Crisis democrática en El Salvador
May 30, 2025
Author:
Sara Valentina Cortés
Actualmente, El Salvador atraviesa el peor deterioro democrático de su historia reciente. Una situación que además ha causado preocupación tanto a nivel regional como internacional. Desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele en 2019, el país centroamericano ha sido objeto de una creciente concentración de poder en el Ejecutivo, acompañada de la pérdida en la independencia judicial y el uso recurrente de medidas excepcionales como herramienta de control político.

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Introducción
Actualmente, El Salvador atraviesa el peor deterioro democrático de su historia reciente. Una situación que además ha causado preocupación tanto a nivel regional como internacional. Desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele en 2019, el país centroamericano ha sido objeto de una creciente concentración de poder en el Ejecutivo, acompañada de la pérdida en la independencia judicial y el uso recurrente de medidas excepcionales como herramienta de control político.
Lo anterior se ha manifestado en acciones como la destitución de los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia —la más alta instancia de justicia en el país—, esto bajo el argumento de que los magistrados destituidos emitieron veredictos contrarios a los decretos establecidos por el ejecutivo durante la pandemia COVID-19, obstaculizando el trabajo del Ministerio de Salud (BBC, 2021). Asimismo, se ha dado lugar a la imposición de un régimen de excepción capaz de suspender derechos fundamentales, lo cual se ha traducido en actos propios de modelo autoritario.
Si bien el gobierno ha mantenido altos niveles de popularidad gracias a la narrativa centrada en la lucha contra la criminalidad, organizaciones nacionales e internacionales han registrado violaciones a los derechos humanos y una preocupante erosión en el sistema de pesos y contrapesos. En otras palabras, la crisis democrática en El Salvador plantea desafíos no solo para el Estado de derecho a nivel nacional, sino para la estabilidad política y democrática de la región.
A partir de este contexto, este Policy Brief analiza el retroceso democrático de El Salvador, sus implicaciones para la gobernabilidad y los derechos humanos, ofreciendo, asimismo, recomendaciones para la protección de una democracia en declive.
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Conceptos:
Monarquía del miedo: “Los seres humanos somos, pues, muy proclives a cultivar los errores en los que el miedo y la preocupación autodefensiva hacen que caiga hasta el más virtuoso si tales tendencias no se mantienen firmemente bajo control” (Nussbaum, 2019).
Autoritarismo: “[…] el autoritarismo es una degeneración de la autoridad en la que la obediencia de los subordinados se logra sin un consenso, mediante la imposición y la restricción de la libertad” (Fundación Nacional para el Desarrollo, 2014).
Democracia: La democracia sería así el fin último y la mejor forma de organización social, en la que se realiza el individuo como agente libre (Spinosa, s.f).
Pesos y contrapesos: “[…] son los mecanismos que distribuyen el poder en un sistema político, impidiendo que una institución o individuo ejerza un control total. Este principio es fundamental en todas las democracias modernas” (London's Global University, s.f)
Estado de derecho:“Se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual. […] Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal” (Sistema de Información Legislativa, s.f).
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Antecedentes y contexto
La historia de El Salvador ha estado marcada por la criminalidad exacerbada de grupos delincuenciales como los Maras Salvatrucha, una organización criminal predatoria que vive principalmente de la extorsión.“Pero la resiliencia de la pandilla se debe a sus fuertes lazos sociales, que se crean y refuerzan mediante actos de violencia dirigidos principalmente contra sus rivales y entre sí” (InSight Crime, 2024). Lo anterior se ve reflejado en la delincuencia que azotaba el país centroamericano, con crímenes violentos de relevancia tanto nacional como internacional. Un fenómeno que alcanzó picos de homicidios históricos según cifras del Banco Mundial (2021), tales como el sucedido en 1995, con una tasa de 141,72 homicidios por cada 100.000 habitantes; y el dado en 2015, con una tasa de 106homicidios por cada 100.000 habitantes. Las cuales son cifras que han logrado disminuir drásticamente a 2023 con 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes por las medidas tomadas en el actual gobiernotal y como se logra observar en la gráfica.

Fuente: Elaboración propia con datos de (CNN, 2024).
