La crisis México-Ecuador: entre diplomacia y nacionalismo

Introducción

El pasado 5 de abril, las fuerzas militares ecuatorianas irrumpieron en la embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente de su país, Jorge Glas, quien había pedido asilo en la sede diplomática mexicana. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ordenó un ataque sin precedentes, provocando una ruptura de las relaciones con México, a la vez que violaba normas diplomáticas internacionales.

En este contexto, es necesario aclarar los conceptos claves que se ven reflejados en la problemática. En primer lugar, el Estado se entiende como “una organización política de carácter institucional y continuado en la que su aparato administrativo reclama con éxito el monopolio de la fuerza legítima para la realización del ordenamiento vigente” (Weber, 1922, como se citó en Martínez, 2010). Por lo tanto, la legitimidad es el atributo del Estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza. Así, el Estado debe tratar de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión. La creencia en la legitimidad es, pues, un elemento integrante de las relaciones de poder que se desarrollan en el ámbito estatal” (Bobbio y Matteucci, 1981, como se citó en Prada, 2014).

De igual modo, la soberanía hace referencia al “poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales tanto en el ámbito interno como en el plano internacional” (Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, 2023). En este sentido, la teoría política ha considerado la soberanía como un elemento constitutivo del Estado -junto al territorio, la población y el poder público-, el cual le permite ejercer la autoridad suprema e independiente sobre un territorio y su población. Sin embargo, el término también ha sido equivocadamente vinculado con el nacionalismo: “una idea que sostiene la suprema lealtad del individuo con el Estado-Nación (Deutsch, 1953, como se citó en Barrios, 2019). Ambos conceptos han terminado relacionados en el marco de discursos políticos que defienden nociones clásicas de la soberanía estatal, en contra posición a la interdependencia global que indiscutiblemente erosiona los poderes tradicionales del Estado.

Asimismo, se tiene que el derecho internacional, basado en la Carta de las Naciones Unidas, es el fundamento mismo de la Organización. La promoción del desarrollo y el respeto de las obligaciones internacionales siempre ha sido un aspecto central de las actividades de la ONU. Entre las iniciativas a este respecto cabe mencionar el fomento del desarrollo progresivo del derecho internacional y de su codificación, el apoyo a la red cada vez mayor de tratados internacionales, y los mecanismos internacionales de solución de controversias. Esas actividades se basan en los valores y principios básicos de las Naciones Unidas y contribuyen de manera significativa a los esfuerzos colectivos que se realizan a escala mundial para mantener la paz y la seguridad internacionales, promover los derechos humanos y fomentar el desarrollo sostenible (ONU, 2024).

Además, por su parte, la diplomacia se ha consagrado como una profesión capaz de fomentar las relaciones interestatales y otros actores internacionales, como las organizaciones internacionales, las ONGs e incluso las multinacionales. Lo anterior por medio de métodos como las negociaciones y el diálogo. Su propósito principal se centra en influir en las decisiones de otros actores según los intereses propios, es decir que se presenta como un mecanismo que sustituye el uso de la fuerza para resolver las diferencias de manera pacífica y en un marco del derecho internacional (EOM, 2022).

Por otro lado, el Convenio de Caracas de 1954 estipula que “[el asilo otorgado (...) a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención”. A partir de esto, el asilo diplomático se entiende como la protección que el Estado territorial concede, en sus locales, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, a fin de que puedan salir del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial.  Al concederlo, el Estado asilante realiza una excepción a la soberanía del Estado territorial, retirando al infractor de su jurisdicción. Esta intervención en asuntos internos solo se justifica desde un fundamento jurídico que demuestre que el refugiado está en un peligro real e inminente para su vida, libertad o integridad. El asilo diplomático no es un derecho absoluto, sino una medida excepcional que requiere diálogo entre el Estado asilante y el territorial para buscar una solución al caso del refugiado.

