Fractura democrática: la crisis política en Perú

A partir del año 2020 la democracia peruana ha venido en declive. La principal consecuencia ha sido la calificación del país por el Democracy Index (2022) de The Economist con un puntaje de 5,92, lo cual representa la degradación del anterior estatus de democracia frágil por el de régimen híbrido; en síntesis, una categoría que considera el régimen político peruano como una combinación irregular entre una democracia electoral con formas autoritarias de gobierno. El presente análisis constará de tres secciones que recogen una construcción de los múltiples factores que han llevado a Perú a una pérdida de la democracia. En primer lugar, se explicará la forma en que el Index ha calificado a Perú a través de los años y lo que estos datos indican sobre el régimen. En segundo lugar, se hará una breve descripción histórica de los presidentes que ha tenido Perú en los últimos 15 años haciendo énfasis en la conflictiva relación constitucional del ejecutivo con el legislativo, fenómeno que, junto a la corrupción, ha derivado en la renuncia y destitución de presidentes por parte del Congreso. Y, en tercer lugar, se analizará el periodo histórico (2017-2022) que marcó una agudización de la crisis democrática.

Finalmente, se resaltan dos fenómenos que serán clave en los años sucesivos para la democracia peruana. El primero de ellos, tendrá que ver con los indicadores que más han experimentado deterioro en el período crítico 2017 – 2022 y que, por ende, deberán ser objeto de una acción política urgente para su recuperación. El segundo de ellos, se refiere a los indicadores que demuestran, ya sea una estabilidad o un mejoramiento, y por tal razón exigen conservarse, o, en todo caso, evitar un potencial deterioro. Un escenario que le permitiría a le democracia peruana recuperar su viejo estatus de una democracia frágil y alejarse de los peligros del autoritarismo global.

Patrón Perú 

El primer paso para lograr descifrar los patrones generales de la democracia peruana constó de la recopilación de los puntajes que el Democracy Index ha arrojado sobre Perú basado en el puntaje que el Estado obtiene a través de 5 indicadores: sistema electoral; funcionamiento del gobierno; participación política; cultura política y libertades civiles. En este sentido, el índice de democracia va de 0 a 10, en el cual un país será calificado como autoritario con un puntaje entre 0.00-3.99; o democracia plena con 8.00-10.00. En los rangos medios existen los regímenes híbridos (4.00-5.99) y las democracias frágiles (6.00-7.99).

Fuente: (Elaboración propia con datos tomados de Democracy Index.)

Acorde con lo anterior, los datos permiten establecer algo que hemos denominado “patrón Perú”, dadas las tendencias de comportamiento del país en el Democracy Index (2007-2022). El patrón Perú refleja tres momentos: primero (2007-2011) y el segundo (2012-2016), caracterizados por una tendencia similar de recuperación-caída-recuperación. Por el contrario, el tercer momento (2017-2022) marca una inversión crítica del patrón hacia recuperación-estancamiento-caída.

De esta manera, la inversión del patrón Perú nos permite indicar que durante 2007-2017 hay un comportamiento regular; que posterior a la habitual caída supondría una mejoría pero que termina en un estancamiento que finalmente se traduce en un derrumbamiento dramático en el 2022. Dicho comportamiento evidencia que Perú lograba mantenerse como una democracia frágil, pero que, a raíz de las tensas relaciones con el legislativo y las frecuentes acusaciones de corrupción conta los presidentes se traduce en un brusco rompimiento del patrón y un escenario de incertidumbre y desacuerdo permanente para administrar el país.

Ejecutivo vs Legislativo

El capítulo IV (Poder Ejecutivo) de la Constitución Política de Perú (1993) menciona en el artículo 112 que el mandato del presidente dura 5 años, sin reelección inmediata y dejando al menos un periodo de por medio para volver a lanzarse como candidato. Adicional a ese artículo, el 113 explica las razones por las cuales el puesto del presidente podría quedar en vacancia, de las cuales para propósitos de este análisis se destacan los numerales: 2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el congreso; 3. Aceptación de su renuncia por el congreso y 5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. A su vez, el artículo 117 menciona que “El presidente de la república sólo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el Artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión y funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral” (Constitución Política del Perú, 1993).