Sin embargo, Nayib Armando Bukele Ortez, presidente desde 2019, ha sido el artífice de las hazañas que han logrado mitigar la criminalidad en El Salvador. Ante la violencia que precedió a su gobierno, una estrategia efectiva, aunque non-sancta, con la Asamblea Legislativa, le permitió declarar un régimen de excepción de un mes que suspendería los derechos humanos y flexibilizaría las normas para realizar arrestos. Una dinámica que, desde entonces, en el marco de una despiadada campaña anti-pandillas, ha dado paso a la detención de más de 77.000 personas, representando más del 1% de los 6,3 millones de habitantes del país (InSight Crime, 2023).
Tal régimen se ha logrado prolongar durante veinte meses consecutivos, es decir, por casi dos años. Inclusive, se puede hablar de que, su primer período presidencial significó una catapulta a su segundo mandato, el cual no solo contó con factores legales, sino también sociales. En primer lugar, entre los factores legales destacan: a) Nayib Bukele realizó una reforma constitucional “exprés” dirigida a aprobación de la reelección indefinida; y b) la Asamblea Legislativa permitió que el mismo se retirara del cargo a seis meses de finalizar su mandato, dejando a Claudia Rodríguez de Guevara como presidenta interina, aprovechando así lo dicho en el artículo 152 de la constitución salvadoreña, la cual “[...] establece en su inciso primero que no puede optar a la presidencia quien haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial” (BBC News Mundo, 2023).
En segundo lugar, su reelección también se debió a factores sociales: gracias a sus narrativas discursivas dirigidas a la lucha contra la inseguridad en el país. En otras palabras, el empresario pudo ganar una gran fuerza en su primer mandato y además, usar de manera utilitarista las instancias legales y constitucionales disponibles.
Diagnóstico del retroceso democrático
El mandato de Nayib Bukele inició basado en acciones autoritarias. Entre ellas, el despliegue de tropas militares para la toma de la Asamblea Legislativa, amenazando con la disolución del Congreso. En efecto, Bukele es el primer presidente de la historia reciente en El Salvador en ejecutar este recurso, con el fin de lograr aprobar fondos para sus iniciativas de seguridad (Alvarado, N. & Guzmán, V., 2020). En otras palabras, esta fue una demostración de su pretensión de eludir procesos democráticos según sus intereses. Esto se ha visto reflejado en posteriores medidas tomadas durante sus administraciones, en particular contra poderes como el judicial, las cuales demostraron aún más el desprecio por los controles y contrapesos democráticos (Human Rights Foundation, 2024).
Una de las acciones que acentúan la susceptibilidad del sistema salvadoreño de pesos y contrapesos, y que, además, reflejan un régimen autoritario marcado, fue el ataque sistemático que Nayib Bukele ejecutó en contra del poder judicial. En Mayo de 2021, el Partido Nuevas Ideas (NI) —fundado el 25 de octubre de 2017 y liderado por el actual presidente— usó su mayoría en la Asamblea Legislativa para destituir a los cinco magistrados de la Corte Constitucional. Según sus motivos, la institución habría obstaculizado su gobernabilidad durante la pandemia; una medida que fue ampliamente condenada por representar una vulneración de la independencia judicial. Como resultado, Bukele logró consolidar su poder, ya que al absorber la Corte bajo el poder presidencial, tuvo la capacidad de eliminar sin problema cualquier obstáculo institucional no alineado con su agenda política (Human Rights Foundation, 2024).
Lo anterior se condensa en lo sucedido en septiembre de 2021. Los jueces que acababan de ser nombrados dictaminaron que Nayib Bukele podría postularse a una reelección consecutiva, a pesar de la prohibición constitucional existente desde 1992. Desde la transición democrática, la constitución del país centroamericano solo permitía un mandato máximo de cinco años sin posibilidad de reelección inmediata, esto con el fin de evitar el retorno de un régimen autoritario. En términos simples, Nayib Bukele logró eludir una enmienda constitucional formal para lograr sus intereses políticos (Human Rights Foundation, 2024).

Fuente: Elaboración propia con datos de (The Economist, 2023).
Es evidente la erosión democrática y del Estado de derecho en El Salvador, tal y como lo reporta The Economist, puesto que luego de ocupar en 2021 la posición 79, con un índice de 5.72, El Salvador cayó 16 puestos según los datoscorrespondientes al año 2024, manteniéndose como un régimen híbrido con un índice democrático de 4.61, ocupando el puesto 95, de más de 160 países analizados por la Unidad de Inteligencia del grupo de The Economist.