A partir de lo anterior, este artículo sostiene que el ataque perpetrado por Ecuador a la embajada mexicana se ha configurado como una clara violación de acuerdos fundamentales como la Convención de Asilo Diplomático y la Convención de Viena -instrumentos que representan la arquitectura de un orden internacional basado los principios del Rule of Law y la democracia. Además, la justificación del gobierno de Ecuador sobre el acto se da con base en el principio de seguridad nacional y la defensa del nacionalismo, idea que ha sido apoyada y compartida por gobiernos latinoamericanos con ideologías de derecha, y, por el contrario, criticada por países que priorizan la defensa de los acuerdos internacionales. En este sentido, se cuestiona el modelo ideológico de la derecha latinoamericana, en tanto un discurso legitimador de las acciones violatorias del gobierno ecuatoriano contra las buenas formas de la diplomacia y las normas internacionales.

Las Convenciones y la situación crítica de Jorge Glas

Los tratados internacionales que abrazan las normas básicas para las relaciones interestatales, según el contexto presentado, son la Convención de Viena de 1964 y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. La primera fue adoptada en 1961, tras una conferencia convocada por la ONU, entrando en vigor tres años después, en 1964, con el objetivo de contribuir al exitoso desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social (CNN, 2024). La segunda, adoptada en la Décima Conferencia Interamericana en Caracas en 1954, establece un marco legal claro para regular la práctica del asilo diplomático entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este instrumento internacional cobró especial relevancia en abril de 2024, cuando Ecuador llevó a cabo el asalto con agentes ecuatorianos a la Embajada de México, ubicada en Quito, para detener al exvicepresidente Jorge Glas quien, protegido por la legación diplomática, se habría consagrado como uno de los hombres más influyentes del gobierno de Rafael Correa (2007-2017). No obstante, luego de dejar su cargo, se la habría pasado la mayor parte del tiempo privado de la libertad al haber estado involucrado en condenas e importaciones de corrupción por casos como el de Odebrecht. Acusaciones que él asegura se han sustentado en una persecución política y una instrumentalización de la justicia (La Vanguardia, 2024).

Dentro de los artículos cruciales y convenientes para comprender la gravedad de la situación tenemos que el artículo I de la Convención estipula que el asilo otorgado en legaciones diplomáticas debe ser respetado por el Estado territorial, en este caso Ecuador. Principio no respetado por dicha nación, pues las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron por la fuerza en la sede diplomática mexicana, violando flagrantemente esta norma fundamental. Igualmente se contempla el artículo XVIII, el cual prohíbe expresamente que los asilados intervengan en la política interna del Estado territorial. Aunque Glas ya había sido vicepresidente, su estatus de asilado le impedía cualquier participación en los asuntos internos ecuatorianos (OEA, 2024).

Además, el artículo XIX establece el procedimiento a seguir en caso de que un representante diplomático al que se le ha otorgado asilo deba abandonar el Estado territorial. Este principio gira en torno a la idea de que el mismo debe salir con los asilados o que los mismos sean entregados a un tercer país que respete el asilo. Es así que, en pocas palabras y teniendo en cuenta el caso tratado, se evidencia la violación de esta regla fundamental por parte de Ecuador por medio de su irrupción en la Embajada Mexicana (OEA, 2024).

Respecto a la Convención de Viena, Ecuador violó una de sus normas principales: el artículo XXII, el cual indica de manera explícita que los locales de la misión “son inviolables [y que los agentes del Estado receptor] no pueden penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”. Es así que, sin importar que Ecuador haya solicitado en marzo a México un consentimiento para ingresar a su embajada, con el fin de capturar al exvicepresidente Jorge Glas, según este principio, no debió haber tomado medidas sin la autorización del jefe de misión. Es crucial para la Convención proteger las sedes de misiones diplomáticas. Estos lugares, considerados una legación territorial del Estado al que representa, no pueden ser sujetos de ningún tipo de ataque, pues se considera en otras palabras, una violación no solo a las normas, sino también una grave violación a la soberanía y a la frontera del Estado vulnerado (CNN, 2024).

Es por tal motivo que las acciones de Ecuador sobre la embajada mexicana se traducen en una grave violación no solo a las Convenciones, sino al Derecho Internacional (DI). Tales actos, poco criticados e inclusive invisibilizados, son la máxima representación de la fuerte creencia en la seguridad nacional y el orden implantados por la derecha en la región, pues, para los políticos que comparten esta tendencia política, la soberanía estatal es considerada absoluta y los mismos territorios se ven en la obligación de tomar medidas dentro de sus fronteras haciendo caso omiso a herramientas como el DI, el cual tiene como último fin el establecimiento de un orden global basado en principios positivos y aceptados internacionalmente. En otras palabras, las acciones de Ecuador que, justificadas y potenciadas por la derecha regional, sientan un precedente peligroso que podría minar las relaciones regionales, banalizando además futuros conflictos regionales e internacionales.

