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La deuda histórica del aborto en México

September 28, 2023

Author:

María José Salazar, María Ximena Garzon

El aborto libre ha sido una deuda histórica que los países de americana latina han negado a las personas gestantes desde los inicios de los Estados democráticos.
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El aborto y la Iglesia en México 


El aborto libre ha sido una deuda histórica que los países de americana latina han negado a las personas gestantes desde los inicios de los Estados democráticos. El derecho al aborto ha significado una lucha social que se ha enfrentado diversas dificultades. En el caso mexicano, se han presentado falencias históricas en la velación de derechos a las personas gestantes, incumpliendo con su propósito primordial de asegurar y garantizar la vida plena e íntegra de las personas gestantes. Los mayores obstáculos para la despenalización del aborto es la iglesia católica y su influencia en la sociedad —un 77,7% de los mexicanos se denominan católicos, siendo unos 97,9 millones de personas para 2020 (Statista, 2020)–, junto con la característica federal de México, la cual complica la acogida de una ley a nivel nacional.


La tradicional autoridad de la Iglesia católica parte desde la tradición española y la importancia de la misma dentro de la corona en la época colonial. En 1910 se estableció la separación del Estado mexicano y la iglesia por medio de la prohibición de la existencia de la misma. Las prohibiciones impuestas a la comunidad católica, desataron una guerra en 1926 hasta 1929, que finalizó con un acuerdo que otorgaba —entre otros beneficios— la reanudación del culto católico en las iglesias, lo que les permitió retomar su relevancia en el ámbito público. Sin embargo, fue hasta 1991 que, por medio de reformas a los artículos 3, 4, 24, 27 y 130, se modificó el estatus constitucional que poseía la Iglesia católica, legitimando su participación en la vida pública. La nueva normatividad otorgó a la Iglesia la libertad de acción, permitiendo la divulgación de discursos.


Con la presencia de la Iglesia inmersa en la mayor parte de la sociedad mexicana, arraigando ideales conservadores que acechaba los avances en materia de derechos para las mujeres. La primera vez que la discusión acerca del aborto llego a la esfera publica fue en 1931 en la convención de unificación del código penal —la cual buscaba compensar las diferencias que existían entre el código penal de las entidades federadas y la capital— la demanda fue presentada por activistas representantes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. En dicha ocasión se planteaba la posibilidad de que el Estado mexicano regulará la práctica del aborto a lo largo del territorio en los tres primeros meses de gestación, sin embargo, la solicitud no tuvo mayores avances.


Posteriormente, con la llegada de una nueva ola feminista en los años 70´s, fueron planteadas inicialmente por Mujeres en Acción Solidaria y por el Movimiento Nacional de Mujeres. En dicha ocasión, la demanda fue planteada desde un asunto social y de salud pública. La propuesta buscaba una maternidad deseada, basada en la educación sexual, el acceso a anticonceptivos, la no esterilización de las mujeres sin su consentimiento y finalmente, el aborto como última opción. No obstante, sus propuestas y exigencias fueron nuevamente ignoradas, puesto que fueron acusadas de no conocer la realidad mexicana y que estas eran exigencias del primer mundo.


Avances en el código Penal


Finalmente, con el paso del tiempo las demandas comenzaron a ser escuchadas y se presentaron ciertos avances en el tema, permitiendo que, previo a la despenalización, la regularización del aborto en México se realizaba a nivel local, es decir, cada Estado lo clasificaba como un delito con excepciones de responsabilidad penal o causales de no punibilidad. Esto significa que existían circunstancias en las cuales no se aplicaba castigo legal y otras en las cuales no se consideraba un delito. Los códigos penales de cada entidad federativa especificaba cuáles eran estas excepciones.


El aborto era legal bajo ciertas circunstancias establecidas por la ley, conocidas como causales. En total, en el país existían ocho en las que se permitía el aborto sin que fuera considerado un delito: (i) cuando el embarazo era producto de una violación (en los 32 Estados);(ii) cuando la continuación del embarazo afectaba la salud de la mujer; (iii) cuando el embarazo ponía en riesgo la vida de la mujer; (iv) si el producto presenta alguna malformación congénita grave; (v) si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer; (vi) si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente; (vii) cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo; y (viii) por libre decisión de la mujer.