Con las anteriores precisiones en mente, es menester mencionar que durante los 15 años analizados hubo ocho presidentes de los cuales solo dos, Alan García (2006 -2011) y Ollanta Humala (2011 – 2016), lograron cumplir los 5 años constitucionales de gobierno. El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) (2016 – 2018) renunció tras ser acusado por la oposición Fujimorista de haber lavado dinero de la constructora brasilera Odebrecht (BBC, 2019). Su sucesor fue Martín Vizcarra (primer vicepresidente de PPK) y estuvo en el cargo desde el 23 de marzo del 2018 hasta el 9 de noviembre de 2020 luego de que el congreso lo destituyera por “permanente incapacidad moral”, además, se le acusaba de corrupción ocurrida cuando fue gobernador de Moquegua (región del Perú) (BBC,2020). Luego de este hecho ocurre una particularidad, pues el artículo 115 de la Constitución establece que cada presidente debe tener 2 vicepresidentes para que lo remplacen en caso de que el presidente elegido inicialmente deba dejar el cargo, por lo cual, aunque Mercedes Aráoz (segunda vicepresidenta de PPK) debía ser presidenta renuncia y su lugar lo toma Manuel Merino (titular del parlamento) (BBC, 2020). Merino, dura 5 días en el cargo (10 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2020) y renuncia por las masivas manifestaciones contra la “vacancia”, la muerte de dos jóvenes en las manifestaciones y la renuncia del gabinete ministerial (BBC, 2020).

Para este punto, la crisis política está más que dada y el cargo lo toma Francisco Sagasti el 17 de noviembre de 2020 y lo deja el 28 de julio de 2021 con la posesión de Pedro Castillo. Sagasti era el presidente del congreso antes de ser el presidente de la República y tomó el cargo luego de las manifestaciones ocurridas por la renuncia de Vizcarra. Luego de la posesión de Pedro Castillo como presidente electo y el país altamente polarizado, la gestión de Castillo se vio complejizada por relaciones tensas con el Congreso, pues en dos ocasiones se intentó acabar con su mandato “por incapacidad”. En estas condiciones, el 7 de diciembre de 2022 mediante una transmisión televisiva y sin el conocimiento del gabinete ministerial, Castillo intentó replicar el auto golpe de Estado de Alberto Fujimori de (2022) al disolver el congreso y decidir gobernar por decreto mientras se construía una nueva Constitución (La República, 2022). En consecuencia, las altas cortes lo detienen y actualmente se encuentra en prisión preventiva de 18 meses (DW, 2022). En síntesis, Castillo duro un año y cuatro meses en el cargo.

Actualmente, Dina Boluarte es la presidenta y enfrenta graves protestas en su contra, por lo cual se cree que habrá elecciones en 2023. El sociólogo Carlos Reyna señala que, a pesar de haber llegado al cargo de vicepresidenta con el apoyo de la izquierda, su talante autoritario le ha otorgado el apoyo de la derecha del país (EL PAÍS, 2023). La situación futura en este momento podría definirse como incierta.

La agudización de la crisis: causas y consecuencias

Entre las varias causas que podría atribuírsele a la crisis política de Perú, sin lugar a duda la corrupción es una de las más críticas. Según el Índice de Transparencia Internacional, Perú ha mantenido un patrón de corrupción entre 3,5 y 3,8 desde 2007 hasta el año 2022. Cabe mencionar, que el Índice de Transparencia Internacional se mide de 0 a 10, en el cual 0 corresponde a un alto nivel de corrupción y 10 a uno bajo.

Fuente: (Elaboración propia con datos tomados de Transparency International.)

