El Salvador y el autoritarismo electoral en sus instituciones democráticas

Introducción

En los últimos años, El Salvador ha experimentado un proceso acelerado de concentración de poder poniendo en duda la vigencia de sus instituciones democráticas. La reforma electoral de 2024-2025, aprobada bajo el gobierno de Nayib Bukele, eliminó la segunda vuelta presidencial y consolidó la posibilidad de la reelección consecutiva, pese a que “la Constitución salvadoreña establece expresamente la prohibición de la reelección inmediata” (El país, 2024). Este cambio, presentado como un mecanismo de eficiencia democrática, en realidad restringe la pluralidad política y reduce las garantías de competencia electoral.

Paralelamente, el debilitamiento del poder judicial ha sido evidente desde 2021 cuando la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Como resultado, Organismos internacionales advirtieron que “estas destituciones socavan gravemente la independencia judicial y la separación de poderes (Human Rights Watch, 2021). Con ello, se consolidó un marco institucional en el que las reformas constitucionales y electorales no enfrentan contrapesos efectivos.

En consecuencia, el país se enfrenta al riesgo de un “autoritarismo electoral”, donde las elecciones persisten formalmente, pero bajo condiciones desiguales y con árbitros debilitados. Como ha señalado Freedom House (2023), “la acumulación de poder en el Ejecutivo amenaza con vaciar de contenido el proceso electoral, reduciéndolo a un ritual carente de auténtica competencia”.

La relevancia de este tema trasciende las fronteras nacionales. El Salvador había sido considerado durante la posguerra un ejemplo de transición democrática, pero hoy se presenta como un caso de estudio sobre cómo un sistema electoral puede ser reconfigurado desde adentro para garantizar la permanencia del poder. La última reforma no sólo redefine las reglas del juego electoral, sino que envía un mensaje regional sobre la fragilidad de los contrapesos institucionales frente a liderazgos fuertes.

Este policy brief examina, en tres sencillos apartados, cómo la última reforma electoral de El Salvador ha: (1) debilitado la autonomía de las instituciones electorales, (2) deteriorado la independencia judicial y los contrapesos, y (3) comprometido la autenticidad del voto y la confianza ciudadana en la democracia.

____________

Conceptos

Democracia electoral: Sistema donde elecciones libres y competitivas permiten la participación efectiva y la alternancia (Dahl, 1971).

Autoritarismo electoral: Régimen en el que, aunque existen elecciones, estas se desarrollan en condiciones desiguales que favorecen al oficialismo (Schedler, 2002).

Independencia judicial: Capacidad de los jueces de decidir conforme a la ley, sin presiones externas de otros poderes (Ginsburg, 2003).

Contrapesos institucionales: Mecanismos de control mutuo entre poderes del Estado que evitan la concentración y el abuso de poder (Madison, 1788).

 Confianza democrática: Apoyo ciudadano hacia las instituciones políticas que garantiza estabilidad y legitimidad al régimen (Easton, 1965).

____________

Debilitamiento de la independencia electoral

En primer lugar, la reforma electoral aprobada en 2024–2025 en El Salvador introdujo cambios estructurales en las reglas del juego democrático que han debilitado la autonomía del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La eliminación de la segunda vuelta presidencial, junto con la reducción del número de escaños legislativos y el rediseño de los distritos electorales, consolidan un esquema favorable al oficialismo. Estas modificaciones, presentadas como un mecanismo para “simplificar y hacer más eficiente el sistema”, en palabras del propio gobierno, tienen un efecto contrario: restringen el pluralismo político y reducen los márgenes de competencia real. El informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA (2024) advirtió que “la reducción de las garantías de imparcialidad en la administración electoral pone en riesgo la credibilidad de los procesos y la confianza ciudadana en los resultados”.

La captura del árbitro electoral se enmarca en un proceso más amplio de concentración de poder iniciado desde 2021, cuando el oficialismo en la Asamblea Legislativa modificó la composición del TSE para garantizar mayor control político sobre su integración. Según Freedom House (2023), “las instituciones arbitrales en El Salvador han perdido capacidad de limitar al Ejecutivo, socavando la competencia política en las elecciones”. Esto significa que el organismo responsable de velar por la neutralidad y transparencia de los comicios se ha visto debilitado precisamente en el momento en que debía actuar como garante frente a una reforma de alto impacto. Los datos empíricos confirman esta tendencia. El Índice de Autonomía de los Organismos Electorales (EMB autonomy) de V-Dem muestra una caída sostenida desde 2019, con un descenso más pronunciado después de las reformas de 2021 y 2024. Este deterioro refleja que el TSE ha dejado de ser percibido como un árbitro independiente y se acerca a una condición de subordinación al poder político. El Salvador, que en la posguerra se consolidó como un referente regional de avances en la construcción de instituciones electorales sólidas, hoy aparece en retroceso frente a estándares comparables en América Latina.