Fuente: GIRE-2023


La organización Gire recolectó los datos sobre las constituciones que protegen la vida desde la concepción en México del 2006 al 2023. Los datos demuestran que 22 de los 32 Estados protegen la vida desde el vientre. Por esta razón, algunos Estados en el territorio denegaban la práctica, como lo es el estado de Coahuila, el cual establecía una pena de prisión a las mujeres y personas gestantes que optaran por realizar un aborto de forma voluntaria. En 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó como inconstitucional la criminalización del aborto en el estado de Coahuila, siendo el primer paso para que el proceso de la despenalización del aborto en todo el territorio se llevara a cabo. Tal como lo explica la BBC, a partir de esto “ningún juez  dicta sentencia desde entonces por el delito de aborto cuando fuera realizado de manera voluntaria y en un período breve al inicio del embarazo” (2023), ya que se infringía el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones sobre su propio cuerpo.


Sentencia actual y sus limitaciones


El 6 de Septiembre del presente año La Suprema Corte de Justicia de México tomó una decisión histórica, pues despenalizó el aborto a nivel federal. La corte declaró como “inconstitucional” la disposición del Código Penal Federal que castigaba su realización, ordenando que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal, lo que significa que su práctica es legalmente accesible en todas las instituciones de salud federales del país, por lo cual “cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.” (GIRE, 2023). Además, pese a que el aborto sigue siendo ilegal en 20 de los 32 estados del país, a nivel nacional las mujeres y personas gestantes tienen la opción de realizarse abortos legalmente en los hospitales y clínicas federales, ya que además la sentencia prohíbe que el personal de estos centros sea sancionado por llevar a cabo procedimientos de aborto.


A pesar de que la sentencia ha sido emitida, aún existen diversas limitaciones en su próxima ejecución. En primer lugar, no hay claridad respecto a la protección de la comunidad LGBTIQ+ en la realización de un aborto. Amnistía Internacional explica,no son sólo las mujeres y las niñas cisgénero (aquellas a las que se asignó el sexo femenino al nacer) las que pueden necesitar acceso a servicios de aborto, sino también las personas intersexuales, los hombres y los niños transgénero y las personas con otras identidades de género que tienen la capacidad reproductiva de quedarse embarazadas.” (2023)


Aquellas personas que efectivamente tienen acceso a servicios de este tipo de atención médica pueden experimentar estigmatización y enfrentar actitudes prejuiciosas durante la provisión de un aborto. También pueden ser objeto de la suposición de que no requieren información ni servicios relacionados con la contracepción en su práctica.


En segundo lugar, en México persisten las estigmatizaciones respecto al aborto, por lo cual no es lejana la idea de que la sentencia tenga problemas en su plena realización. La bancada conservadora con el apoyo del Colegio de Bioética han sido los primeros en estar en desacuerdo con la despenalización. Tan pronto se hizo pública la emisión de la sentencia convocaron marchas para hacer bloqueo de clínicas para que estas no acataran la ley. Además, el periódico Mujeres en Red narra que “se llevaron a las puertas de la Asamblea miles de firmas de ciudadanos para exigir frenar el debate y colocó un amplio cartel [...] con las imágenes de la Virgen María y Jesucristo con bebés” (2023).


Por último, la persistencia de la tipificación del aborto en el Código Penal de numerosos estados permite que las denuncias por prohibición al aborto sigan aumentando. Por lo tanto, mientras el aborto se mantenga como un delito en estos códigos, sin una regulación específica que despenalice el procedimiento y establezca criterios claros para su aplicación, como el período de gestación en el cual se permitirá en cada estado, la dualidad de la emisión de la sentencia y su puesta en marcha seguirá persistiendo.


Los retos de la región 


​Si bien la despenalización en México presenta dificultades en su implementación y regulación a lo largo del territorio, es necesario reconocer el avance en materia de derechos que simboliza la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo. La región de América Latina presenta, en su mayoría, una gran restricción en cuanto al acceso al aborto, el 83% de mujeres en edad reproductiva en America Latina, se encuentran en paises con restricciones legales sobre el aborto (Center for Reproductive Rights, (2022),  perpetuandodinámicas de desigualdad que ponen en riesgo la vida de las personas gestantes.