En ese sentido, es evidente que, si bien el poder del Congreso para frenar a los presidentes es bastante fuerte, los jefes de Estado también habían sido señalados múltiples veces de corrupción mientras ostentaban el cargo. En consecuencia, la ausencia de un poder ejecutivo capaz de culminar los periodos constitucionales se ha traducido, tanto en crisis de gobernabilidad como en estallidos sociales, los cuales exigen la existencia de una institución presidencial estable, legítima y moral. Un ejemplo  de  ello  es  el  caso  de  Castillo,  cuya  tensa  relación  con  el 

Congreso y acusaciones de corrupción lo llevaron a intentar disolver el legislativo, con la desastrosa consecuencia de empujar la democracia peruana a su peor crisis en el siglo XXI. 

Evidentemente, dos factores han determinado la crisis peruana: la corrupción del ejecutivo y sus tensas relaciones con el Congreso. El detonante de la crisis inicia con la renuncia de Kuczynski, dicho suceso fue producido no solo por las acusaciones sobre Odebrecht, sino porque “la derecha de Keiko Fujimori no aceptó la derrota en 2016 y decidió utilizar ferozmente las mayorías en el Congreso para calificar permanentemente de incapacidad moral a Kuczynski” (infobae, 2022).

Esta serie de elementos causaron que el patrón Perú (recuperación-caída-recuperación) en lugar de repetirse se invirtió con la degradación del estatus democrático del Perú y su consideración en este 2022 como régimen híbrido. En términos del Democracy Index, esto implica “elecciones que tienen irregularidades sustanciales que a menudo impiden que sean justas y libres. Así mismo, la presión del gobierno sobre los partidos y candidatos de oposición puede ser común. Adicional a ello, las debilidades graves son más frecuentes que en una democracia frágil como en: la cultura política, el funcionamiento del gobierno y la participación política. En consecuencia, la corrupción tiende a ser generalizada y el estado de derecho débil. De igual forma, la sociedad civil es débil y, por lo general, hay acoso y presión sobre los periodistas, y el poder judicial no es independiente” (Democracy Index, 2022, p. 67). En otras palabras, es un punto medio entre las democracias y los autoritarismos, pues recoge prácticas de ambos.

El futuro de Perú y conclusiones

Al remitirse detalladamente al Democracy Index desde el año 2017, y evaluar los indicadores que se califican uno a uno, es posible observar que una eventual administración que  inicie  a  subsanar  los  detonantes  de  la  crisis enfoque su trabajo en el mejoramiento del funcionamiento del gobierno y la cultura política, pues estos dos indicadores son los que, a lo largo del tiempo, han tenido las calificaciones más bajas. De igual forma, los indicadores que se refieren al funcionamiento del sistema electoral, la participación política y las libertades civiles deben conservarse, pues son los que mejor puntaje han tenido a pesar de los eventos expuestos.

Fuente: (Elaboración propia con datos tomados de Democracy Index)

En conclusión, a pesar de aquellos indicadores que podrían devolver a Perú su estatus de democracia frágil, la situación crítica que vive el sistema político peruano con Dina Boluarte como cabeza del ejecutivo podría traducirse en una decaída mayor de la democracia, pues su talante autoritario, podría significar una continuación del régimen hibrido que se cierne sobre Perú dado el apoyo de la derecha en el Congreso y el uso de la fuerza contra las manifestaciones de los últimos meses. Adicional a ello, la actual presidenta también es investigada por presuntos lavados de activos (Red+, 2023). En este sentido, el futuro del Perú es bastante incierto, pues Perú ha padecido presidentes que no son transparentes y mantienen relaciones insostenibles con el Congreso, lo cual ha terminado por minar completamente la posibilidad de administrar correctamente el gobierno. Finalmente, resta por esperar si se llamará a elecciones nuevamente, o Boluarte intentará cumplir su periodo hasta el año 2026.

Referencias

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