En este sentido, Dahl (1971) sostiene que la democracia electoral requiere elecciones “libres y competitivas bajo reglas imparciales”. Sin embargo, al reducirse la neutralidad del TSE, el sistema salvadoreño se aproxima a lo que Schedler (2002) denomina autoritarismo electoral: regímenes donde existen elecciones regulares, pero desarrolladas en un terreno desigual. Así, más que garantizar alternancia, las nuevas reglas institucionalizan un mecanismo que favorece la permanencia del partido gobernante.

Fuente: Gráfica propia con datos de V-Dem (2025)

La gráfica muestra claramente cómo la autonomía electoral en El Salvador se mantuvo relativamente estable entre 2010 y 2018, con valores cercanos a 0.8, lo que indica que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) conservaba una capacidad aceptable de actuar como árbitro imparcial. Sin embargo, a partir de 2019 la línea desciende abruptamente hasta 0.6, reflejando la presión política ejercida tras la llegada del oficialismo con mayoría en la Asamblea. El descenso más marcado ocurre en 2021, cuando el índice cae a 0.45, coincidiendo con la reconfiguración del TSE y la sustitución de figuras críticas al gobierno. Finalmente, en 2024, la línea llega a 0.3, punto que simboliza la reforma que eliminó la segunda vuelta presidencial, debilitando aún más las garantías de competencia electoral. En otras palabras, cada descenso en la gráfica se asocia directamente con un evento político concreto, confirmando que el debilitamiento institucional no es una percepción subjetiva, sino un proceso verificable en los datos.La gráfica muestra claramente cómo la autonomía electoral en El Salvador se mantuvo relativamente estable entre 2010 y 2018, con valores cercanos a 0.8, lo que indica que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) conservaba una capacidad aceptable de actuar como árbitro imparcial. Sin embargo, a partir de 2019 la línea desciende abruptamente hasta 0.6, reflejando la presión política ejercida tras la llegada del oficialismo con mayoría en la Asamblea. El descenso más marcado ocurre en 2021, cuando el índice cae a 0.45, coincidiendo con la reconfiguración del TSE y la sustitución de figuras críticas al gobierno. Finalmente, en 2024, la línea llega a 0.3, punto que simboliza la reforma que eliminó la segunda vuelta presidencial, debilitando aún más las garantías de competencia electoral. En otras palabras, cada descenso en la gráfica se asocia directamente con un evento político concreto, confirmando que el debilitamiento institucional no es una percepción subjetiva, sino un proceso verificable en los datos.

El deterioro de la independencia judicial y contrapesos

En segundo lugar, el debilitamiento de la independencia judicial en El Salvador constituye uno de los factores más graves que acompañan y permiten la consolidación de la reforma electoral de 2024–2025. La crisis se inició en mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, destituyó de manera inmediata a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Esta decisión fue ampliamente condenada por la comunidad internacional. Según Human Rights Watch (2021), “las destituciones socavan gravemente la independencia judicial y la separación de poderes, eliminando un contrapeso esencial frente al Ejecutivo”. Desde ese momento, los órganos judiciales dejaron de operar como mecanismos efectivos de control y supervisión constitucional.

El impacto de estas decisiones ha sido profundo. Con una Sala de lo Constitucional alineada con el gobierno, se avaló la posibilidad de reelección presidencial consecutiva, pese a que la Constitución salvadoreña prohibía expresamente esta figura. Esto demuestra que la reforma electoral no habría sido viable sin la previa captura de la judicatura. Como lo señala el World Justice Project (2023), El Salvador ha registrado una de las caídas más pronunciadas de la región en el indicador de “límites al poder gubernamental”, lo que refleja la erosión de los controles institucionales. Para Ginsburg (2003), la independencia judicial es “la capacidad de los jueces de decidir según la ley, sin presiones externas de otros poderes”. Sin este principio, el Estado de derecho se debilita, pues los jueces dejan de ser árbitros imparciales y se convierten en ejecutores de las decisiones del Ejecutivo. Más aún, como advirtió Madison (1788) en The Federalist Papers, “la acumulación de todos los poderes en las mismas manos puede considerarse la definición misma de tiranía”. La concentración del poder en El Salvador, al desarticular los contrapesos judiciales, reproduce justamente ese escenario.