Fuente imágen: EOM, 2023


La principal problemática que se presenta en la región, es el hecho de que, a pesar de que existan regulaciones en temas de la interrupción voluntaria del embarazo, estas no se articulan con la sociedad, ni buscan generar las transformaciones pertinentes para que la implementación sea la adecuada. Es necesario reconocer la gran influencia que tiene la Iglesia católica dentro de las sociedades latinoamericanas actualmente, lo que mantiene ciertas concepciones e ideales arraigados dentro de las personas más conservadoras. Hasta 2014 América Latina contaba con 425 millones de católicos, siendo el 69% de su población(). Resulta inevitable que la influencia de la Iglesia se traslade a las instituciones tomadoras de decisiones, puesto que, siguen estando constituidas por personas con ideales y creencias.


Los más recientes casos de despenalización en América Latina han sido Argentina y Colombia. Previo a las nuevas legislaciones en Colombia se judicializaron, entre 2005 y 2017, aproximadamente 2.290 mujeres —incluidas menores de edad— ingresaron al sistema judicial por incurrir en el delito estipulado en el artículo 122 (El País, 2019). En el caso de Argentina la coyuntura previa a la legislación era alarmante, en 2005 el ministerio de Salud calculo un estimado de 350.000 a 500.000 abortos clandestinos en el país (BBC News Mundo, 2020). Lo más preocupante de la situación, resulta ser que aún después de la despenalización, en Argentina se perpetúa la persecución de las personas que buscan realizarse un aborto, hasta diciembre de 2022, en el país se habían presentado 36 demandas, que buscaban declarar inconstitucional el derecho al aborto (Público, 2022).


En términos generales, la región de América Latina presenta una serie de retos que deben ser considerados a la hora de formular leyes y políticas,buscando que sean coherentes con las realidades sociales de cada país. Podría resultar beneficioso para México evaluar las coyunturas de países cercanos con circunstancias similares que haya despenalizado el aborto previamente, para así, poder retroalimentar el nuevo sistema que esta planteando, nutriendo su actual situación con experiencias compatibles.


​En conclusión, el panorama mexicano ha presentado la transformación de una deuda social que ha estado presente a lo largo de su historia, la poca promoción y protección de los derechos de las personas gestantes ha sido constante. Sin embargo, el avance en el restablecimiento de garantías, encaminan a México a los ideales de un Estado democrático pleno, garante de derechos. Parte fundamental de la metamorfosis que sufre y debe seguir sufriendo, es el establecimiento y perpetuación de un Estado laico y diverso, que establezca una línea divisoria entre las instituciones y la Iglesia, liberándose de su influencia, permitiendo que sea capaz de cumplir a cabalidad con sus funciones como Estado liberal.


Si bien, el avance en México con la despenalización del aborto es un paso fundamental para las personas gestantes, esto no garantiza su plena ejecución. En Colombia se despenalizó el aborto hasta la semana 24 bajo cualquier causal y posterior a dicho plazo bajo tres causales —riesgo en la vida de la madre, malformación del feto y violación— en febrero de 2022. No obstante, el acceso al servicio ha sido limitado, e incluso ha ocasionado situaciones de persecución en contra de las personas que desean acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.


La situación ha llegado a tal medida, que actualmente en Colombia existen diversos colectivos y fundaciones que buscan brindar asesoría, acompañamiento y funcionan como medios de difusión para que las personas tengan mayor probabilidad de realizar el procedimiento y que no se vulneren sus derechos. Uno de los mayores colectivos dedicados a temas de las mujeres y personas gestantes es Jacarandas, el cual en 2022 asesoró a 2.217 personas que se encontraban en búsqueda de un aborto, generando una línea de atención que permitiera la comunicación directa, logrando llegar a 200 municipios en 28 de los 32 departamentos del país. La precariedad en la prestación del servicio ha llevado a que el colectivo presente 137 acciones legales, 21 tutelas, 60 quejas ante la Superintendencia de Salud, 51 quejas ante las secretarías de Salud municipales y 6 quejas ante los Tribunales de Ética Médica (Jacarandas, 2022).


Es necesario comprender el contexto en el que se están desarrollando este tipo de políticas, ya que son absolutamente necesarias, por lo tanto es fundamental que sean acompañadas por otro tipo de medidas que velen por el correcto cumplimiento y garantía de los derechos, asegurando la no persecución. México ha dado el primer paso para subsanar una de las demandas que más ha sido exigida por las mujeres a lo largo de su historia, sin embargo, la presión y vigilancia deben prevalecer hasta que el sistema funcione correctamente, articulándose en conjunto con la sociedad. 


Referencias


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