumbre sobre la crisis política en Venezuela con enviados de la región, Estados Unidos y la Unión Europea. A diferencia de intentos previos, el liderazgo colombiano fue superlativo —en una región apática frente a la crisis venezolana—; USA emitió la declaración más clara hasta entonces con relación a “estar abierto a levantar sanciones gradualmente si se cumplen ciertas garantías electorales”; y, finalmente, la nueva estrategia USA-Colombia de comprometer a Venezuela en lugar de presionar la salida de Maduro fue un punto de quiebre, comparada con la estrategia fallida en 2019 que acogió el gobierno Duque bajo la controversial administración Trump (Foreign Policy, 2023).

​El rol de liderazgo en un asunto de importancia geopolítica para Las Américas no era gratuito. Por un lado, una semana antes de la cumbre sobre Venezuela, el presidente colombiano se había reunido en Washington con el presidente J. Biden y discutido sus estrategias para sentar en la mesa las partes en conflicto. La firme declaración norteamericana al finalizar la cumbre en Colombia parecía indicar un apoyo de Washington al rol y la propuesta de G. Petro (Foreign Policy, 2023).

Por otra parte, Petro tenía para entonces las credenciales necesarias para mostrarse ante Washington y Bruselas como un líder democrático en la región. Tanto su forma de obtener y ejercer el poder respondía a los criterios de las democracias liberales, como su corta administración de menos de un año recuperaba a Colombia del peor declive democrático del siglo. Mientras el gobierno de I. Duque recibió el país en su mejor senda de progreso democrático (7.13), lo entregó con una tendencia regresiva (6.48), cuya continuidad lo habría degradado a la categoría de «régimen híbrido», perdiendo el estatus de democracia y acercándose a los autoritarismos (Rojas R., 2022).

Por el contrario, la transición de izquierda significó una recuperación (6.72) de la tendencia positiva que venía mostrando Colombia casi ininterrumpidamente desde el gobierno Santos (Economist Intelligence Unit, 2023).

Sin embargo, una vez más la incapacidad para tomar decisiones acertadas volvió a jugar en contra del Presidente. Mientras el caso Venezuela le había servido estratégicamente a G. Petro para ganarse un lugar envidiable entre los grandes aliados, un escándalo estallaba en el seno mismo de la representación diplomática en Caracas.

Fuente: (Economist Intelligence Unit, 2023)

A comienzos de junio, prácticamente un mes después de la présentation en société de Petro, una filtración de audios entre el embajador en Venezuela y una alta funcionaria del Palacio de Nariño revelaba inquietantes afirmaciones entorno a secretos de campaña que podrían “enviarlos a todos a la cárcel” (El País, 2023a). Como parte de los audios, se descubrió que dicha funcionaria había llevado a cabo una suerte de investigación privada con el personal doméstico de su casa, el cual habría sido evaluado a través de un polígrafo del Palacio presidencial para saber si era culpable o no del robo de un dinero en su residencia. A las reveladoras intrigas palaciegas de poder le siguieron sospechas de un uso ilegal de instrumentos de inteligencia, abuso de poder y una potencial violación de libertades civiles por parte de funcionarios del círculo presidencial.

Como resultado, la Fiscalía realizó una teatral diligencia judicial en el Palacio presidencial, posiblemente la primera de la historia nacional; y, por su parte, G. Petro enfrentaba la segunda crisis de gabinete al tener que retirar de su cargo al embajador de la hasta entonces representación diplomática más importante del gobierno. Pues, entorno a Caracas no solamente se había estructurado desde finales de 2022 el núcleo de la Paz total con el establecimiento de diálogos con la guerrilla del ELN —en pie de lucha desde 1964—, sino también se había consolidado una posición privilegiada de Colombia como mediador entre el mundo de las democracias avanzadas y el último remanente de autoritarismo que dejó el socialismo del s. XXI en el subcontinente. En definitiva, el torpe involucramiento de Venezuela en un escándalo doméstico fue el epítome de una cadena de malas decisiones —políticos tradicionales en cargos diplomáticos críticos y funcionarios de confianza poco éticos— que ya para comienzos de junio le habría hecho perder a G. Petro el lugar estratégico desde el cual desplegó su política exterior, regional y global. Un hecho que terminó constatándose casi inmediatamente con la sustitución en pocos días de Colombia por Qatar como mediador entre USA-Venezuela (El País, 2023b).

En síntesis, perder Venezuela —otra consecuencia de la falta de experiencia presidencial en la toma de decisiones— no solo representó privarse de un lugar destacado en la diplomacia regional y global en torno al problema de la democracia; pero, sobre todo, significó la pérdida de una oportunidad única en el teatro internacional para liderar ante los grandes aliados (USA-UE) la cuestión del cambio climático y el lugar de Latinoamérica en la nueva geopolítica de las energías renovables. En el actual panorama, parece poco probable que Washington y Bruselas sigan apostando sus cartas con un interlocutor con problemas de estabilidad y desprestigio. Un rol que es más probable que sea ocupado por el líder natural de la región, Brasil.       

Conclusión

Dado el difícil contexto que cierra el primer año de gestión gubernamental de Gustavo Petro, las proyecciones pesimistas son las más fáciles. No cabe la menor duda de que los escándalos terminarán por desequilibrar el balance de poder entre el ejecutivo y un legislativo que, en lugar de debatir las reformas, ya afina los dientes hablando de Impeachment. El impacto negativo en la imagen del presidente y una administración aún sin grandes resultados podrían fortalecer la coalición de oposición en las elecciones locales de octubre. Además, la oportunidad perdida en el teatro internacional en temas de democracia, cambio climático y energías limpias es poco probable de recuperar ante el manto de duda que cubre al jefe de Estado. Los tres años restantes de gobierno pueden estar condenados a la intrascendencia.

​Por el contrario, las dinámicas del primer año de un gobierno de izquierda en Colombia pueden sugerir un aspecto muy interesante de la relación entre el neopopulismo y las democracias liberales del s. XXI en Las Américas. En este sentido, es de particular atención esa suerte de dicotomía que hay entre las narrativas de líderes populistas que apelan permanentemente al “cambio estructural”, y la verdadera capacidad de transformación que tienen dichos gobiernos una vez en el poder. Lo que se evidencia es que mientras las democracias fueron modelos políticos revolucionarios en el s. XVIII, y aún en ciertas naciones del mundo que viven bajo regímenes autoritarios, en el s. XXI las democracias son sistemas más bien conservadores y apáticos a los cambios bruscos. Este fenómeno demuestra que, en países con democracias liberales, inclusive frágiles, el populismo mientras respete el marco del Estado de Derecho y los principios democráticos tiene que adaptarse a las dinámicas políticas de unos regímenes que se han conservatizado tras más de doscientos años de evolución, superando el paroxismo jacobino y privilegiando el cambio lento y paulatino —acaso el ritmo del republicanismo que le precedió y engendró, y no la inmediatez transgresora de las dictaduras—.

Referencias

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