La segunda gráfica, que compara los datos de V-Dem y el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), refleja un deterioro constante de la independencia judicial en El Salvador. La línea de V-Dem muestra un valor de 0.7 en 2010 que se mantiene relativamente estable hasta 2018, lo que sugiere una judicatura con cierta capacidad de limitar al poder político. Sin embargo, en 2019 desciende a 0.6 y en 2021 se produce una caída mucho más pronunciada hasta 0.4, asociada directamente a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa, un hecho que minó gravemente la separación de poderes. El descenso continúa hasta 0.25 en 2024, lo que simboliza un sistema judicial altamente subordinado al Ejecutivo.

Por su parte, la línea del WJP, aunque inicia ligeramente más alta (0.75 en 2010), confirma la misma tendencia: estabilidad relativa hasta 2018, caída drástica en 2021 con un valor de 0.5, y un nivel crítico de 0.35 en 2024. La coincidencia entre ambas series de datos fortalece la conclusión de que la pérdida de independencia judicial no es solo una percepción académica, sino una tendencia respaldada empíricamente desde diferentes fuentes. La correlación entre los descensos visibles en la gráfica y los episodios políticos concretos confirma que el sistema judicial salvadoreño se ha convertido en un engranaje funcional al Ejecutivo, debilitando seriamente los contrapesos institucionales que sostienen a una democracia.

Fuente: Gráfica propia con datos de V-Dem (2025) y WJP (2023)

Impacto en la autenticidad de las elecciones y la confianza ciudadana

Aunque en El Salvador se siguen celebrando elecciones, su autenticidad democrática ha quedado gravemente comprometida tras la reforma electoral de 2024–2025. Al eliminar la segunda vuelta presidencial y permitir la reelección inmediata, el proceso electoral se convierte en un mecanismo que favorece de manera sistemática al partido gobernante. Según Freedom House (2023), “la acumulación de poder en el Ejecutivo amenaza con vaciar de contenido el proceso electoral, reduciéndolo a un ritual carente de auténtica competencia”. En este sentido, el voto pierde su capacidad de garantizar alternancia y se transforma en una mera formalidad política.

Los organismos internacionales han expresado preocupación por este fenómeno. La OEA (2024) alertó que “las reformas que restringen la pluralidad electoral y reducen las condiciones de competencia afectan directamente la credibilidad de los resultados y el reconocimiento de la ciudadanía”. De hecho, informes del Electoral Integrity Project sitúan a El Salvador en retroceso en su índice de integridad electoral, lo cual refleja que, aunque existen elecciones, estas no cumplen los estándares mínimos de equidad y transparencia.

La teoría política ayuda a entender esta situación. Para Dahl (1971), una democracia electoral requiere elecciones libres, justas y competitivas, mientras que Schedler (2002) define al autoritarismo electoral como aquel sistema en el que “las elecciones existen y son centrales, pero se desarrollan en un terreno desigual”. En el caso salvadoreño, las reglas están diseñadas de forma que se reduce la capacidad de los opositores de disputar el poder en condiciones reales de igualdad, configurando justamente ese modelo híbrido señalado por Schedler.

La erosión de la autenticidad electoral también tiene un efecto directo en la confianza ciudadana. Según datos de Latinobarómetro (2023), la proporción de salvadoreños que confía en la democracia se ha reducido respecto a una década atrás, en paralelo al debilitamiento de las instituciones. Como señalaba Easton (1965), la legitimidad de un régimen depende de la reserva de apoyo difuso hacia las instituciones; cuando esa confianza se agota, la estabilidad política se torna frágil.