Esto de igual manera se refleja en la pérdida de libertades y violación masiva de derechos humanos. Así, el incumplimiento del Estado de derecho, el cual se consagra como el mecanismo de aplicación de los derechos humanos, se encuentra debilitado, no solo por la concentración de poder, sino por las acciones desproporcionadas llevadas a cabo por las autoridades salvadoreñas, las cuales han cometido, según reportes, grandes violaciones de derechos humanos de forma sistemática desde que fue aprobado el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022. Esta política ha resultado, según Anmistia Internacional (2023) en más de 66 mil detenciones, la mayoría arbitrarias, en el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y en la Muerte de al menos 132 personas bajo la custodia oficial del Estado, quienes al momento de su deceso, no habrían sido declarados culpables de ningún delito.
Inclusive, según Human Rights Watch (2022), el aumento de la violencia de las pandillas tuvo lugar luego de la disminución sustancial en las tasas de homicidios durante el gobierno Bukele. Medios digitales como El Faro, además, fueron perseguidos luego de acusar al presidente de negociar con pandillas a cambio de la concesión carcelarios a algunos de sus miembros con el previo compromiso de reducir las ya mencionadas tasas de homicidios y apoyar, colateralmente, al Partido político de Nayib Bukele en las elecciones legislativas de febrero de 2021. Una situación que, luego de ser negada por el mandatario, provocó el allanamiento de las oficinas de los fiscales quienes habrían estado participando en las investigaciones del caso. En términos generales, las violaciones de los derechos humanos presentada durante el gobierno Bukele ha sido posible gracias a la coordinación con complicidad de los tres poderes del Estado y la modificación de un marco jurídico contrario a los estándares internacionales —todo formalmente legitimado bajo un régimen de excepción (Anmistía Internacional, 2023).
¿Cómo se explica y cuáles son las consecuencias?
El estado de cosas bajo el gobierno Bukele se puede explicar a través de la «monarquía del miedo». Siguiendo a Martha Nussbaum (2019), los salvadoreños habrían caído en un miedo generalizado mezclado con otras emociones como la ira, sentimientos que tienen un origen en la ansiedad que muchos de ellos sienten hacia la incertidumbre respecto al futuro de la seguridad en su país. La clave del pensamiento reside en comprender el peligro de estos sentimientos en un escenario con declive democrático, que pueden derivar en la búsqueda de un chivo expiatorio en la criminalidad, es decir, en la creación de un “nosotros” y un “ellos”; creando resentimiento hacia un enemigo interno. Lo esencial de la lógica filosófica detrás de Nussbaum, es entender que “este tipo de planteamientos amenazan la propia esencia de la democracia, dado que cuestionan la premisa básica sobre la que esta se sustenta: la confianza” (León, A., 2019).
Asimismo, la ausencia de rendición de cuentas a través de pesos y contrapesos dentro del gobierno ha dejado a su paso, una democracia debilitada, pues la presencia de los mismos “garantiza mejor calidad de vida de su sociedad, toda vez que ésta no está expuesta a abusos de autoridad, excesos de control político, o restricción de libertad de expresión. Los números no engañan, la calidad de vida de un país es mayor en democracia que en la ausencia de estos” (The dialogue, 2024). El Salvador enfrenta grandes desafíos democráticos, donde la ausencia de un Estado de derecho, de pesos y contrapesos es el principal origen, pues la desaparición de los mismos gracias a la sustitución de magistrados hace más fuerte el sesgo pro gobierno. De igual manera el país se enfrenta a la falta de transparencia y comunicación de la presidencia con la sociedad, al entendimiento del pluralismo y la expresión como organismos de la sociedad civil amenazantes. En otras palabras, existe una erosión de la democracia y las libertades civiles; la concentración de poder, las violaciones a derechos humanos, el miedo y la nula regulación institucional son los artífices de un modelo democrático cada vez más deteriorado y difuso.
Recomendaciones
Reconstrucción institucional. El reemplazo de magistrados por figuras aliadas con el Ejecutivo ha eliminado los conductos regulares dirigidos a evitar la concentración de poder, por lo que se requiere de manera urgente, la creación de un mecanismo de restitución o evaluación independiente, así como procesos de selección judicial transparentes con participación ciudadana y organismos internacionales.
Finalización del régimen de excepción. La violación masiva de derechos humanos desde su inicio, así como las detenciones arbitrarias y tanto las torturas como muertes bajo custodia estatal reafirman la necesidad de su finalización. Levantar el régimen implica a) la restitución de derechos fundamentales; b) la revisión judicial justa para los casos abiertos; c) la conformación de una suerte de comisión especial de la verdad, reparación, reconciliación y no repetición.