El asalto a la Embajada y las relaciones bilaterales Ecuador-México

Los actos ocurridos el pasado 5 de abril en la embajada mexicana en Quito amenazan no sólo los acuerdos diplomáticos internacionales, sino también las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Ecuador y México. Las tensiones habían aumentado días antes de lo ocurrido, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó sobre el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio el año pasado antes de las elecciones ganadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y cómo este hecho tuvo influencia en las intenciones de voto (BBC News Mundo, 2024). A partir de esto, el gobierno ecuatoriano declaró el jueves a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, persona non grata y le dio un tiempo límite para abandonar el país. Posterior a estos enfrentamientos, surgieron los altercados que aumentaron la tensión entre ambos países y que exhibieron al mundo el punto álgido de sus desacuerdos.

A raíz de este hecho, países como Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Guatemala, Cuba, Chile, Venezuela, Brasil, Nicaragua y Honduras denunciaron el hecho y pidieron acciones en contra de Ecuador. Los últimos dos, adoptaron medidas más radicales, con la suspensión de las relaciones diplomáticas con el país (Díaz, 2024). De igual modo, el pasado miércoles 10 de abril, la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó enérgicamente el violento asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito. Con 29 votos a favor, una abstención y el voto en contra de Ecuador, el organismo panamericano acusa al Gobierno de Daniel Noboa de haber violado la Convención de Viena y la política de asilo. A pesar de la relación distante que la OEA ha mantenido con el Gobierno de López Obrador, esta vez respaldó a México en uno de los momentos más tensos de la diplomacia regional en los últimos años. La iniciativa, presentada por la delegación de Colombia, también censura “los actos de violencia ejercidos contra la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión” (Zerega, 2024).

El asalto a la Embajada mexicana por parte de las fuerzas ecuatorianas ha creado una crisis diplomática significativa entre los dos países. Ecuador justifica sus acciones como un intento de cumplir con las sentencias judiciales contra el exvicepresidente Jorge Glas, mientras que México ve esto como una violación grave de la Convención de Viena y la Convención sobre Asilo Diplomático. El hecho pone en consideración los acuerdos bilaterales existentes, lo que cambiaría las dinámicas entre ambos países respecto al comercio, la inversión y la cooperación en materia de seguridad, lo que a largo plazo afectará las relaciones económicas y políticas entre ambos. Así mismo, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa en su cuenta de X declaró que “Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país” (BBC News Mundo, 2024). La declaración de Correa, fórmula presidencial de Glas 2013-2017, junto con la condena por parte de la comunidad internacional representada en los miembros de la OEA, demuestran la gravedad de la violación realizada por Ecuador, puesto que muestran un respaldo a los principios fundamentales de la diplomacia que con el accionar de Noboa se han desestabilizado en nombre del nacionalismo.

La derecha en América Latina: ¿Seguridad nacional o desdén por los Acuerdos Internacionales?

La orientación política de los países de América Latina abarca un amplio espectro, con matices que van desde la izquierda hasta la derecha. Después de un período caracterizado por el auge de gobiernos de izquierda en varios países de la región, el panorama político experimentó cambios temporales con la llegada al poder de administraciones de tendencia nacionalista, como ocurrió en El Salvador. Esta fluctuación entre diferentes orientaciones políticas refleja la diversidad y la dinámica propia de la región latinoamericana.

Fuente: (CNN,2024)

Si bien en la actualidad la izquierda predomina como fuerza política en la región y la derecha tiene un peso electoral reducido en la mayoría de los países, esto no implica que los actores de la derecha hayan desaparecido o se encuentren inactivos. De hecho, tras el modelo de gobierno de derecha y de tendencia nacionalista implementado por el presidente actual de El Salvador, Nayib Bukele, diversos países han tratado de implementarlo, como es el caso de Ecuador.