Fuente: Gráfica propia con datos de V-Dem (2025) y Latinobarómetro (2023)

La gráfica de torta correspondiente a los datos de Latinobarómetro en 2023 muestra un panorama preocupante sobre la percepción ciudadana en El Salvador. Apenas un 30% de la población expresa confianza en la democracia, frente a un 60% que manifiesta desconfianza y un 10% que se mantiene indiferente o no responde. Esta distribución evidencia que la mayoría de los salvadoreños perciben las instituciones democráticas como ineficaces o cooptadas, lo cual está directamente relacionado con el debilitamiento de la independencia electoral y judicial reflejado en las dos gráficas anteriores. La falta de garantías en la competencia política y la concentración de poder en el Ejecutivo erosionan la legitimidad del régimen, tal como lo muestra la mayoría absoluta de ciudadanos que declara no confiar en el sistema. De esta manera, los porcentajes del gráfico no solo cuantifican la crisis de confianza, sino que también confirman cómo el deterioro institucional ha impactado de manera tangible en la percepción social de la democracia.

Recomendaciones

• Reforzar la autonomía del TSE: garantizar un proceso de selección transparente y técnico de sus magistrados, con veeduría internacional. La legitimidad de los comicios depende de que el árbitro electoral sea independiente y confiable.

• Restablecer la independencia judicial: revertir las destituciones arbitrarias de 2021 y asegurar que la Corte Suprema pueda ejercer control constitucional. Sin un poder judicial autónomo, la democracia carece de frenos y contrapesos.

• Proteger la autenticidad electoral: implementar mecanismos de observación internacional y auditorías ciudadanas en cada elección. La supervisión externa aumenta la confianza ciudadana y reduce el riesgo de prácticas autoritarias.

Conclusión

La reforma electoral en El Salvador entre 2021 y 2025 ha cambiado las reglas del juego democrático, debilitando al árbitro electoral, desarticulando la independencia judicial y reduciendo la autenticidad de las elecciones. En el corto plazo (2025–2027), estas reformas pueden consolidar una hegemonía política basada en la concentración de poder, limitando la competencia y profundizando la desconfianza ciudadana. Sin embargo, en el mediano plazo (2028–2030), el rumbo democrático dependerá de la capacidad de las instituciones para recuperar autonomía y de la presión de la sociedad civil e instancias internacionales para exigir condiciones electorales auténticas.

En un escenario optimista, el restablecimiento de contrapesos mediante la independencia del TSE, el fortalecimiento del poder judicial y la incorporación de observación internacional permanente permitiría reencauzar los procesos electorales dentro de estándares democráticos, aumentando la confianza ciudadana y reduciendo el riesgo de polarización. En cambio, en un escenario pesimista, la continuidad de un modelo de autoritarismo electoral consolidará la concentración de poder y erosionará aún más la legitimidad del sistema político, exacerbando la desafección social y la inestabilidad.

La sostenibilidad democrática en El Salvador exige, por tanto, reformas institucionales que garanticen elecciones auténticas, jueces independientes y un árbitro electoral autónomo. Solo así será posible evitar la deriva autoritaria, mitigar la desconfianza ciudadana y preservar un mínimo de pluralismo en la política salvadoreña.

Referencias

Amnesty International. (2025, agosto). El Salvador: constitutional reforms without guarantees of public participation or consultation put human rights at risk. Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/08/el-salvador-reformas-a-la-constitucion-sin-garantias-de-participacion-ni-deliberacion-publica-ponen-en-riesgo-los-derechos-humanos/  

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press.

Easton, D. (1965). A Systems Analysis of Political Life. Wiley. 

Freedom House. (2023). Freedom in the World 2023: El Salvador country report. Freedom House. https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2023 

Freedom House. (2025). Freedom in the World 2025: El Salvador country report. Freedom House. https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2025  

Ginsburg, T. (2003). Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases. Cambridge University Press.

Human Rights Watch. (2021, 2 de septiembre). El Salvador: new laws threaten judicial independence. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2021/09/02/el-salvador-new-laws-threaten-judicial-independence   

Human Rights Watch. (2025, 2 de septiembre). El Salvador’s Democracy Is Dying. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2025/09/02/el-salvadors-democracy-is-dying 

Madison, J. (1788). The Federalist No. 51: The Structure of the Government Must Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments. En A. Hamilton, J. Jay & J. Madison, The Federalist Papers.

Schedler, A. (2002). The menu of manipulation. Journal of Democracy, 13(2), 36-50. https://doi.org/10.1353/jod.2002.0032 

Latinobarómetro. (2023). Informe 2023. Corporación Latinobarómetro. https://www.latinobarometro.org

Varieties of Democracy (V-Dem). (2024). V-Dem Dataset v13. V-Dem Institute, University of Gothenburg. https://www.v-dem.net/data/the-v-dem-dataset/ 

World Justice Project. (2023). Rule of Law Index 2023. World Justice Project. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index