Reforzar el sistema de pesos y contrapesos. La concentración de poder ha minado la democracia salvadoreña, es urgente la creación de reformas constitucionales que garanticen la alternancia democrática del poder y fortalezcan los mecanismos de control sobre el Ejecutivo, asegurando una real separación de poderes, así como una vigilancia ciudadana.
En conclusión, la situación de El Salvador representa un caso crítico de erosión democrática, impulsado por la concentración de poder en el Ejecutivo, el uso prologando de recursos extraordinarios como el régimen de excepción y la eliminación de contrapesos institucionales. Aunque el gobierno ha logrado reducir en gran medida las tasas de homicidios e índices de criminalidad, esto se ha realizado amenazando la garantía de los derechos fundamentales, debilitando el Estado de derecho y construyendo un régimen autoritario. Restablecer la independencia judicial, poner fin a las medidas excepcionales y reforzar los mecanismos de control es esencial y urgente para salvaguardar la democracia, asegurar la rendición de cuentas y garantizar que la seguridad no se imponga sobre la libertad. Existe la necesidad de retomar la confianza ciudadana, así como construir un sistema político legítimo, transparente y justo.
Referencias
Amnistía Internacional. (2023, 14 abril). El Salvador: Estado de emergencia genera violaciones sistemáticas de derechos humanos. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/04/el-salvador-state-emergency-systematic-human-rights-violations/
BBC News Mundo. (2024, 14 marzo). Bukele en El Salvador: qué efectos económicos está teniendo realmente la ‘guerra’ contra las pandillas. https://www.bbc.com/mundo/articles/czvqq7q8nkpo
BBC News Mundo. (2021, 3 mayo). Bukele: por qué el presidente de El Salvador metió al Ejército en la Asamblea Legislativa y qué puede pasar ahora. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56974280
CNN en Español. (2024, 1 febrero). ¿Ha bajado realmente el crimen y los homicidios en El Salvador con Bukele?https://cnnespanol.cnn.com/2024/02/01/crimen-homicidios-bukele-el-salvador-analisis-orix/
El Faro. (2020, 9 febrero). Bukele mete al Ejército en la Asamblea y amenaza con disolverla dentro de una semana.https://elfaro.net/es/202002/el_salvador/24008/Bukele-mete-al-Ej%C3%A9rcito-en-la-Asamblea-y-amenaza-con-disolverla-dentro-de-una-semana.htm
France24. (2021, 5 mayo). Crisis política en El Salvador tras destitución de magistrados y fiscal general.https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210505-el-salvador-crisis-politica-bukele-tribunal
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). (s.f.). Autoritarismo: origen y evolución de un concepto político.https://repo.funde.org/939/7/AUTORITARISMO.pdf
Human Rights Foundation. (2023, 20 abril). El Salvador: The false tradeoffs between security and democracy.https://hrf.org/latest/el-salvador-the-false-tradeoffs-between-security-and-democracy/
Human Rights Watch. (2022, 29 marzo). El Salvador: Amplio régimen de excepción facilita graves abusos.https://www.hrw.org/es/news/2022/03/29/el-salvador-amplio-regimen-de-excepcion-facilita-graves-abusos
InSight Crime. (2024). Mara Salvatrucha (MS13). https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-el-salvador/mara-salvatrucha-ms-13-perfil/
La Prensa Gráfica. (2023, 2 febrero). El Salvador cayó catorce puestos en el Índice de Democracia de The Economist.https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Salvador-cayo-catorce-puestos-en-el-Indice-de-Democracia--de-The-Economist-20230202-0089.html
Molina Mendoza, C. (2022). Democracia y populismo: una mirada a la crisis de los regímenes democráticos en América Latina. Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 24(49), 129–151.https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/20322/18342
Nussbaum, M. (2018). La monarquía del miedo. Praxis Filosófica, (47), 189–215.https://praxisfilosofica.univalle.edu.co/index.php/praxis/article/view/8902/12263
The Dialogue. (2024, junio). Los desafíos salvadoreños en el presente ante el legado de su actual presidente.https://thedialogue.org/blogs/2024/06/los-desafios-salvadorenos-en-el-presente-ante-el-legado-de-su-actual-presidente?lang=es
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