El asalto a la embajada de México es ejemplo claro del modelo que quiere implementar el país, y no sólo refleja los intentos de la derecha para afianzar su influencia a través de políticas radicales, aun cuando no ostentan la mayoría electoral, sino que también son muestra clara de que la derecha latinoamericana, por medio de su desconfianza hacia las instituciones multilaterales, promueve una legitimación de estas acciones al suponer la seguridad nacional sobre acuerdos internacionales. La violación de las normas y tratados internacionales por parte de Ecuador pragmatiza los intereses nacionales sobre los internacionales. En esencia, se trata de una visión de Realpolitik, esto se refiere a “la postura que adopta un país cuando protege sus intereses nacionales de forma pragmática, considerando factores tangibles como su economía, su capacidad militar o su influencia política, y la de sus adversarios” (El Orden Mundial, 2020).

A partir de esta visión, el Estado ecuatoriano al implementar el Realpolitik protege los intereses nacionales, debido a que considera factores tangibles como la seguridad interna y la capacidad para ejercer el poder sobre otros actores, por encima de normas y obligaciones internacionales. Esto, genera un proceso de degradación institucional a la democracia que trasciende los casos particulares de cada nación y lleva a un segmento creciente de la población a estar dispuesto a sacrificar las libertades individuales y los derechos humanos a cambio de soluciones “inmediatas”, que aparentan ser exitosas, pero que no contemplan las consecuencias a largo plazo.

Por otra parte, la narrativa de mano dura contra la delincuencia es aprovechada como justificación para tomar decisiones de corte autoritario que infringen principios democráticos fundamentales, en interés de aumentar el control y la influencia estatal de manera activa, en línea con la llamada Realpolitik. Sin embargo, este tipo de acciones generan gran preocupación, ya que representan un retroceso en cuanto a los logros alcanzados en materia de consolidación democrática en la región. Por lo tanto, “la preocupación mayor es que en la región se esté considerando sacrificar un modelo perfectible de Estado de derecho y de democracia, por una salida autocrática y al margen del fortalecimiento de las instituciones esenciales para el funcionamiento de ese sistema democrático” (BBC, 2023).

Conclusión

Las acciones llevadas a cabo por Ecuador en la embajada de México representan un peligroso precedente para la diplomacia y el futuro de las relaciones regionales. Los modelos ideológicos de derecha han dado paso a la legitimación de estos tipos de irrupciones de tendencia nacionalista enfocados fuertemente en la seguridad nacional. Los cuales, además, se han mostrado totalmente dispuestos a violar los acuerdos diplomáticos internacionales con el fin de defender intereses nacionales. En otras palabras, la operación llevada a cabo por las fuerzas militares ecuatorianas no sólo transgrede flagrantemente la Convención de Viena, sino también otros acuerdos como la Convención de Asilo Diplomático. Situación que ha sido justificada por el actual presidente Daniel Noboa con la priorización de la seguridad nacional, lo cual demuestra lo planteado respecto a la influencia de la derecha en las acciones tomadas por los jefes de la región. Lo anterior puede resumirse en una suerte de materialización de la Realpolitik, la cual desde su origen ha priorizado siempre el interés nacional por encima de los acuerdos y obligaciones internacionales, resultando en un proceso de degradación diplomática, institucional y democrática.

En consecuencia, de mantenerse esta forma transgresora de la política, la futura ruptura de las relaciones bilaterales entre Ecuador y México no sería más que un resultado probable. Las condenas dirigidas por organismos internacionales como la OEA (Organización de los Estados Americanos) y otros países de la región no solo dan cuenta de la gravedad del acontecimiento, pues también es crucial observar que, a pesar del revuelo generado, tanto las condenas como la visibilización de la situación han resultado en una total banalización de la problemática. Lo anterior da pie, entonces, a plantear serias dudas sobre el clima diplomático de la región, ya que hay una alta probabilidad de que las relaciones bilaterales entre México y Ecuador se mantengan tensas, con un impacto negativo en el comercio, la inversión y la cooperación en materia de seguridad entre dos países críticos en el comercio global de narcotráfico. Por consiguiente, la crisis podría generar un clima generalizado de desconfianza en la región, dificultando la cooperación regional en otros ámbitos; aparte del deterioro de la imagen internacional de Ecuador por la violación de las normas internacionales, las cuales no solo garantizan la supremacía del Derecho en las relaciones interestatales, sino también la estabilidad y el orden global -valores críticos en un mundo susceptible a la imprevisibilidad del personalismo político.

Referencias

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